Las comunidades dispondrán de seis meses más para abrir centros de crisis de violencia sexual

Ante la inacción autonómica, el Ministerio de Igualdad ha pedido una tercera prórroga con la que los gobiernos regionales tendrán medio año más de margen para poner en marcha los 52 centros de crisis para víctimas de violencia sexual, uno por provincia más las dos ciudades autónomas. A menos de 15 días, más de la mitad aún no han abierto sus puertas, otros lo han hecho pero no están operativos y solo unos pocos están en completo funcionamiento.

La creación de estos centros, contenida en la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, llega con el objetivo de crear una red de atención de emergencia a las víctimas de violencia sexual. Estos espacios están pensados para atender de forma urgente y permanente a las víctimas de violencia sexual por lo que deben abrir presencial y telefónicamente 24 horas 365 días y, además, contar con equipos multidisciplinares que presten atención psicológica, jurídica y social de forma coordinada.

Según el desarrollo de esta normativa, los centros deberán cumplir con los criterios de atención permanente y actuación urgente, facilitando atención psicológica, jurídica y social para las víctimas y las personas de su entorno. Con estos medios, siempre que una víctima lo precise, a cualquier hora del día, cualquier día del año, se activarán los protocolos que permitan la atención y la actuación de las personas profesionales que se requieran las 24 horas del día y, en su caso, puedan realizar acompañamiento presencial y emocional en función de la situación que haya que abordar.

Para cubrir con estas exigencias, el Gobierno repartió 83 millones de euros a las comunidades, una partida procedente de los fondos europeos de recuperación que se concretó en transferencias de 19,8 millones en 2021, 46,2 un año después y 17 millones en 2023. A pesar de ello, «los deberes no se han hecho», destacó Ana Redondo, ministra de Igualdad, en una misiva enviada a los ejecutivos autonómicos. «Si no se cumple con lo pactado con Europa, habría que devolver los fondos que se repartieron a las comunidades para su puesta en marcha».

Hasta antes de la reunión de este lunes y con las uvas ya casi sobre la mesa, poco más de una veintena de provincias tenían en marcha estos centros, aunque los gobiernos autonómicos aseguran que su previsión es que antes del 31 de diciembre estén listos. Según sus departamentos de comunicación, Galicia abrirá los cinco que tiene previstos «en los próximos días», al igual que el de Logroño en La Rioja o los cuatro planificados en Extremadura, donde «se están ultimando pequeños detalles de las obras». El gobierno de Castilla-La Mancha también ha advertido de que el de Toledo empezará a funcionar «a finales de esta semana o como mucho la que viene», al igual que el de Zaragoza o los centros de Andalucía.

Sin embargo, muchos de ellos han llegado o llegarán de manera testimonial y sin los servicios mínimos exigidos por la ley orgánica. Desde las organizaciones sociales recuerdan que no es cuestión de que los centros abran sus puertas antes o después del 31 de diciembre de 2021, «la clave es que estén operativos y que cumplan con los estándares exigidos», señalan.