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laura mayordomo
Martes, 9 de marzo 2021, 12:01
En una de las aulas de Primaria del colegio público Santa Olaya, en Gijón, había ayer dieciséis pupitres vacíos. Los padres de esos dieciséis alumnos –son 21 en clase– han decidido no llevar a sus hijos al colegio como medida de presión ante la Consejería ... de Educación, que esperan intervenga para solucionar los problemas derivados de la violenta conducta de un compañero. El menor, alumno de necesidades educativas especiales, lleva tres cursos en el centro. Según aducen los padres, su comportamiento «altera la rutina y la evolución educativa» del resto del alumnado, al que «tiene amedrentado y amenazado de muerte» y al que agrede «física y verbalmente, tanto dentro del aula como en el patio y el comedor». Según denuncian, también el personal del centro y del comedor son objeto de estas conductas violentas. «La situación es insostenible. Es una pesadilla y no estamos dispuestos a aguantar más. Nuestros hijos van al colegio con miedo, salen llorando todos los días. Muchos tienen cuadros de ansiedad y han sido derivados a salud mental», aseguran los padres y corrobora el centro. Cuentan con informes médicos que han entregado tanto al colegio como a la inspección de la Consejería de Educación.
El alumno volvió ayer a clase tras cumplir la expulsión de tres días que se le impuso después de que la semana pasada lanzara sillas y mesas en el aula, golpeara a varios compañeros con la parte metálica de un mapa y vaciara un extintor. El centro tuvo que requerir la presencia de la Policía.
Desde la vuelta de las vacaciones de Navidad, los padres ya han escrito en dos ocasiones a la Consejería de Educación. La última, el pasado 3 de marzo. «Pedimos una respuesta urgente que no llega», lamentan. Desde el departamento que dirige Carmen Suárez se aseguró ayer a EL COMERCIO que el caso está siendo objeto de un seguimiento «exhaustivo» y que el inspector encargado del mismo ha visitado en varias ocasiones el centro –dos veces la semana pasada– a raíz de estos hechos. También que el menor cuenta con un apoyo permanente las 25 horas semanales.
En parte, los padres del resto de alumnos consideran que la situación se ha agravado este curso porque el menor ya no cuenta con un docente de Pedagogía Terapéutica intensivo, como sí tuvo el curso pasado en el que no hubo «problemas reseñables».
«Desde el centro nos dicen que están poniendo todos los medios que consejería e inspección educativa les van marcando, pero está claro que no es suficiente». Por eso ayer, cuando el citado alumno volvía tras la expulsión, optaron por dejar a sus hijos en casa. Lo mantendrán «mientras no se tomen medidas al respecto y puedan acudir a clase en condiciones normales». Como última salida se plantean incluso cambiar de centro a sus hijos. «No estamos dispuestos a soportar esta situación ni un día más».
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