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David González
Lunes, 23 de diciembre 2024, 09:22
La mayoría de las agresiones sexuales las protagonizan conocidos de las víctimas. Bien lo sabe una adolescente a la que la Audiencia Provincial de Álava intenta resarcir con la condena a su abuelastro. El fallo, al que ha tenido acceso EL CORREO, le impone 12 ... años y medio de cárcel por forzarla, hace ocho años, en un garaje comunitario de un barrio de Vitoria.
El ataque ocurrió el 17 de diciembre de 2016 en el automóvil del ahora condenado. Un vecino les vio dentro del vehículo, pensó que eran ladrones y llamó al 112. La patrulla de la Ertzainza que les interrogó desconfió enseguida del adulto porque tenía «la bragueta bajada» y «los asientos delanteros estaban desplazados hasta el salpicadero». El abuelastro lo justificó porque «conducía así» y agregó que habían bajado a poner la pegatina de la ITV pero sin presentar prueba. Como la niña –entonces de ocho años– negó problema alguno, el tema quedó olvidado. En 2021, durante la investigación por sufrir otra violación a manos de su padrastro –preso desde primavera por esos hechos paralelos–, esta chica se decidió a hablar.
Este proceso penal orbitó sobre la credibilidad del testimonio de la víctima, que sigue siendo menor de edad a día de hoy. Su declaración en la sala de vistas fue «sucinta pero clara», según el magistrado Francisco García Romo, autor de la sentencia, validada por sus compañeras Elena Cabero y Ana Zulueta. «Aún hoy escucho el sonido de cuándo se desabrochaba el cinturón», contó la adolescente en la vista oral, celebrada en noviembre.
Se apoya el juez en los informes psicológicos para contextualizar la tardanza de la chica en denunciar. «El acusado adquirió una posición de cercanía y de poder sobre la menor» y habla de «manipulación afectiva» por parte del abuelastro. Tardó en revelar su secreto por «miedo a no ser creída y a generar daño en la familia».
De esta forma, la condena por esta «agresión sexual a menor de 16 años» asciende a 12 años y medio de prisión, en la línea de lo solicitado por el fiscal Fidel Cadena, y el abogado de la acusación particular, Jesús Aberasturi. La letrada de la defensa, Leyre Apiñániz, puede recurrir al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y, después, al Tribunal Supremo.
La resolución penal incluye la expulsión del abuelastro a su país, Portugal, una vez cumpla un porcentaje por determinar de la pena en la cárcel alavesa de Zaballa. Lleva allí desde julio por refugiarse en su ciudad natal y no presentarse a la primera fecha del juicio, fijada en un principio para el pasado mayo.
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