En el debate del aborto, los sanitarios de los hospitales están en el punto de mira

No son diáfanas las razones por las que el derecho de la mujer a interrumpir su embarazo a voluntad está vetado en la práctica en la sanidad pública en estas provincias. «El problema es que tenemos una legislación avanzada pero joven, con la mitad del país en contra», asegura Oriol Yuguero, médico y profesor de bioética en la Univesidad Abierta de Cataluña (UOC). «Se requiere inversión para que los hospitales estén preparados».

Ante esta situación, Sanidad alentó hace unos meses maximizar el aborto farmacológico, que puede controlarse desde el ambulatorio, para disminuir la dependencia de las clínicas privadas que practican la quirúrgica, pero la iniciativa encalló pronto. Luego el Gobierno de coalición, en una iniciativa del PSOE, introdujo una proposición de ley para penalizar el hostigamiento de los colectivos antiabortistas frente a las clínicas, y desde el Ministerio de Igualdad se promete reformar la ley en los próximos meses.

«Han surgido nuevas necesidades, como derogar la reforma de 2015 que impide decidir por sí mismas a las que tienen 16 y 17 años -al necesitar el consenso de sus progenitores- o evitar el acoso frente a las clínicas», asegura Jaime de Pablo, que recuerda otra «anomalía» que pesa sobre la ley: el Constitucional ha dejado en suspenso la resolución de un recurso en contra. «El resto de previsiones, como la atención hospitalaria, está ya en la ley y que no se cumpla tiene que ver con la voluntad política».

La ministra Irene Montero señaló que el derecho de la objeción de conciencia de los médicos y otros sanitarios es, a su juicio, la razón por la que la mayoría de los abortos se practican en clínicas cuyos honorarios asume la sanidad pública. Y quiere restringir esa prerrogativa profesional que «no puede estar por encima del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo». También la ministra de Sanidad Carolina Darias se mostró partidaria de «compatibilizar todos los derechos. El derecho a la salud de una paciente más todavía», dijo.

Así, en el debate del aborto se empieza a señalar directamente a los profesionales de la salud que trabajan en los hospitales como responsables de obstaculizar la interrupción del embarazo. Algo a lo que se han opuesto el Comité de Bioética y el Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM), que lo consideraría «ilegal».

La propuesta de la ministra encuentra apoyo en el sector sindical. «Defendemos la objeción de conciencia del personal, y no creemos que sea un derecho en revisión», asegura Humberto Muñoz Beltrán, secretario general de Sanidad de CC OO. «Pero defendemos a quienes lo son y también a quienes no lo son y se ven obligados a serlo. La objeción de conciencia no puede ser como hasta ahora la herramienta para no cumplir la ley, o para dificultar a las mujeres ejercer su derecho».

La ruta de la objeción es sencilla. Basta con que el médico lo comunique al jefe de servicio y llene un formulario, que se queda a nivel interno. Los demás profesionales de la Salud también tienen derecho a objetar. Igualdad propone que esa decisión engrose una lista que sea pública.

Las razones son varias: «Unos lo hacen por considerar que no hay condiciones para hacerlo o porque su visión es la de apoyar la vida», explica Yuguero. «En un lugar donde todos son objetores, puede existir miedo a que le juzguen o puede pensar que si los demás no lo hacen, por qué lo va a hacer él. Pero pretender quitar la objeción de conciencia o hacer un registro público va en contra de la intimidad de los profesionales de la salud».

No obstante, «reivindicamos que debe haber un registro», refuta Muñoz. Después de diez años en que el aborto se derivó al ámbito privado, los médicos deben pronunciarse.