Tras la denuncia falsa de Malasaña podría haber un delito de agresión con trato vejatorio

«El Código Penal tipifica y sanciona las lesiones consentidas, esto es, todos los supuestos de sadomasoquismo, consentido o no consentido», explica Norberto J. de la Mata, catedrático de Derecho Penal en la Universidad del País Vasco (UPV). «En este sentido,el consentimiento en las lesiones sólo es relevante para excluir la responsabilidad penal en actividades deportivas o tratamientos médicos, por ejemplo. En actividades socialmente algo frecuentes, como el sado, el consentimiento sólo sirve para rebajar la pena. Y lo que hay con ese cuchillo es algo más que un mero tatuaje».

Esa tarde, el joven quedó con dos hombres en un piso privado y le rajaron la piel con una cuchilla, las veces suficientes para que los trazos rectos siluetearan la palabra 'maricón' en una nalga. Al volver pidió auxilio a su pareja. Mintió para que le curaran sin más preguntas. «Habrá que analizar si no hay responsabilidad por un delito de lesiones, más allá del trato vejatorio», afirma Manuel Cancio Melía, catedrático de Derecho penal de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). «Si la herida en la nalga es permanente y grande, podría haber responsabilidad aunque mediara consentimiento». Los expertos citan los artículos 149, 150 y 155 del Código Penal.

De momento, el Ministerio Fiscal no interpondrá ninguna actuación por agresión ni por trato vejatorio contra los dos agresores que marcaron al hombre que luego ha sido señalado por interponer una denuncia falsa, según responden fuentes de la Fiscalía a este periódico. Hay, no obstante, un antecedente claro para que el Ministerio Fiscal actúe sin necesidad de que se apersone el agredido. En 2016 se inició una acusación contra cuatro 'hooligans' holandeses que lanzaron dinero al suelo a unas mujeres de etnia gitana que ejercían la mendicidad, e hicieron flexiones, a cambio de una pagas.

La Fiscalía entonces describió el acto como «denigrante», «humillante» y «ofensivo». A finales de 2020 se les condenó a tres meses de cárcel por un delito de odio y una indemnización para la víctima de 1.500 euros. Esta vez, al contrario, lo que está sobre la mesa es ir contra quien mintió en sus respuestas a la policía sobre una agresión que sí existió. Denuncia falsa, hasta dos años de prisión, y simulación de delito, hasta 12 meses.

«El trato degradante o vejatorio, en cuanto delito contra la integridad moral, es perseguible, medie o no consentimiento», asegura De la Mata. «Otra cosa es qué se considere tal. Sin duda, sí lo es el caso de los hooligans. Y en todos estos supuestos la Fiscalía está obligada a promover la persecución del delito. No son delitos perseguibles sólo a instancia de parte, como las injurias o las calumnias».

Dejando a un lado el circo político que se instaló a su alrededor, «la Fiscalía debería actuar. El Estado tiene la obligación de proteger a la ciudadanía de estas prácticas. Perseguir de oficio. No esperar que la víctima denuncie. El Estado debería perseguir el trato degradante», sostiene Concha Hurtado, portavoz de Traductoras para la Abolición de la Prostitución. «Hay que poner el foco en que si un hombre por pagar tiene derecho a tratar a otro ser humano de esa manera. En una sociedad democrática y civilizada, no. Va en contra de los derechos humanos. Tienen derecho a vivir con dignidad y no ser sometida a tratos degradantes. Da igual si pagas o no pagas. Ese tipo de prácticas deberían ser delito aunque sea con consentimiento».

Las plataformas que luchan por la abolición de la prostitución o a favor de los derechos LGTBi prefieren no valorar jurídicamente el caso de Malasaña, aun cuando el agredido fuera del colectivo gay y se prostituyera. En todo caso, «la mediación del dinero jamás debe servir como excusa para blanquear la brutal violencia que se ejerce contra las mujeres en situación de prostitución», expresa la Comisión para la Investigación de Malos Tratos, que defiende la abolición de la prostitución. En este caso de Malasaña, los dos agresores podrían ser denominados «puteros», por acceder al cuerpo de la persona prostituida mediante una transacción económica.

«A nivel jurídico, faltan elementos y detalles para hacer una valoración», dice Mar Cambrollé, presidenta de la Federación Plataforma Trans. «La 'elegetebefobia' ha aumentado y pedimos soluciones políticas. Una denuncia falsa no eclipsa el balance de la gravedad». Tampoco la existencia de los delitos contra quien construyó una historia irreal alrededor de sus lesiones.