Los consejos sociales exigen más presencia en la gestión universitaria

Para la CCS -que aglutina a los Consejos Sociales de todas las universidades públicas y a los consejos y patronatos de universidades privadas-, el texto del ministerio que dirige Manuel Castells no aborda la transformación profunda del actual modelo de gobernanza universitaria para lograr una verdadera autonomía operativa e institucional. Por ello, la Conferencia expresa su «insatisfacción» por el continuismo del anteproyecto y la ausencia de cambios estructurales para modernizar la universidad española «y aproximarla a los modelos de éxito internacionales comparables». Estos modelos, subrayan los Consejos Sociales, están caracterizados por la intervención de representantes de la sociedad civil, externos a la universidad, en las responsabilidades de gestión, transparencia y rendición de cuentas de la universidad, entre ellas la elección del rector por concurso de méritos. Y recuerdan que «el primer borrador del anteproyecto contemplaba una fórmula de elección del rector que, sin ser la ideal por depender de la propia decisión de la universidad, cuando menos abría una vía de aproximación a dichos modelos. Y la cuestión clave de este modelo es que los intereses sociales se sitúen en el centro de toda reforma, ya que la universidad debe estar al servicio de la sociedad. Sin ello, España continuará siendo una excepción en el mundo de las universidades modernas», apostillan.

Efectivamente, una de las grandes novedades del anteproyecto de Castells era la posibilidad de que el rector fuese elegido por un comité designado por el claustro de la universidad en el que debería haber una mayoría de profesores e investigadores de la institución, pero también debería contar con un 30% de personas ajenas a la universidad. Pero ante la oleada de críticas, sobre todo de los sindicatos y de la conferencia de rectores (CRUE), el ministro dio marcha atrás y eliminó «cualquier otra opción de elección del rector» que no sea «el sufragio ponderado de toda la comunidad universitaria», excluyendo de la elección a los titulares o catedráticos con contrato laboral. En muchas universidades anglosajonas el rector es una personalidad con prestigio externa al campus, pero con una trayectoria reconocida.

Por otro lado, la ejecutiva de la CCS apunta que, al contrario de lo que dice el preámbulo, el anteproyecto que prepara el ministro Castells no solo «no revitaliza los Consejos Sociales, sino que disminuye sus competencias actuales, ya de por si escasas». Y en este punto insisten en que la universidad «no pertenece a quienes trabajan y estudian en ella sino a toda la sociedad a la que presta el servicio público de educación superior».

Los Consejos Sociales, en su condición de representantes de la sociedad que paga mayoritariamente con sus impuestos la universidad pública, insisten en reclamar competencias y medios para poder ejercer sus responsabilidades para la adecuada gestión, transparencia y rendición de cuentas de la universidad a la sociedad. Además, piden ejercer la supervisión de la actividad económica y del rendimiento de sus servicios, «para lo cual es necesario ubicar la unidad de control interno de la universidad bajo la dependencia de los Consejos Sociales».

La CCS muestra su especial preocupación por el cambio en el sistema de designación de los miembros de los Consejos Sociales. «Debe evitarse su politización y garantizarse su independencia frente a los órganos de gestión universitaria. La propia universidad no puede intervenir ni influir en la designación de los miembros de los Consejos Sociales que representan a la sociedad civil».

Por último, la Conferencia pone especial énfasis en que la universidad tiene que ser una institución «competitiva, eficiente y meritocrática» en la gestión de su talento y en que «la meritocracia tiene que ir de arriba abajo, empezando siempre por el máximo responsable de la institución».