El dilema de los 300 millones para 'tumbar' dos colosos

Se trata del Residencial Gemelos 28. Los propietarios de los apartamentos llevan cinco años pendientes de saber si tienen que hacer las maletas si se ejecuta la sentencia del Tribunal Supremo que condena al Gobierno valenciano a derribar estas torres. Y aguardan la indemnización que les correspondería. El máximo tribunal dictaminó que la edificación incumple la Ley de Costas. La solución, o demolerlos o la utópica vía de moverloa cinco metros tierra adentro.

El coste del derribo responde sobre todo a su complicación. Los bloques no pueden hundirse de un plumazo, como en esos vídeos de edificios devorados por nubes de polvo y cemento que abundan en las redes. Hay que actuar planta por planta para no dañar las praderas de posidonia oceánica en el vecino Mediterráneo. Además, el Gobierno valenciano deberá abonar a cada afectado el dinero que le costó la vivienda más un 20%. Todo comenzó con la denuncia de un vecino al que los rascacielos tapaban las vistas desde su apartamento. Ahí arrancó un largo proceso judicial. En 2017, el Tribunal Superior de Justicia instaba a la Generalitat a derribar las torres. El posterior recurso no prosperó y un año después la sentencia se hizo firme.

El Ayuntamiento de Benidorm va a luchar para frenar el derribo, pues considera que es un gasto evitable. De hecho, el solar no se quedará vacío una vez se tumben (si se hace) ambos inmuebles, ya que después «se podrán volver a construir. Sólo tendrán que retranquearse cinco metros», explica la concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles, para que nadie se lleve después una sorpresa. Mientras, los colosos permanecen asomados al Mediterráneo.