Deniegan el cambio registral de sexo de un sargento que lo quería para ascender

Fuentes del Registro Civil de Las Palmas explicaron que la denegación no está basada en lo recogido en la ley trans, sino en las directrices de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública para rectificación registral relativa al sexo. Esta dice que «el encargado velará porque no se produzca fraude de ley o abuso de derecho».

De acuerdo con esta norma, la autoridad judicial del registro citó al sargento del Ejército del Aire para que ratificase su petición. De esta manera, el instructor llegó a la conclusión de que por sus manifestaciones «no es posible deducir con suficiente certeza que la finalidad perseguida en su solicitud se acomode al objetivo perseguido por la ley». Y constata que la solicitud está dirigida «a la obtención de las consecuencias jurídicas que, para promover la igualdad a través de la discriminación positiva, esta y otras leyes establecen para las mujeres o para las personas trans, sin que exista una voluntad real de expresión de género como mujer».

El magistrado al frente del Registro explica en su escrito que tampoco constató un cambio físico en el solicitante, que ni siquiera se le solicitaba el cambio de nombre. Además destaca que el sargento se refiere asimismo como hombre y «no evidencia ninguna expresión de género en el contexto de las expectativas sociales ni en la relación con el modo de vestir ni en el uso de un u otro nombre o pronombre, ni en el comportamiento, ni en la voz ni en la estética, desconociendo la diferencia entre expresión    de género y la identidad de género».

En su escrito, el instructor recoge que el sargento expone que «se siente mujer, pero que no quiere que le traten como tal hasta que no se rectifique su sexo». «Igualmente, indicó no conocer ningún colectivo de apoyo a personas trans, así como no necesitar apoyo psicológico, y por su profesión de sargento del Aire, quiere promocionar a subteniente», se agrega.

A este respecto, el magistrado recuerda que la ley orgánica del Poder Judicial establece que los juzgados y tribunales «rechazarán fundadamente las peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal».

También destaca que la principal reforma del ordenamiento jurídico que incorpora la llamada ley trans es que no se exige una alteración de carácter físico, ni quirúrgica, ni el sometimiento a un tratamiento, ni ningún tipo de diagnóstico de disforia de género. «Por consiguiente, –enfatiza el Registro– el uso de la norma jurídica para la obtención de una finalidad diferente a la prevista en la ley, además de resultar fraudulento y contrario al ordenamiento jurídico, incorpora un especial desprecio a la dignidad de la persona que, para el caso de las personas transgénero, ha tardado muchísimo en reconocerse como un derecho humano».