El Congreso tramita la ley para que el lobo pueda volver a ser cazado al norte del Duero

Los populares, que la legislatura pasada fracasaron en un intento semejante, han aprovechado ahora la endeble red de apoyo parlamentario gubernamental para impulsar una reforma legal que trata de devolver al lobo a la situación legal que tenía antes de septiembre de 2021, cuando por orden de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y con el apoyo de los asesores científicos del ministerio y de los grupos ecologistas y la oposición de las autonomías loberas, incluyó a este cánido salvaje en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) en todo el territorio español, lo que supuso la prohibición de su caza en cualquier punto del país.

La propuesta del PP, respaldada por las organizaciones agrícolas y ganaderas, fue admitida a trámite con mayoría absoluta, porque a los votos de su grupo y de Vox se sumaron los síes anunciados por los portavoces de PNV y Junts per Catalunya.

No obstante, esta victoria inicial no quiere decir que la medida vaya a poder aplicarse pronto, ni siquiera que tenga asegurada su ejecución futura con la aprobación por el Parlamento, porque ahora debe pasar por el plazo de enmiendas al texto legal que PSOE y Sumar, con su mayoría absoluta en la Mesa del Congreso, podrían dilatar de manera indefinida, lo que supondría que la propuesta agonizase 'sine die' en un cajón de la Comisión de Transición Ecológica.

Si por el contrario la reforma legal termina por aprobarse, el lobo, que para los ganaderos y pastores con los que coexiste no es más que una alimaña y que para los naturalistas un animal autóctono en riesgo de extinción, solo seguirá siendo especie protegida y no cinegética al sur del Duero, lo que no impedirá que se abatan ejemplares en su hábitat principal, el norte de Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria.

También pasará lo mismo en La Rioja, País Vasco y Navarra, donde estos animales no son residentes, aunque sí tienen apariciones esporádicas. El último recuento válido de la especie data de 2014, cuando se concluyó que había entre 2.000 y 2.500 lobos en España, con la 60% o más de las 297 manadas concentradas en tierras de León, Palencia y Zamora, seguidas por Galicia, con el 28% de los depredadores.

El PP señala que su reforma está en línea con las decisiones de la Comisión Europea, que a finales de 2023 propuso que el lobo pasase en el continente a ser especie «protegida» en vez de «estrictamente protegida», y que atiende las reclamaciones de los ganaderos tradicionales españoles, cuyos rebaños están en riesgo con la libre proliferación de los cánidos silvestres durante los dos últimos años y medio. Los populares aseguran que el año pasado los rebaños norteños al aire libre sufrieron un media de 35 ataques diarios, en los que los lobos mataron a unos 14.000 animales, con un ritmo de crecimiento de los asaltos de un 20% anual.