Los consulados españoles en Ucrania y Georgia frenan la gestación subrogada

«La resolución del Consulado es aún extraoficial porque no ha emitido ningún comunicado ni denegación formal hasta la fecha, pero sí comunicó que dejaba de inscribir», asegura Javier Cantero, cofundador de Surrobaby, una de las más grandes empresas españolas dedicadas a la gestación subrogada y cuyo representante estuvo presente en esta reunión. «Tampoco ha habido denegaciones, por la demora del Consulado en dar citas». La espera se empieza a extender hasta noviembre.

Mientras las familias permanecen en un limbo legal, ante el silencio de los funcionarios, los embarazos avanzan y se suceden los partos. «Existen alternativas ágiles que garantizan el interés superior del menor y el cumplimiento del reglamento europeo, al mismo tiempo que inscribir al menor en el Consulado sin necesidad de tener que recurrir al pasaporte ucraniano ni a un proceso judicial en España», explica Marcos Jornet, presidente de Son Nuestros Hijos, organización que reúne a 500 familias de gestación subrogada. «La legislación admite que se pueda obtener esa muestra de ADN fuera de un proceso judicial con la autorización de quien posee la patria potestad. Si el Consulado considera que no la tienen los padres intencionales y sí la gestante, pues se podría resolver con esa autorización».

Pero lejos de solucionarse, el problema empieza a extenderse. Por las mismas fechas, en otro país donde también se permite la gestación subrogada, Georgia, un destino también preferido por los españoles, se comunicó, esta vez por escrito, la misma directriz: desde la Embajada de Ankara (Turquía) anunciaban que dejarían de registrar bebés nacidos de vientres de alquiler debido a las mismas nuevas restricciones. «El Consulado de Georgia ha anunciado lo mismo, la denegación de inscripción ante la imposibilidad de tomar muestras de ADN delante de un funcionario consular», informa Jornet. «Aunque el volumen de familias es menor, vamos a tener el mismo problema: niños españoles en diferentes países sin respetarles la nacionalidad».

Los afectados serían más de 100 familias en los próximos meses en Ucrania y otras 20 en Georgia. «Hay diez familias ahora mismo por parte de nuestra agencia y en los próximos dos meses esperamos unos 20 partos», calcula Cantero, cuya organización lanzó una campaña en una plataforma digital para detener la «discriminación» en el Consulado de Kiev. «Pero hay unas diez agencias más en España. Podría haber unas 100 parejas hasta ahora y se van acumulando. La primera pareja lleva mes y medio allí. Puede salir, si reclama la ciudadanía ucraniana para el bebé. Pero la injusticia es que por qué a un niño hijo de español no se reconoce su nacionalidad española, y vuelvan a España sin derecho a sanidad o educación».

La medida que pone en jaque las dos alternativas más económicas para el vientre de alquiler (alrededor de 35.000 euros por hijo) parece discrecional. «La sección consular ofrecerá oportunamente la protección consular y la información de la legislación aplicable y sus alternativas», asegura una fuente de la Oficina de Información Diplomática, que se niega a valorar la orden de las Embajadas en Georgia y Ucrania, que no respondió a este periódico. «El encargado de registro consular decide caso por caso, con las debidas garantías de la legislación y las pruebas correspondientes». A punto de terminar el verano, todavía no ha comenzado esa ronda informativa.

A los padres, que aguardan a que sus bebés sean reconocidos con la ciudadanía española por ser hijos de español, les quedaría, como último recurso, en caso de que las denegaciones anunciadas sean efectivas, pedir la nacionalidad ucraniana para el bebé y volver a España a empezar una serie de recursos jurídicos en distintas instancias hasta que la paternidad sea reconocida. Un añadido burocrático de varios meses. Sólo entonces podrían seguir con el proceso habitual, en que la gestante ratificaría su renuncia a la patria potestad para que la madre «intencional» pueda proceder a la adopción. Un paso más largo para que el niño disfrute de sus plenos derechos.