El informe de la orden jesuita en el que admite casos de pederastia en España, con 81 víctimas abusadas por 65 sacerdotes durante casi un siglo, no va a ser comentado «por ahora» por la Conferencia Episcopal (CEE). «Seguimos trabajando en unas normas de ... ámbito para toda la iglesia en España», refiere una fuente de la CEE. «Se ha concretado ya la creación de oficinas para la acogida de denuncias y atención a las víctimas en todas las diócesis españolas y en las grandes congregaciones religiosas».
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Atender las necesidades de las personas que sufrieron abusos sexuales por parte de los religiosos requiere incluir un programa de indemnizaciones económicas, señala Miguel Hurtado, una de las víctimas de este tipo de agresiones por parte de religiosos. «La orden jesuita debe hacerse cargo de sus víctimas porque el trauma sexual infantil deja secuelas que necesitan terapias durante años», dice. «El informe es una tímida medida que va en la buena dirección aunque se queda muy corta. Pero que haya órdenes religiosas que de forma autónoma deciden abrir una investigación interna, por más deficiente que sea, pone al descubierto la opacidad de la Conferencia Episcopal. No se entiende que la española no quiera hacer investigaciones internas, a diferencia de la polaca, francesa o alemana».
Por su parte, la CEE afirma que «el trabajo de las congregaciones y de las diócesis para la creación de espacios seguros está muy avanzado».
Otras tres carencias del informe, a juicio de Hurtado, son que no menciona quiénes son los agresores, ni los lugares donde han trabajado, ni cuál ha sido la respuesta de la institución frente a los hechos. «Si dijeran quiénes son públicamente, otras víctimas se animarían a dar un paso al frente», sostiene el autor del libro 'El manual del silencio'. «¿Cómo se gestionaban las denuncias? ¿Se encubría? Y si así era, quién era el encubridor. ¿Se tomaron medidas también contra ellos?».
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