«Esta crisis no ha sido igual para todos», sostienen las ONG en el Congreso

Ahí llegó el primero de los golpes económicos: según su base de la seguridad social, no tenía derecho a paro. «Me faltaban días cotizados después de 20 años, en los que tuve un contrato por obra y servicio. La empresa me daba de baja cada cierto tiempo». Tampoco optaba a las ayudas por tener a cargo a su hijo de 8 años.

El suyo es un perfil que ha aflorado con el estado de alarma. «Ya teníamos una situación de precariedad importante antes de la Covid-19», asegura Carlos Susías, presidente de la Red Europea contra la Pobreza, que cifra la exclusión social en España en un 21,6%. «El 30% de las personas en pobreza severa tienen empleo y a ellos no hay que darles trabajo sino uno que valga la pena. Mientras otro 30% no tiene trabajo, las causas de un 38% no están relacionadas con su actividad. Así que el colectivo español más grande en pobreza no está desempleado».

La crisis económica tras la sanitaria ha arrastrado a aquellos que, como Mendoza, llegaban a unos ingresos mínimos cada mes pero no de una manera estable. Entonces comenzaron los cierres de empresas, los ceses de autónomos, los ERTE y los ERE. «Esta crisis no ha sido igual para todos», advierte Natalia Peiró, secretaria general de Cáritas, ante el Grupo de Políticas Sociales y Sistema de Cuidados del Congreso.

«El desempleo ha aumentado entre marzo y abril un 2,5% según el Servicio Público de Empleo pero en la población que atendemos el incremento es del 20%, ocho veces más que la tasa normal». A partir de sus datos, Cáritas estima que los hogares que no reciben «ni un solo euro» ha aumentado un 136% y que aquellos que sí tienen ingresos los han visto reducidos en un 33%. «Acompañamos a un millón de personas que viven con menos de 370 euros», dice Peiró.

El caso de Mendoza no era una excepción en su entorno. «La segunda semana de marzo fue una vorágine. Mi pareja, mi cuñado, mis cuatro hermanos. Todos estamos parados, ya sea por un ERTE o como autónomos. Mi cuñada tiene un bar, y tuvo que cerrar». Él, en confinamiento con su hijo, tuvo que recurrir a la ayuda de Cruz Roja, que le provee regularmente de alimentos. Por primera vez en su vida, entró en las estadísticas de la pobreza. Fue uno más en las colas del hambre. «Cómo le doy de comer», se preguntaba antes de recurrir a la ONG.

La lucha contra la exclusión social pasa por un «trabajo digno», dice Lara Contreras, responsable de Contenidos e Incidencia de Intermón Oxfam. «Sólo el 6% de los contratos fueron indefinidos en 2019, y uno de cada tres de los temporales eran de menos de una semana. Además, la posibilidad de perder el trabajo es cinco veces mayor para los salarios más bajos que para los altos».

El tercer sector coincide en la importancia del Ingreso Mínimo Vital. «Es un suelo al que las comunidades autónomas deberían sumar el dinero que ya invertía en la lucha contra la pobreza», opina Contreras. Aunque lo estiman «muy necesario», lo consideran «mejorable», afirma Susías, que pide poner el foco también en la educación y la vivienda. Un 14,6% en pobreza severa tiene titulación superior y la tasa de pobres se duplica entre los que tienen hijos. «Algo pasa con las políticas familiares, y no es bueno».