La declaración de sobreexplotación obliga a Doñana a regular las extracciones acuíferas

El reconocimiento formal del «riesgo de no alcanzar el buen estado» a las masas de agua subterráneas de La Rocina, Almonte y Marismas, todas ellas en el entorno del Parque Nacional de Doñana, obliga al organismo gestor de la cuenca a elaborar un programa de actuación para la recuperación de las masas de agua, según explicaron desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Entre otras medidas, se deberá implantar un plan de extracciones para la explotación racional de los acuíferos con el objetivo de mejorar el estado de estas masas, y proteger y mejorar los ecosistemas asociados. En la elaboración de este programa, que previsiblemente estará listo en un año, señalan, participaran también las comunidades de regantes de la zona.

El programa, que permitirá un mayor control de la gestión del agua, determinará los volúmenes de uso de agua autorizados, que podrán modificarse en momentos de especial afección, como por ejemplo son los períodos de sequía. Asimismo, asegurará que los aprovechamientos se ciñen a los planes existentes y permite adaptar las extracciones a las posibilidades de cada momento. Además, y mientras se tramita el plan, la Confederación puede adoptar medidas cautelares si lo considera oportuno.

La falta de agua es un problema endémico del espacio natural desde hace años, debido a la presión que ejercen las actividades económicas, fundamentalmente las vinculadas al cultivo de frutos rojos. Las entidades ecologistas no han cesado de denunciar la proliferación de pozos ilegales, e incluso hectáreas de cultivo irregulares que no han podido ser incluidas en el plan de ordenación de la corona forestal de Doñana. Por este motivo, en 2019 se han cerrado 116 pozos sin autorización por ejecución forzosa, además de revisarse y tramitarse más de 400 expedientes en distintas situaciones administrativas para garantizar la actividad sostenible de los usuarios de Doñana. También se han inspeccionado, dice el MITECO, 97 parcelas, se han levantado 43 actas y se ha denunciado superficie de 379,3 hectáreas de riego no autorizado.

Pero estas medidas de inspección y vigilancia se quedan cortas a ojos de las asociaciones ecologistas, que recuerdan que pese a demandarlo desde hace una década, no fue hasta que la Comisión Europea amenazó a España con una denuncia por su inacción en la protección de las fuentes de agua de Doñana hace un año cuando empezó a tramitarse la declaración de sobreexplotación del acuífero. Según los datos de la CHG, en 15 de los 16 sectores del acuífero el nivel de agua ha empeorado en 2019 con respecto a 2010. Tan solo el Sector Sur del Arroyo de la Rocina ha mantenido su situación, precisamente donde se encuentra la finca los Mimbrales, comprada por la Confederación, y a la que se le retiraron los cultivos en 2016.

«Ya no hay excusa para no actuar. de las denuncias e informes científicos que alertaban de la gravedad de la situación del acuífero, éste no ha hecho más que empeorar. Esperamos que con esta decisión se tomen medidas urgentes y ambiciosas para recuperar el estado crítico de Doñana y se descarte definitivamente la idea del proyectado trasvase que es insostenible», explicó Teresa Gil, responsable del Programa de Agua de WWF. La organización reclama que además de un plan racional de extracciones se suspendan las nuevas concesiones de agua subterránea. F