En coma y tetrapléjico por la agresión de un compañero de trabajo en Marbella

Sucedió sobre la una de la madrugada del 31 de diciembre de 2018 en la avenida del Mercado de Marbella. La víctima, un hombre de origen magrebí que ahora tiene 49 años, fue hallada inconsciente sobre el asfalto. Junto al herido se encontraba su coche, arrancado y estacionado encima de la acera. Nadie vio nada. No hubo testigos de lo ocurrido. Pero algo quedaba claro a tenor de su estado: había sufrido una agresión.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional en Marbella se hizo cargo de la investigación, en la que ni siquiera contaban con el testimonio de la víctima, que ingresó en el hospital en estado crítico con gravísimas lesiones en la cabeza. No recuperó el conocimiento. Su estado era, y sigue siendo, de coma vigil, es decir, abre los ojos, pero no se interrelaciona con el medio ni es capaz de obedecer órdenes.

Al identificarlo, los agentes descubrieron que era cocinero en el Monkey Club, un buen restaurante situado dentro del hotel Puente Romano y del hotel Nobu. Esa noche había salido de trabajar y, al parecer, se dirigía a casa, hasta que algo hizo que detuviera el coche, lo dejara mal aparcado sobre la acera y se bajara del mismo.

La reconstrucción de ese viaje a casa, al terminar la jornada laboral, proporcionó a los investigadores las claves del caso, que el lunes será juzgado en la Audiencia Provincial de Málaga. Según las pesquisas, la víctima conducía su coche, en el que llevaba a otros tres compañeros de trabajo a los que iba a dejar de camino a su domicilio.

A la mañana siguiente, cuando los policías fueron a buscarlos a su trabajo, uno de ellos tardó algo más en llegar que los otros dos. Era el ayudante de cocina -24 años y de nacionalidad colombiana-. Además, tenía roto el quinto metacarpiano de una de sus manos. Al parecer, reconoció a uno de sus compañeros que había discutido con la víctima y se habían peleado. Pero la versión que siempre ha mantenido es que, cuando se fue, lo dejó apoyado en el coche.

Poco antes de las 20.00 horas del 31 de diciembre, la Policía Nacional lo detuvo como sospechoso de la agresión que había dejado gravemente herido a su compañero de trabajo. Se le ha investigado -y por ese delito se sentará ahora en el banquillo de los acusados- por homicidio en grado de tentativa.

Según las pesquisas policiales, en el vehículo se gastaron algunas bromas y parece ser que la víctima y el acusado empezaron a picarse entre ellos. Una vez se apearon del coche sus dos compañeros, continuaron juntos el trayecto a casa y la discusión subió de tono. Durante la instrucción, el investigado reconoció que, ante los comentarios de su compañero, él reaccionó diciéndole que si creía que era gay, que le dejase a su mujer. Ese fue, siempre según su versión, que es la única que hay del suceso, el detonante de la pelea a golpes una vez que ambos se bajaron del coche.

Según la Fiscalía, el acusado propinó varios puñetazos en la cabeza y en la cara a la víctima «con la intención de acabar con su vida», lo que le hizo caer al suelo, y a continuación abandonó el lugar de los hechos, dejándolo allí malherido.

La víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico con pérdida de conocimiento, fractura de la bóveda craneal con hemorragia interna, deformidad en la mano derecha, fractura de la mandíbula y traumatismo facial. Tras varias intervenciones quirúrgicas, ha quedado en coma vigil, en estado vegetativo y con una tetraplejia de origen cerebral, además de pérdida de sustancia ósea craneal.

Por estos hechos, el Ministerio Público solicita una condena a ocho años de cárcel, así como la prohibición de acercarse a menos de 500 metros o comunicarse con la víctima durante un periodo de 10 años. Además, pide una indemnización de 392.000 euros por las secuelas y 24.000 euros para sus cuidados por cada año que permanezca en estado vegetativo, en concepto de asistencia sanitaria futura, rehabilitación y adecuación de la vivienda o ayuda de terceras personas, entre otros gastos.

La familia de la víctima, representada por la abogada Carmen María López Postigo, solicita la misma pena de prisión y alejamiento, pero eleva la indemnización hasta el millón de euros y reclama 50.000 euros anuales para los cuidados que requiera el paciente. La defensa, por el contrario, muestra su disconformidad hacia el relato de los hechos de las acusaciones y pide que, en todo caso, y de forma subsidiaria, se considere la eximente de legítima defensa y las atenuantes de arrebato y confesión, por lo que solicita la libre absolución del investigado.