Detenido un depredador sexual infantil que trabajaba como profesor en Madrid

Aunque la detención ha trascendido ahora, el arrestado, Ben David, de 31 años, está -según el TSJ de Madrid- en prisión provisional desde el 25 de junio del pasado año por tenencia y distribución de material pornográfico de menores, una prisión que ha sido confirmada en dos ocasiones por la Audiencia Provincial de Madrid.

Las investigaciones policiales comenzaron a principios del año 2020 gracias a la cooperación y coordinación entre especialistas dedicados a la lucha contra la explotación sexual de menores en Internet y a la identificación de víctimas. En este caso fue el Servicio de Policía de Queensland, en Australia, quien detectó la comisión de un delito de distribución de material relativo a la explotación sexual de menores en foros de temática exclusivamente pedófila de la red TOR, y cuyo autor, con una alta probabilidad, podría localizarse en España.

Tras la recepción del material, compuesta por multitud de fotografías y vídeos que mostraban a diferentes menores siendo víctimas de explotación sexual, se inició una ardua tarea por parte de la Policía Nacional para lograr la identificación de los lugares donde se pudo haber generado todo el material. El avance de la investigación permitió esbozar uno de los escenarios donde se pudo haber grabado gran parte del material pedófilo, planteándose la hipótesis de que pudiera tratarse de un centro educativo de carácter privado ubicado en Madrid, ya que las víctimas parecían ser alumnas de primaria de un colegio.

Una vez determinado el centro, los agentes analizaron todo el personal que allí trabajaba ya que desconocían el cargo que el presunto autor pudiera poseer.

Paralelamente a estas gestiones se continuó analizando el material distribuido, empleando para ello todas las herramientas forenses al alcance y logrando averiguar que las imágenes habían sido tomadas con un terminal telefónico que contaba con un sistema operativo inglés.

Intentando encontrar un nexo de unión entre el centro educativo, el personal del mismo y el sistema operativo del teléfono móvil, los investigadores analizaron escrupulosamente las fotografías que no pertenecían al escenario educativo ya localizado. Para ello, los agentes estudiaron numerosas ubicaciones a través del análisis de planimetrías, catastros y comparación de imágenes por satélite, entre otras técnicas.

La suposición de que el autor fuera un docente era lo más probable debido a la enorme cantidad de material producido utilizando diferentes menores. Este volumen de víctimas únicamente se podría explicar si el autor tuviera esta condición, la cual, sin lugar a dudas, era aprovechada para acceder a los niños.

No obstante, en una primera indagación, ninguno de los potenciales autores tenía antecedentes judiciales ni policiales por hechos semejantes. Esta circunstancia provocó que se profundizara en el estudio de la filiación de todos ellos por una posible falsificación dolosa de los datos por parte del verdadero autor.

Finalmente, los policías lograron individualizar en un profesor de nacionalidad inglesa, el cual había cambiado su filiación tal y como se sospechaba, y al que le constaban antecedentes en Reino Unido por hechos de idéntica naturaleza a los investigados. Concretamente había sido condenado en su país de origen a una pena de dos años de prisión por posesión de imágenes de explotación sexual infantil, además de una sanción económica como indemnización por daños y perjuicios.

Los expertos tuvieron que emplear complejas técnicas de tratamiento de la imagen para conseguir, inicialmente, parte de la filiación de tres de las menores que aparecían en algunas imágenes y vídeos. En este estado de la investigación se localizó el domicilio del sospechoso y, de forma urgente, se solicitó la preceptiva autorización judicial para llevar a cabo el pertinente registro.

Ante la gravedad de los hechos acaecidos, y con la finalidad de salvaguardar la intimidad y la indemnidad sexual de las menores, se estableció un dispositivo operativo de extrema urgencia que permitiera asegurar su detención. La práctica del registro resultó extremadamente compleja desde un punto de vista técnico, ya que el detenido utilizaba diferentes anonimizadores y técnicas de encriptación y ocultación que impedían el acceso al contenido alojado en los dispositivos hallados en su domicilio. A pesar de estos impedimentos técnicos, se logró localizar algunos de los archivos que dieron origen a la investigación, siendo necesario un estudio más profundo de los dispositivos.

Durante el registro, los agentes también localizaron varios documentos falsificados, los cuales fueron empleados por el detenido para entrar en España y para conseguir empleo como docente simulando tener un nombre diferente al verdadero y pasando desapercibido ante las autoridades. En España es requisito imprescindible, siempre que se tenga contacto habitual con menores, presentar un certificado que permita acreditar la carencia o existencia de delitos de naturaleza sexual en la fecha en que son expedidos. Este certificado, igualmente falsificado, se halló en el domicilio del detenido, así como los instrumentos necesarios para llevar a cabo la simulación de los diversos documentos.

Han sido incautados diez efectos informáticos que, tras un dilatado y minucioso proceso de análisis forense, permitió extraer un gran volumen de material. Tras su análisis, fueron identificadas 36 víctimas de edades comprendidas entre los cuatro y los ocho años de edad, y se pudo averiguar que el detenido, además de sus funciones como docente, también habría trabajado de cuidador de niños a domicilio. Tras el análisis del material intervenido, se ha podido acreditar la comisión de presuntos delitos de abuso sexual a menores y descubrimiento y revelación de secretos. Según la prensa inglesa, el depredador también trabajo en Zaragoza como cuidador de una familia con de tres niños pequeños.