Cruzada contra cruceros

A Jaume Garau, portavoz de la Plataforma contra los megacruceros que trabaja desde hace años en Palma de Mallorca, le ha encantado «el coraje» de la regidora del PP, «porque hay que decir las cosas claras». No tanto al empresario naviero y presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda. «No me gusta prohibir nada, y menos en un puerto. Esta ciudad ya ha sufrido bastantes prohibiciones», ha advertido. Pero los perjuicios que soportan las poblaciones frecuentadas por grandes barcos «son muchos»: contaminación ambiental y marina, deterioro de lugares históricos y espacios públicos, desplazamiento de la economía local, masificación..., enumera el activista. Y sin apenas compensación, porque con la llegada de estos trasatlánticos «se produce una acumulación de personas que desembarcan pocas horas, siguen circuitos establecidos por intereses de los propios barcos y gastan muy poco dinero en la ciudad. Además, la oferta interior de estos buques ha crecido muchísisimo, ya son como parques temáticos», lamenta.

El colectivo al que representa Garau estuvo detrás de la lucha que llevó a las navieras y al Govern balear a firmar en 2022 un manifiesto de cinco años de duración «para facilitar la gestión de las escalas de los buques en el puerto de Palma, escalonando su hora de llegada y aplanando los picos de actividad», explica Alfredo Serrano, director de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros en España (CLIA). Un acuerdo que se tradujo en el atraque diario de tres barcos, sólo uno de ellos de más de 5.000 pasajeros, y con un máximo de 8.000 personas desembarcando al mismo tiempo.

Serrano sostiene que el manifiesto de Palma «ha sentado las bases de un modelo de turismo aún más responsable y que continúa generando riqueza, abordando las necesidades específicas de los palmesanos». Pero para el portavoz del colectivo social, las cosas apenas han cambiado. «El impacto ambiental, la saturación, la transformación del comercio... Todo ha seguido exactamente igual, porque bajó, pero fue por el covid», subraya. Tras la pandemia, el puerto balear alcanzó los 450 cruceros al año con casi 2,5 millones de pasajeros a bordo que, eso sí, «antes venían en pelotón y ahora se han organizado», apunta Jaume Garau, quien también destaca la reducción «de los riesgos en las operaciones que se realizan dentro de la bahía». Pero revertir la situación, afirma, pasa por «cambiar el modelo turístico» de la isla. Y en eso parece estar el alcalde de Palma, que acaba de anunciar nuevas medidas para aliviar la saturación.

Más allá de limitar la llegada de cruceros y de incrementar las tasas para cruceristas y grandes yates, la idea de Jaime Martínez (PP) es prohibir las 4.000 plazas de alquiler vacacional que estaba previsto añadir a las 50.000 dedicadas al turismo en la ciudad y acotar el número de visitas guiadas y la afluencia de vehículos de alquiler al centro. Propuestas que se escapan de la competencia municipal pero que el Ayuntamiento está decidido a empezar a negociar en los próximos meses con otras administraciones.

En Barcelona, el Consistorio y el Port suscribieron en 2018 un acuerdo que limita a siete el número de terminales de cruceros, todas ubicadas en el muelle Adossat, «una zona alejada de la ciudad», destaca el director de la CLIA. «El acuerdo está en plena vigencia. En este sentido, tanto las navieras como la Autoridad Portuaria han acometido y prevén seguir acometiendo importantes inversiones, por valor de unos 265 millones de euros», señala. Y avisa de que «cualquier modificación del marco vigente generaría pérdidas muy significativas y un clima de incertidumbre que no beneficiaría a la ciudad». El Ayuntamiento defiende, por su parte, que la capital catalana, que el pasado año batió récords con 3,58 millones de cruceristas, «no puede asumir un crecimiento anual del 9%», reconoce el alcalde, Jaume Collboni. «Estamos llegando al límite», avisa. Un estudio realizado por la Universitat de Barcelona a instancias de la CLIA revela que sólo el 4,1% de los visitantes son cruceristas.

Fuentes de la concejalía de Turismo defienden la validez del acuerdo alcanzado en la cuarta ciudad del mundo en cruceros, por detrás de los tres puertos de Miami. «No caduca, y es un buen convenio, pero se centra en términos medioambientales y en infraestructuras, sin hablar de volumen de pasajeros», exponen. Por eso consideran que ha llegado el momento «de abrir el debate con la Autoridad Portuaria para acordar un nuevo texto en el que se introduzcan estos conceptos. Seguro que llegaremos a un acuerdo, porque el sector del turismo acepta por primera vez que es un fenómeno que genera riqueza, pero que hay que gestionar».

La ciudad condal, como ocurre en Valencia, no quiere que desaparezcan los cruceros, «que son también una garantía de conexiones aéreas internacionales, pero suponen un reto compartido que tenemos que abordar», indican desde la institución local. También en el Puerto de Bilbao abogan por «enfocar el tema de una manera global, siempre con un enfoque constructivo y nunca alarmista». Y eso que, subrayan, «estamos hablando de realidades muy distintas, de tráficos que no se pueden comparar, como tampoco las problemáticas ni la propia evolución del sector. Aquí no hay concentración ni masificación», presumen. Sus previsiones para este año arrojan cifras similares a las de 2023, con 80 cruceros y 150.000 pasajeros a bordo, Números muy alejados de los registrados en Palma o Barcecelona, pero que marcan dos ejercicios consecutivos de récord.

Mientras, Greenpeace celebra las iniciativas anunciadas por las ciudades españolas más afectadas por la afluencia de cruceristas. «Está bien dar pasos, pero siempre teniendo en cuenta que hay que subir más peldaños», señala Elvira Jiménez. La portavoz de la ONG ambientalista considera que el tema de los grandes barcos «es un buen punto de partida, porque además están aumentando de manera acelerada en los últimos años». Los impactos a nivel ambiental y social «son considerables», tanto que, en su opinión, ha llegado el momento «de plantearse que ya no se puede seguir creciendo, sino que hay que decrecer. Hay que perderle el miedo a esa palabra, porque parece que estamos hablando de que si decrecemos nos empobrecemos».

Más allá de las restricciones, lo que reclama tanto Greenpeace como la propia ciudadanía, que ya se ha echado a la calle en las islas, es un cambio, «un nuevo planteamiento a nivel sistémico de toda la actividad turística». La industria crucerística reitera su disposición «a trabajar con los destinos de un modelo que garantice la convivencia en armonía de residentes y turistas». Pero el turismo de cruceros -advierte- «debe protegerse y cuidarse; es una fuente generadora de emeplo y oportunidades de forma muy transversal».