«Se creyeron dioses y dieron niños como si fueran caramelos»

«Mi padre exigió que le mostraran el cuerpo y le bajaron al mortuorio donde le enseñaron un paquete envuelto en vendas. Quiso abrir las vendas y no le dejaron. Tampoco hacer un enterramiento digno, a pesar de tener un seguro. Dijeron que lo enterrarían a los pies de un familiar, luego que estaba en una fosa común. Pero no lo encontramos en ningún sitio. Hay un informe de un médico que dice que atendió a mi madre por un aborto de cinco meses. Yo quiero saber qué ocurrió», asegura Esperanza Ornedo, que busca a su hermana mayor desde que en 2011 creara SOS Bebés Robados de Huelva, una asociación que ha logrado que el Tribunal Supremo admita a trámite un recurso contra la prescripción de delitos como sustracción de niños y falsificación documental, por otro caso asesorado por su plataforma, el de un bebé robado en ese mismo hospital en 1992.

El Supremo ha considerado esta semana que el recurso es «concluso» y se dirimirá el 20 de este mes, con el magistrado Andrés Palomo del Arco como ponente. El caso es el de un bebé que también fue declarado muerto al nacer en el mismo hospital onubense 24 años después. La asociación decidió llevar este caso al Supremo por considerarlo el más relevante, explica Ornedo, cuya asociación representa a unas 200 familias. «Hay que tirar de la manta. Se creyeron dioses y dieron niños como si fueran caramelos». El caso que está ahora en manos del Supremo cuenta con una serie de pruebas, dice Ornedo, que probarían la sustracción del bebé.

La más importante sería una prueba de laboratorio con tejidos del supuesto bebé fallecido guardadas en el hospital. «Al cotejar el ADN con el perfil genético de la madre dio negativo», asegura Ornedo. «No se puede determinar si son restos de un niño o de un adulto. Pero sí que esos restos no son de su hijo». A los demandantes nunca les enseñaron el cuerpecillo del recién nacido fallecido. «El niño tiene que estar en alguna parte».

Uno de los casos más trascendentes fue el que sentó en el banquillo de los acusados a Eduardo Vela, un médico de la clínica San Ramón en Madrid, que murió en octubre de 2019 sin que concluyera su proceso judicial. En ese caso se demostró después que la denunciante no había sido robada sino entregada voluntariamente por su madre a una familia, sin que quedara registrada la adopción ni cumpliera ningún trámite legal. Fue inscrita como hija biológica y logró encontrar a su familia genética gracias a los resultados de ADN.

La diferencia de este caso con el de Huelva está en que los demandantes son los padres, que no entregaron voluntariamente a sus bebés. Hasta la admisión del recurso por parte del Supremo, el proceso parecía agonizar cuando en 2012 un tribunal archivó la investigación con 18 imputados y otros 30 relacionados. Había un centenar de denuncias en los juzgados, dice Orneto. En este caso se acusa a todos aquellos que aparecen en los documentos de la clínica relacionados con el parto de la demandante.