La Conferencia Episcopal reconoce 506 víctimas de abusos sexuales en la iglesia

Estos casos se reparten entre las 202 oficinas «para los abusos cometidos en el pasado, puesto que los del presente se remiten inmediatamente a las autoridades civiles», indicó Argüello. De estas instancias de recepción de denuncias, 60 son diocesanas y 142 pertenecen a 121 congregaciones. En dos años, en promedio, cada una ha recibido menos de tres denuncias, según estos datos. «Los casos son los que son. Por qué van a ser más», mantiene.

Algunos de estos casos, dice Argüello, han prescrito tanto en lo civil como en lo canónico, pero se investigan igual debido a su gravedad; otros «son ya conocidos y tuvieron su recorrido», la quinta parte (103) fueron cometidos por «personas ya fallecidas pero se han abierto para saber sus circunstancias», y «300 obedecen a asuntos que han ocurrido hace más de 30 años». Los perpetradores de los abusos sexuales son «clérigos, sacerdotes, curas, diocesanos, presbíteros, religiosos ordenados, hermanos no ordenados y laicos con alguna encomienda o trabajo en la iglesia», prosiguió. «Habrá procesos de formación que impidan que esta situación se dé en el presente y el futuro, y para apartar a aquellas personas de las que se demuestre que son indignas».

Sobre la investigación por parte del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, aprobada ayer por el Congreso, la posición de la curia es la de «colaborar» pero no «participar». Aunque Argüello reconoce que «la iglesia española ha dado un giro en el camino que venía haciendo», mantiene que «estamos a la espera de lo que se nos plantee, una propuesta concreta. Lo primero es saber cuál es el objetivo».

La «colaboración en la medida que se nos diga» tiene tres condiciones, indica: el marco jurídico, el «respeto a la privacidad de las víctimas» y la ley de protección de datos. Sin embargo, la iglesia no se plantea «formar parte de esa comisión».

Argüello lamenta que el Congreso tuviera una «iniciativa que sólo mira a la iglesia» y no abriera la orden para que «se amplíe a toda la problemática de los abusos que afecta a toda la sociedad». Sobre el dossier de víctimas recibidas del diario 'El País', sostiene que se ha contactado con los denunciantes y han recibido «tres tipos de contestaciones»: aceptan entablar un contacto directo con la iglesia, responden que no quieren «ponerse en contacto» y «ninguna respuesta».

La iglesia católica anunció también que defenderá la objeción de conciencia frente a la ley de la eutanasia y la probable reforma de la ley del aborto, propuesta por el Gobierno para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en los hospitales. Según la iglesia, tanto la eutanasia y como el aborto son un «fenómeno de comportamientos que eran tolerados mediante la despenalización, y que ahora se transforma en derechos que colisionan en otros que consideramos más fundamentales, como la objeción de conciencia».

Estos «derechos subjetivos», alentados por un «individualismo que no quiere aceptar ningún límite ético», implican «la negación de auténticos derechos fundamentales de otros seres humanos», dice Argüello, al referirse a la eutanasia y la «próxima reforma de la ley del aborto».

Otros derechos que consideran amenazados por la fórmula del Gobierno para evitar que los médicos se nieguen a practicar abortos y eutanasias en los hospitales públicos son «la libertad de conciencia y la libertad religiosa». Argüello pide reflexionar sobre «el significado que la objeción de conciencia tiene para la libertad». Sobre este tema, la iglesia prepara una propuesta que dará a conocer próximamente, «en este momento de gran transformación, un momento de grandes cambios sociales y antropológicos».