Desmantelada en Valencia una red de venta de cadáveres a universidades

En España, en principio, los cuerpos que se usan en los centros de enseñanza solo puede ser donados para la ciencia por el propio interesado, sus familiares o la administración y siempre de forma gratuita. La mayoría de los expertos interpretan que el uso de cadáveres se regiría por Ley 30/1979 sobre extracción y trasplante de órganos, que garantiza el altruismo en las donaciones post-mortem, por lo que toda donación debe ser voluntaria y gratuita, por lo que es ilegal comerciar con órganos donados.

No obstante, existe un importante vacío legal en la materia y, la falta de cadáveres disponibles para las prácticas, es un acicate para mafias como la desmantelada ahora. Este grupo basaba su negocio en falsificar documentación para poder retirar los cuerpos de hospitales y residencias de personas con un perfil muy determinado: ancianos sin familiares, personas sin techo o extranjeros. Posteriormente vendían esos cuerpos que había sido retirados para darles sepulturas a las universidades por una cantidad que siempre rondaba esos 1.200 euros.

La investigación comenzó a principios del 2023 tras tener conocimiento los agentes que se habría retirado el cadáver de un fallecido de la morgue de un hospital de manera irregular por parte de una funeraria, para lo que se habrían realizado falsificaciones en el libro registro del mismo, así como también en la documentación facilitada al Registro Civil.

Tras numerosas pesquisas, los investigadores comprobaron como dos trabajadores de una funeraria, tras falsificar documentos, se habrían apoderado de un cuerpo que se encontraba en la morgue del hospital y lo habrían trasladado a una universidad para su estudio en vez de haberle dado sepultura. El fallecido debería de haber sido enterrado en su localidad de residencia en un sepelio de beneficencia abonado por el ayuntamiento de un pueblo valenciano, sin embargo fue vendido para su estudio por casi 1.200 euros, sin que ningún familiar o amigo hubiera dado consentimiento.

Continuando con la investigación, los agentes localizaron otro caso con el mismo 'modus operandi', esta vez el difunto se encontraba ingresado en una residencia geriátrica y al parecer, habría sido el propio hombre, tres días antes de fallecer quien habría supuestamente autorizado la donación de su cuerpo, que no -por supuesto- la venta de su cadáver.

Pero en este caso, los policías descubrieron que el anciano poco antes de fallecer tenía menoscabadas sus capacidades mentales ya que sufría un «deterioro cognitivo severo», lo que no le hubiera permitido entender lo que suponía la donación. Además, en los documentos de la donación figuraba que el cadáver además debía ser remitido a una determinada facultad de medicina, siendo finalmente llevado a otra, porque pagó más dinero por los restos mortales. Para ello, la trama consiguió mediante engaño que personal sanitario firmara el cambio de destino del cuerpo.

Los investigados buscaban fallecidos que no tuvieran familiares, preferiblemente extranjeros o que en vida hubieran tenido condiciones de vida precarias para realizar las irregularidades, ya que así se aseguraban que no se hiciera ningún seguimiento sobre dichas donaciones por parte de algún familiar, buscando así una mayor impunidad.

Pero había mucho más. Y mucho más macabro. La red cobraba a los centros académicos, que están obligados a costear la desaparición de los cadáveres tras ser diseccionados, por una cremación individualizada que no se producía. Y es que la red aprovechaba el desmembramiento de los cuerpos para introducirlos en los féretros de otros difuntos, realizando en una sola incineración la cremación de varios cadáveres, ahorrándose pagar por ellas y a la vez facturándolas a la universidad, sacando notables beneficios con esta práctica.

Así, los agentes averiguaron que la empresa funeraria habría facturado a una universidad 5.040 euros por 11 incineraciones, las cuales no aparecían reflejadas en las facturas emitidas por ninguna de las incineradoras que operan en Valencia.

La operación 'Thanatos' se ha saldado con cuatro detenidos, de entre 41 y 74 años, todos ellos españoles y uno de ellos con antecedentes penales por estafa. Todos quedaron en libertad tras declarar ante el juez. Dos de los detenidos son los responsables de la funeraria que era el epicentro de la trama y otros dos son trabajadores de la misma. Todos ellos está acusados de un un delito de estafa, y dos de ellos además de un delito de falsedad documental.