El círculo perverso que atrapa a los hijos de la violencia de género

La orfandad por violencia de género, que ha dejado 309 menores huérfanos desde 2013, según la Fundación Soledad Cazorla que destina becas a estos niños desde hace cinco años, es una «situación dramática y terrible pero poco habitual» rodeada de desinformación que incrementa la «problemática a la que se enfrenta la familia», dice Joaquín García Cazorla. «Los poderes públicos no tienen en mente la relevancia de sistematizar y dirigir correctamente la información de los problemas que afectan la tramitación de los procesos judiciales, los procedimientos de guardia y custodia, y los de filiación y adopción».

Ocho años después, esos niños, hijos de Guacimara Rodríguez, viven con su tío (hermano de ella) en Canarias, y Luz Marina, su tía, se ha encargado de proteger su patrimonio, en un recorrido a veces ciego en dependencias públicas y privadas. «Empieza en el minuto cero», afirma Luz Marina. «Piensas primero que el padre no tiene derecho a nada, por haber matado a la madre, pero no es así. Y no hay un protocolo claro en la violencia de género. Primero tienes que conseguir la retirada de la patria potestad, que es provisional hasta que termina el juicio».

Guacimara y su expareja, el padre de los dos niños, tenían una casa en común, que «no pasa directamente a ellos», reclama Luz Marina. «Hay que reclamar al seguro para poder liquidar lo que resta de hipoteca». Relata la tía de los niños que para completar ese trámite tiene que reunir «muchos papeles», desde los que certifican la violencia de género hasta la salud de la víctima antes del hecho. «Vete a pedir la documentación», recuerda. «Empiezan a tirarse la pelota unos a otros y al final te lo hacen como un favor». «No siempre todas las oficinas de la seguridad social tienen la información completa», confirma Soleto. «Es imprescindible que se incremente el nivel en el servicio de apoyo a las víctimas».

En su caso, más de seis meses después --«en los que la hipoteca se sigue pagando, con las cargas de la propiedad, y son las familias las que tienen que hacerse cargo»--, el seguro responde y paga lo que resta de hipoteca al banco, «que te penaliza por pagar por adelantado». Más dinero que sale de la familia. Los niños tienen la mitad heredada de la madre pero no la del padre. Se reclama que la mitad del padre como parte de la liquidación, puesto que se ha declarado insolvente. Otro juicio para que se logre este reconocimiento.

La ley necesita reformas, reclaman ambas fundaciones, al presentar su memoria del año pasado: 30 becas concedidas a los hijos de la violencia de género. «Los menores tienen que recibir la indemnización de la responsabilidad civil del delito por parte de su padre, que no tiene liquidez», explica García Cazorla. «La única forma para efectuar esa compensación es cediendo la opción de la propiedad de la vivienda familiar que le correspondía a él. Esta transacción está sujeta a la tributación, y los huérfanos no pueden hacer frente a eso, lo que les impide acceder a esta reparación. Lo mismo en el pago de la plusvalía municipal».

Otra paradoja del laberinto es que los niños no pueden ser adoptados por las familias que les acogen, en este caso sus tíos. «Tienen que seguir llevando el apellido de él, y sólo mencionarlo ya te rompe», lamenta Luz Marina. La cuestión es que al ser efectiva la adopción, los niños pierden automáticamente la pensión de orfandad sin importar las rentas de las familias. «Aquellas familias vulnerables no pueden permitirse la adopción», dice Soleto.

Por otra parte, la familia pelea el cobro de un seguro laboral, porque el asesinato ocurrió cuando ella salía a trabajar. Lo gana. Pero la sorpresa llega cuando el Estado paga la indemnización estipulada por la ley (un monto único por mujer sin importar la cantidad de hijos que tenía y que en este caso se divide entre dos) restando el monto del seguro privado. El Ayuntamiento y Hacienda reclaman también su parte: «la casa es una cesión», dice Luz Marina, que afronta además los gastos de la casa.

El proceso es tan largo que ocho años después en el caso de Guacimara y sus hijos, «los niños todavía no tienen nada», dice Luz Marina. El sistema parece reírse en su cara: con la muerte de su hermana, las facturas salen a nombre de su asesino. «La ley aprobada en 2019 es positiva y ha protegido a 42 niños desde entonces», sostiene Soleto. «Pero requiere reformas. Nos hemos reunido con el PSOE pero nuestras propuestas están para quien quiera recoger el guante». En medio de ese círculo de piedra de papeles y despropósitos está atrapada la casa de los dos hijos de Guacimara. No se puede alquilar ni vender. Ahí todavía está el nombre del padre en las escrituras, y podría reclamar su parte.