«El dinero no repara la pérdida y de mi niño me acuerdo todos los días»

Por fin la atiende una matrona. Nota dos síntomas de «absoluta gravedad». Un fuerte dolor abdominal y la disminución de la frecuencia cardiaca del feto. Avisa a Ginecología. No hay tiempo de monitorizar al bebé, atestiguará luego. Sucede entonces otro inexplicable paréntesis letal. Durante una hora, Sonia no recibe ninguna atención. A pesar de sus súplicas nada se mueve a su alrededor para salvar a su hijo. Recién a las 19:55 horas, el médico ordena una cesárea urgente. Las sospechas son terribles y se confirmarán luego. «Riesgo de bienestar fetal y sospecha de desprendimiento prematuro de placenta». Pero aún pasarán interminables minutos hasta que se interviene a la madre y al niño, que ya tiene nombre: Leo. Y su madre le ha hecho una fotografía, una ecografía 3D.

«Me rajaron, un dolor horroroso, no dio tiempo de ponerme la epidural», prosigue Sonia, sobre aquella operación que sesgó la vida de su hijo en 2016. La reacción médica tardía tampoco ayuda. En una cesárea urgente el tiempo mínimo de extracción es de 18 minutos, dictan los protocolos. En el hospital andaluz se hizo en diez, lo que aumenta el «riesgo de morbilidad neonatal».

«Estaba despierta, los escuchaba decir lo mal que venía el niño. Pregunté una y otra vez por él y no me respondían. ¿Está bien, se sabe algo?, preguntaba. Una enfermera me dijo que no me podía decir nada. Fue mi hermana la que vino a decirme que el niño había fallecido. El doctor dio la cara después. No me dejaron ver al niño. No lo pude ver. A mí nadie me preguntó si lo quería ver. El niño pasó al anatómico forense. Lo reconoció mi familia. Yo estaba muy delicada. Lo incineramos».

Durante seis meses, Sonia vive el luto por Leo, ocupada en mantener un hogar con su hijo mayor, que ahora tiene ocho años. «Me dejó rota, necesité atención psicológica», sostiene Sonia. «Estás pendiente de todo lo que hay en tu casa y de digerir lo sucedido. Pero lo que ha pasado conmigo no es justo. Tengo otro niño, y la fuerza que me da...». Seis meses después decide llevar su caso a los tribunales. Ha tardado cuatro años en conseguir una «victoria moral». «Si me hubieran dejado ingresada, a mi niño le hubieran dado una oportunidad», acusa Sonia. «Pero no le dieron ninguna. Y si yo me hubiera quedado en mi casa, hubiera muerto».

¿Qué ocurre entre las 19 y las 19:55 horas?, se pregunta la magistrada en el juicio. La respuesta será la que incline la balanza entre las partes en litigio. Pero la mayor parte del rastro clínico ha sido eliminado. Los demandados, el Servicio de Aseguramiento y Riesgos del Servicio Andaluz de Salud, alega que «la gestante continuaba sin presentar signos de riesgos de parto pretérmino ni otros signos de alarma que hicieran aconsejable su ingreso o la adopción de medidas diagnósticas y/o terapéuticas adicionales».

El personal sanitario también se defiende en sus informes diciendo que la braquicardia fetal comenzó casi a las 20 horas, para negar el retraso en la cesárea. La incógnita de lo sucedido hasta esa hora la despeja una enfermera, cuyo testimonio permite reconstruir la atención recibida por Sonia y la hora crucial perdida por los médicos. No se hizo nada. «Este retraso fue fatal para el feto, que nació sin vida», concluye la juez frente a la versión de los responsables del Hospital Virgen del Rocío, que mantuvieron en todo momento que Sonia no presentaba «signos de alarma» y que había efectuado una serie de procedimientos cuando ingresó por segunda vez, sin pérdida de tiempo. Ninguna aparece en el historial.

«No deja de sorprender que no figure», escribe la magistrada en su sentencia. «Es absolutamente anómalo (...) Esta Juzgadora no puede dar por acreditado que se practicó la ecografía y, si se practicó, cuándo se hizo y cuál fue el resultado. Tampoco se ofrece explicación alguna por la que, constatada la bradicardia a las 19:00 horas, fuera necesaria realizar una ecografía posterior», dice la juez.

Decidida a que se hiciera justicia, Sonia incluso se endeudó para seguir adelante con el proceso judicial. «Las negligencias en el ámbito obstétrico pasan más de lo que deberían, muchísimo, tanto en la sanidad pública como en la privada. Fallecimientos o niños que sufren parálisis cerebral», mantiene María Jesús Villalpando, abogada del Defensor del Paciente, que ha representado a Sonia. «Son de las negligencias que más suceden: parálisis braquial, cerebral, inducciones que no debieron hacerse, altas precipitadas... Pero los procedimientos son largos, burocráticos y pesados. Toda reparación del daño pasa por una suma económica. Fuera de la opción penal, no tienes más opción que fijar cuantía».

El juicio llegó a su fin la semana pasada. «Estos años han sido duros», confiesa la madre. «Mi hijo se ha quedado esperando a su hermano y yo a Leo. Ya mi útero no sirve y cada noticia del caso lo removía todo. Además la justicia es cara. Tuve que pedir un préstamo al banco. Trabajo media jornada para poder cuidar a mi hijo».

La Sanidad andaluza no recurrió, por lo que el dictamen es firme. Deberá indemnizar tanto a la madre como al hermano de Leo con 163.000 euros. «El dinero no repara la pérdida y de mi niño me acuerdo todos los días, pero es satisfactorio que te den la razón, y queremos que no le pase a nadie más», señala Sonia. «Se debe hacer un protocolo para embarazadas de riesgo y cumplirse. Porque a mi niño no me lo van a devolver». Leo hubiera nacido con 1,2 kilos, un peso «magnífico» para un sietemesino.