La crisis frena los divorcios, pero afecta a la pensión a los hijos

Finalmente, el impacto de la crisis económica ha disuadido a muchos españoles de dar el paso para formalizar la ruptura matrimonial. El 73% de los abogados especializados de la AEAFA sostiene que el nivel de rupturas es similar e incluso inferior al que se produce después de un periodo prolongado de convivencia, tal y como sucede cada año tras la Navidad, la Semana Santa y las vacaciones de verano. Sólo el 27% de los juristas encuestados constató durante la pandemia un incremento de separaciones y divorcios superior al de un periodo vacacional.

«Las personas que se encuentran en paro, ERTE o han perdido su negocio no pueden sostener dos unidades familiares a la vez«, explica la presidenta de la AEAFA, María Dolores Lozano para justificar esta tendencia detectada en los despachos de los especialistas.

Preguntada por el incremento de separaciones y divorcios que registró el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el tercer trimestre del año, concretamente de un 16% más respecto a 2019, Lozano lo atribuyó a la reapertura de los juzgados después de casi tres meses de parálisis más que a una evolución al alza de las disoluciones matrimoniales.

En cambio, donde sí se ha detectado una variación significativa es en las peticiones de modificación de medidas para reducir la pensión de alimentos a los hijos por parte de progenitores divorciados, tal como indica el 53% de los abogados encuestados. La caída significativa de los ingresos ha forzado a padres y madres a plantear ante el juez el recorte en las aportaciones económicas. Para que prosperen, los afectados deben demostrar que el cambio de las circunstancias es sustancial y no se trata de una situación transitoria o coyuntural. Asimismo, debe ser imprevisto y que no haya sido provocado o buscado voluntariamente por el progenitor.

A raíz del deterioro de los presupuestos familiares, los abogados de la AEAFA también han constatado un crecimiento significativo de los procesos de Jurisdicción Voluntaria por discrepancias de los progenitores en el ejercicio de la patria potestad del artículo 156 del Código Civil. Estas discrepancias se refieren a cuestiones como el cambio de colegio, las actividades extraescolares o los tratamientos sanitarios sin cobertura de la Seguridad Social como la ortodoncia, cuyo impacto económico es importante. «Hay progenitores que, aunque mantienen la misma aportación por pensión de alimentos, plantean que los hijos vayan a un colegio público o concertado en vez de a uno privado al no poder hacer frente a este desembolso. Lo mismo sucede con actividades extraescolares que implican un coste importante«, afirma la presidenta de la AEAFA,

El Observatorio del Derecho de Familia también revela un auge de solicitudes de custodias compartidas. Así lo indica el 40% de los asociados de AEAFA. «El confinamiento ha permitido a muchos progenitores comprobar que pueden compaginar el trabajo y el cuidado de los niños, en gran medida gracias al teletrabajo. La gente ha aprendido a organizarse. Al mismo tiempo, aquellos progenitores que tenían la custodia exclusiva se han dado cuenta de lo importante que es tener tiempo para ellos mismos», explica Lozano.

Esta tercera edición del informe de los abogados de familia pone de manifiesto el elevado nivel del incumplimiento de visitas durante el estado de alarma, en gran parte motivado por la decisión de algunas juntas de jueces que recomendaron suspender cualquier sistema de visita o custodia compartida, quedando los menores en compañía del progenitor con quien estuviesen en el momento decretarse el estado de alarma. «Esta circunstancia sirvió de excusa a algunos progenitores para contravenir sus obligaciones e impedir que los niños compartieran tiempo con su expareja«, subraya la presidenta de AEAFA.

En cambio, en los partidos judiciales donde se mantuvieron los sistemas de reparto de tiempo y los regímenes de visita de los fines de semana alternos o las intersemanales con pernocta, el nivel de incumplimientos fue menor o se pudo recuperar posteriormente los tiempos de visita, como lo indican el 77% de los abogados consultados.

El número de divorcios en 2019 en España fue de 91.645, un 3,8% menos que el año anterior, reduciéndose por segundo año consecutivo, y uno de cada tres se produjo tras más de 20 años de matrimonio, según la Estadística de Nulidades, Separaciones y Divorcios del Instituto Nacional de Estadística (INE). Este año se prevé que la cifra sea inferior.