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Miguel Ángel Mata
Sábado, 4 de mayo 2024, 09:30
Un ertzaina de la unidad contra la violencia de género de la comisaría de Rentería ha sido condenado por abusar sexualmente de una víctima a la que había conocido la víspera cuando fue a denunciar un quebrantamiento de una orden de protección. El agente admitió ... los hechos, acontecidos en 2021 en la vivienda de la mujer, durante el proceso judicial y la sentencia de conformidad y firme le impone la sanción mínima aplicable por un delito de abuso con la legislación anterior, previa a la aprobación de la ley del 'sólo sí es sí'. Esto es, 18 meses de multa a razón de 4 euros diarios. En total, 2.160 euros. Esta sanción estaba prevista para los casos en que se producía una situación de abuso en la que no hay consentimiento y no se emplea violencia ni intimidación. En este caso además concurre el atenuante de reparación del daño causado, pues el agente accedió a compensar económicamente a la mujer.
Como consecuencia de estos hechos, al ertzaina se le ha abierto un expediente disciplinario y ha sido apartado cautelarmente de su sección y destinado a otras labores, con la prohibición expresa de desempeñar tareas que comporten atención a la ciudadanía. Una vez que existe sentencia firme, el agente se expone a una falta disciplinaria de carácter «muy grave». Estas pueden acarrear la expulsión del Cuerpo o la suspensión de funciones por un periodo de entre uno y dos años.
Aunque los hechos tuvieron lugar hace tres años, el caso se ha hecho público después de que la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa dictara sentencia firme sobre este suceso el pasado 24 de enero, y de que el asunto haya llegado al Parlamento vasco a raíz una pregunta realizada por la representante de EH Bildu Oihana Etxebarrieta al vicelehendakari y consejero de Seguridad –ahora en funciones–, Josu Erkoreka (PNV).
El policía ha sido apartado de su sección y destinado cautelarmente a labores que no comportan atención a la ciudadanía
En su interpelación, Etxebarrieta pregunta a Erkoreka, entre otras cuestiones, si «considera adecuado mantener en su puesto de trabajo» a este ertzaina; si el Gobierno Vasco ha prestado algún apoyo legal, económico o asesoramiento al agente; y qué medidas se han tomado y se piensan tomar respecto a este funcionario y sobre la víctima.
El responsable máximo de la Ertzaintza defiende en su respuesta que se trata de un «caso excepcional» que «no supone una situación de violencia institucional», asegura que el Departamento de Seguridad «no ha proporcionado asesoramiento jurídico» ni «ha participado de ninguna manera en ningún proceso de mediación ni de defensa del ertzaina condenado», y explica el procedimiento interno seguido por la Policía Autonómica.
Así, subraya que la Jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza abrió el 3 de mayo de 2021, «nada más tener conocimiento de los hechos», un atestado policial ante la presunta comisión de un delito contra la libertad sexual por parte del agente, y que el 11 de agosto de ese año se procedió a la apertura de un expediente disciplinario, cuya tramitación quedó paralizada al existir una causa penal por los mismos hechos.
«Desde que se incoó ese expediente disciplinario, se acordó como medida cautelar el cese del expedientado en la sección de Violencia Domestica/ Violencia de Género (VD/VG) de la Ertzainetxea, prohibiendo expresamente que desempeñara tareas que comportaran atención a la ciudadanía». Una medida que se mantiene, apostilla Erkoreka.
Una vez que hay una sentencia firme, el consejero explica que la tramitación del expediente «se ha reanudado» y que sigue «en fase de tramitación».
Respecto a la víctima, apunta que se han implementado medidas propias de las víctimas de violencia de género, como un servicio de urgencias 24 horas, por vía telefónica y telemática, que le permita protección policial y ayuda inmediata; información sobre sus derechos y los recursos disponibles; orientación relativa al resto de servicios de atención, incluidos los servicios sociales de base, y colaboración plena con los mismos; y se le ha realizado una valoración del riesgo para disponer las medidas de protección que se han considerado necesarias.
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