Comienza el juicio contra el «anciano justiciero» de Ciudad Real

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 1 de agosto de 2021 en una casa de campo situada a las afueras de la capital ciudadrealeña, en el parque forestal La Atalaya. José, un conocido librero jubilado desde hace años, se despertó por unos ruidos que procedían de su parcela. Sobresaltado, cogió una escopeta de cartuchos y salió al exterior. Allí sorprendió a un hombre que portaba una motosierra apagada y varias herramientas que había robado de la caseta de su parcela y le disparó con la escopeta.

Tres tiros efectuados a unos cinco metros de distancia que fueron mortales ya que impactaron de lleno en el tórax y en la espalda. Minutos después llamó a la Policía Nacional para relatar lo ocurrido. El fallecido resultó ser un hombre de 35 años, de origen hondureño y con numerosos antecedentes por robos que, además, había intentado robar en otras viviendas próximas a la de José. Según la fiscalía, José actuó «con ánimo de acabar con la vida del intruso».

La misma tesis mantiene la acusación particular, que solicita una condena de 25 años para el acusado y niega que el fallecido tuviera intención de robar. De hecho, sostiene que accedió a la parcela y cogió la motosierra porque quería cortar unos almendros para comer. Por su parte, la defensa del «anciano justiciero» pide la libre absolución al entender que actuó en defensa propia y por miedo, alegando al respecto que poco antes de aquel suceso mortal habían intentado robar en su casa.

José Lomas estuvo como preso preventivo en la cárcel de Herrera de la Mancha, en Manzanares (Ciudad Real) desde su detención al día siguiente de los hechos hasta mayo de 2022 cuando consiguió la libertad provisional después de pagar una fianza de 5.000 euros. Retornar a la calle no fue tarea sencilla pues su abogado había solicitado su libertad provisional en varias ocasiones con resultado negativo porque la jueza que instruye el caso consideraba que la reacción del anciano había sido desmesurada.

Finalmente, la jueza aceptó la petición de su letrado por dos motivos: la suspensión de condena a los mayores de 70 años con problemas de su salud y el hecho de no existir riesgo de fuga del octogenario. Desde entonces, José ha tenido que comparecer cada semana en el juzgado después de haber entregado su pasaporte y comprometerse a no salir de España.