Cuatro años de prisión tras estafar a su tío abuelo y huir a Brasil

Desde el día que Bonifacio confió sus gestiones bancarias en su familiar, y entre junio y agosto de 2011, Rubén retiró de sus cuentas casi a diario sumas diversas, algunas de 4.000 euros. Engrasado el mecanismo y con mayor confianza, hizo una primera gran transferencia electrónica a otra cuenta creada para tal fin. En total desfalcó unos 250.000 euros, y también se hizo con las llaves de su casa en la madrileña calle del General Pardiñas, de la que se llevó joyas y electrodomésticos, y cambió la cerradura.

No hubo ninguna sospecha hasta octubre, cuando otros familiares de Bonifacio, herederos directos del anciano, dieron la voz de alarma. Cuando detuvieron a Rubén, el mismo día de la denuncia que hicieron los cinco herederos, entre ellos su propia madre, todavía llevaba una fotocopia plastificada del DNI del tío abuelo. El documento, en vez de tener el rostro apacible del anciano, tenía la suya, ya no tan juvenil pero sí con más lozana. Como un mago del disfraz, Rubén se había sumado más de medio siglo en aquel salvoconducto sin llamar la atención. Al día siguiente de su detención, salió de prisión y no se supo más de él hasta que le encontraron en Brasil en 2017.

El buen Bonifacio murió un mes después de la denuncia, quién sabe si de tristeza, y sus ahorros rindieron bastante en el país de la samba: al menos siete años de huida.

La resolución del caso se supo la semana pasada, cuando la Audiencia Provincial de Madrid le sentenció a casi cuatro años de prisión, que ya cumplía de forma cautelar desde abril de 2018, cuando fue extraditado. En el juicio oral, Rubén aceptó las acusaciones sin siquiera un matiz. No se defendió ante los tres años y nueve meses con los que fue condenado por estafa, falsedad y hurto. Delitos continuados con «prueba documental apabullante», según la sentencia.

La vulnerabilidad del colectivo de personas mayores, aisladas en ocasiones de su entorno, se ve reflejada en otros casos parecidos al de Bonifacio. Por ejemplo, el año pasado en Asturias, la nieta de un hombre de 94 años le convenció de mudarse con ella y luego le convenció de que padecía una enfermedad grave. Con la excusa de los medicamentos le estafó sus ahorros, unos 45.000 euros. Unos meses antes, con una operación casi calcada a la de Rubén, una pareja de Tarragona perdió 80.000 euros cuando su sobrina nieta intervino en sus cuentas bancarias y les robó sus joyas.

En algunos casos, como éste en que no hay herederos directos, las defensas recurren al argumento de las donaciones para justificar las transacciones. Los delitos de estafa han aumentado un 75% entre 2013 y 2017, según datos del Consejo General del Poder Judicial. No hay datos concretos en que las víctimas son mayores de 65 años.

En el caso de Bonifacio, su desprotección aumentó por la incorrecta salvaguarda que los bancos debían hacer de su capital. En la entidad, le conocían de trato personal pero no se percataron de las irregularidades ni siguieron los habituales protocolos de seguridad ante una fuga de dinero que no se detenía. Retiros de 3.000 y transferencias de 30.000 euros. Sobre este particular, también resolvió el juzgado. «Ninguna entidad se puso en contacto con mi tío abuelo», reconoció Rubén, que había acompañado alguna vez al banco a Bonifacio, que «solía ir semanalmente». En efecto, no contactaron con Bonifacio. «Una vez probada la actuación descuidada de los empleados de las entidades bancarias contraviniendo los protocolos habituales de uso interno (...) y la ausencia de celo comercial», el tribunal impuso una responsabilidad civil subsidiaria a favor de los reclamantes y contra los bancos, de casi 220.000 euros.

Rubén tendrá que indemnizar a los herederos con 217.000 euros. Pero entre ellos ya no está su madre, que renunció a cualquier compensación por parte de su hijo. El desistimiento materno le supuso a Rubén un ahorro del 26%, según calculó el tribunal. Pero no le restó ni un día de cárcel.