El Defensor del Pueblo exige más medidas contra la violencia vicaria

Entre esas «líneas de actuación» del informe 'Violencia vicaria de género. Las otras víctimas' están «recopilar datos específicos, informar periódicamente de estimaciones estadísticas» y «poner en funcionamiento» un registro central de información, previsto en la ley desde 2021.

Entendida no sólo como la que acaba con las vidas de los niños, sino también la que los usa como armas arrojadizas contra la madre, la violencia vicaria «es una forma absoluta y cruel de ejercer poder, de crear mayor dominio, de pretender la máxima sumisión e indefensión», dice Ángel Gabilondo, en un comunicado.

Uno de los impedimentos detectados para prevenir estos crímenes es la «dificultad para detectar este tipo de violencia». El documento -enviado también a ministerios, Poder Judicial y comunidades autónomas- mantiene que en la valoración de riesgo se deben considerar indicadores como la existencia de denuncias previas de violencia contra la madre, la intervención de los servicios sociales en situaciones de conflicto familiar o que la mujer sea víctima «acreditada» de violencia de género.

«La violencia vicaria no es simplemente otra modalidad de violencia, es una muestra palpable más de la urgencia de abordar desde todas las instancias esto que no es solo un problema», prosigue Gabilondo. «Las mujeres y sus hijos e hijas son víctimas de una misma violencia, por unos motivos semejantes, incluso único. Y por una misma razón, porque sus madres son mujeres».

Además el Defensor del Pueblo exige una «formación especializada para los profesionales en contacto con las víctimas; facilitar la denuncia de los menores en sede policial; extender las Unidades de Atención a la Familia y Mujer a todas las comisarías y fortalecer servicios homólogos en la Guardia Civil, y establecer acuerdos de colaboración entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los servicios sociales».

Sobre la protección judicial de los menores víctimas de violencia vicaria se exige «mejorar la dotación de recursos humanos, materiales y tecnológicos de los juzgados; garantizar la obligatoriedad de la formación en materia de violencia vicaria de género de todo el personal al servicio de la Administración de Justicia, y mejorar juzgados y tribunales que se ocupan de asuntos de familia y menores para que sean lugares más accesibles, cómodos y apropiados».