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Iñigo Fernández de Lucio
Jueves, 14 de noviembre 2024, 10:30
El Juzgado de primera instancia número 8 de Bilbao ha condenado al colegio concertado Nuestra Señora de Begoña, del barrio de Santutxu, a pagar 40.000 euros a una familia por no actuar ante un grave caso de bullying. La hija de los demandantes sufrió « ... constantes agresiones» físicas e incluso de índole sexual, intimidación y acoso a manos de una compañera de clase cuando apenas tenía cinco años. La situación se alargó durante meses hasta que la familia finalmente cambió a la niña de centro. En la sentencia, el magistrado entiende que el colegio no hizo lo suficiente para evitarlo.
Como consecuencia de las agresiones, la niña perdió el habla de forma temporal, sufrió «un intenso retraimiento social», además de «episodios de angustia, insomnio y pérdida de apetito» y, pese a su corta edad, tuvo que ser medicada con Lorazepam, un potente ansiolítico. Contra la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, cabe interponer recurso ante la Audiencia provincial.
La sentencia es demoledora para el centro, que no ha respondido a las preguntas de este periódico. En ella se expone que la psiquiatra de Osakidetza que trató a la pequeña la encontró «extraordinariamente enferma» cuando la examinó. Mostraba «un cuadro propio de estrés postraumático severo como reacción ante una situación de maltrato y abuso de naturaleza sexual». Según declaró la experta en el juicio, el centro «hizo oídos y ojos sordos al sufrimiento» de la menor. Precisó que la víctima «no podía hablar, sólo dibujaba círculos» y que le prescribió ansiolíticos «todo el día» para combatir el cuadro que presentaba. Tres años después, la niña continúa recibiendo tratamiento psiquiátrico y medicación. La familia se ha mudado para alejarse del infierno vivido.
Los hechos se remontan al inicio del curso 2021/22. La víctima cursaba tercero de Infantil cuando una compañera comenzó a acosarla de forma constante. La golpeaba, la arrastraba del pelo, le pintaba la ropa, la tiraba por las escaleras, le pegaba patadas, le quitaba la comida... La agresora, un año mayor, «en ocasiones irrumpió en el baño para quitarle los pantalones cuando se encontraba haciendo sus necesidades y en otras le introdujo rotuladores en la vagina», se puede leer en la sentencia.
El magistrado considera acreditado que no se trató de una situación «aislada ni puntual; se prolongó al menos desde septiembre de 2021 hasta marzo de 2022 sin que se lograse articular ninguna solución que pusiera fin a la misma». Y aquí está la clave: el juez condena al colegio por esta omisión, con el agravante de que la familia alertó de la situación en reiteradas ocasiones, como quedó registrado en varias comunicaciones electrónicas.
Durante el juicio, la directora pedagógica del centro, la tutora de ambas niñas y el jefe de estudios explicaron que la agresora «tenía problemas con todos» los alumnos, a los que «escupía, empujaba por las escaleras, pegaba constantemente»; que «pegaba a profesores»; que «las madres se quejaban todas»... En definitiva, se trataba de «un problema de integración» y que la menor en la que se centra el caso no era víctima de agresiones focalizadas, sino que las mismas se producían con todos los niños.
No obstante, la sentencia reprocha a los responsables que no abordaran el acoso concreto a la hija de la familia denunciante. El centro argumentó en la vista que fue un problema «de convivencia» y no de acoso; y que se activó un protocolo –a iniciativa de los padres, que tardaron meses en conocer de la existencia de tal posibilidad– que se cerró sin detectar bullying. Los responsables educativos defendieron que la víctima «no supo entender la situación» y que «no se quejaba ni pedía ayuda».
En su defensa, el colegio adujo que se celebraron «reuniones continuas» con los padres –a quienes reprochan no haber acudido a alguna cita–, que se abrió «un protocolo de observación», que tuvieron lugar «tutorías individuales» con la acosadora y «colectivas con toda la clase» y que se adoptaron «medidas en el aula». Pero no se separó a las dos niñas, como exigía la familia.
La sentencia considera que todas estas actuaciones no tuvieron «ninguna eficacia práctica ni contenido concreto». «No hay rastro alguno de que se arbitrase –o siquiera se llegara a considerar la posibilidad– en ningún momento medida alguna que atajase las agresiones y protegiese a la menor», zanja el magistrado. Por todo ello, concluye, «el centro se convirtió en mero espectador». «Las pruebas muestran de forma clara y sin asomo de duda el fracaso del centro a la hora de resolver lo sucedido y garantizar la protección de la menor».
La sentencia del juzgado bilbaíno no es la primera en este sentido. En los últimos años, varios centros educativos, tanto en Euskadi como en el resto de España, han sido condenados por su inacción ante casos de acoso escolar. Sin embargo, lo que dota a éste de un carácter especial es lo elevado de la indemnización que el colegio deberá abonar a la familia: 40.000 euros. Centros de Vitoria o Leioa han sido condenados por hechos similares a pagar hasta 6.000 euros a las familias afectadas. En 2012 sí hubo un colegio de Alcorcón al que obligaron a pagar 40.000 euros a una víctima, pero una revisión en instancias judiciales superiores rebajó la cifra hasta los 32.000 euros.
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