Diez años de silencio al recurso contra la ley del aborto

La ley, que se hizo efectiva a partir del 5 de julio de 2010, liberalizó la interrupción voluntaria del embarazo durante las catorce primeras semanas de gestación, y fue sacada adelante con el apoyo de 184 diputados, frente al voto en contra de 158 -entre ellos, el grupo parlamentario popular en bloque- y 2 abstenciones. Antes de su entrada en vigor, fue recurrida por 71 diputados del PP en junio de ese año al considerar que existía un «evidente perjuicio irreparable» por la «eliminación de vidas humanas».

El tribunal de garantías admitió a trámite el recurso el 30 de junio, pero desestimó la petición del PP de suspender cautelarmente determinados preceptos de la ley. Eso sí, acordó dar «carácter prioritario» a su tramitación y resolución. Sin embargo, el recurso sigue en un cajón.

Tras fotografiarse junto a los simbólicos féretros, portando cartelería con sentencias como 'Cada año 100.000 niños mueren a la espera de vuestra sentencia', presentaron ante el registro del Constitucional un total de 25.430 firmas recogidas por toda España y una carta a cada uno de los magistrados explicando sus demandas. A juicio de la portavoz de Derecho a Vivir, el silencio del Constitucional -es la ley que más ha tardado en dirimir en toda su historia- tiene que ver con lo complejo del tema. Lo cierto es que el actual presidente del Constitucional, Juan José González Rivas, ha preferido dejar congelado el asunto, al igual que hicieron sus predecesores en el cargo María Emilia Casas, Pascual Sala y Francisco Pérez de los Cobos.

No parece, sin embargo, que la complejidad del tema sea lo que está frenando el proceso. Evidentemente, la relación de fuerzas en el tribunal -cinco de los magistrados son progresistas y los otros siete, conservadores- no pone fácil la llegada a un consenso, ni siquiera diez años después.

El ponente del recurso es el magistrado Andrés Ollero, exdiputado del PP que llegó al Constitucional en 2012 y que previamente se había manifestado defensor del derecho a la vida y crítico con la legislación española sobre el aborto. Según fuentes jurídicas, ha habido varios borradores, pero el asunto nunca ha llegado al pleno. Por si fuera poco, el mandato de cuatro de los doce miembros del Constitucional, entre ellos Ollero, concluyó el 7 de noviembre de 2019 y hace más de medio año que sus puestos deberían haber sido renovados por el Congreso. De esta forma, cuando Ollero sea relevado, el asunto recaerá sobre un nuevo ponente al que se asignará un recurso que parece agotado.

Pero hay otro detalle quizá más esclarecedor. Fuentes cercanas al Constitucional explicaban a Efe que el tribunal congeló el recursos y se mantuvo a la espera precisamente porque el PP ganó las elecciones con mayoría absoluta en 2011. Es decir, el partido que había votado en contra de la ley y había presentado un recurso de inconstitucionalidad tuvo en su mano cambiarla.

Finalmente Mariano Rajoy solo reformó la norma para exigir el consentimiento de los padres en los casos de las menores de 16 y 17 años que quisieran interrumpir su embarazo. Fue un guiño a sus votantes más conservadores, en detrimento del proyecto más ambicioso, el que derogaba el vigente sistema de plazos para regresar al de supuestos de 1985. La decisión acabó con la dimisión del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

A principios del pasado año, Pablo Casado afirmó que él cambiaría entera la ley. «La derogaría y volvería a la ley que tenía cohesión social que es la que se aprobó con Felipe González y respetó Aznar», dijo en una entrevista a Efe. Sin embargo, aunque la cuestión ha ido saliendo a menudo, los populares siempre han dicho que no van a hacer propuestas sobre al aborto hasta que no se pronuncie el Constitucional.

Si los dos grandes partidos, que aglutinan al mayor número de votantes de signo distinto, no mueven ficha y lo dejan correr, quizá no hayan sido diez años de silencio, y sí diez años de progreso.