La ciencia española ha dejado sin gastar el 50% de los fondos presupuestados con las empresas

El informe, coordinado por el profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Vicente Larraga, y en el que participaron los también investigadores Isabel Álvarez, Jesús Ávila, Mariano Barbacid, Ana Cuevas y Josep Lobera, destaca que mientras los países avanzados incorporaron la ciencia y tecnología a su agenda política como base de una industria innovadora, en España esto no se ha producido. Esto ha llevado a que la ciencia y la tecnología “se considere una competencia más que tiene que asumir el Estado, pero no de las más importantes y por una razón estética fundamentalmente, sin asignarle un poder movilizador del progreso socio-económico”. Por este motivo, durante la crisis se ha producido el mayor recorte en la inversión en I+D de los países occidentales, mientras otros incrementaban la inyección de capital entre el 12 y el 30%, aumentando así la brecha existente con ellos. Esta dependencia gubernamental hace que “haya importado más la gestión administrativa que los resultados científicos obtenidos”, porque los investigadores tienen que incluir las tareas no productivas -fundamentalmente administrativas- entre sus funciones, “lo que provoca un serio derroche de capital humano”.

Los expertos también ponen de relieve la carencia de una estrategia de prioridades y la descoordinación entre las instituciones, lo que se traduce en “un gasto ineficiente, pues no consigue llevar a cabo la inversión prevista ni siquiera en los años de bonanza económica”. Y es por esto por lo que la inversión privada tampoco se incrementa.

Para paliar los recortes, los autores del informe destacan que debe incrementarse el gasto público en I+D hasta un nivel que permita alcanzar el 2% del PIB y recuperar a más de 80.000 investigadores y tecnólogos de todos los niveles en los próximos seis años. Esto supondría una inversión continuada de unos 600 millones anuales en nuevas infraestructuras, como se hizo durante los años 2001 a 2008.

El informe de la Fundación Alternativas propone que la ciencia y tecnología se incluya en la agenda política “como un pilar de progreso” por medio de la puesta en marcha de una política de reindustrialización basada en la innovación. También apuesta por establecer un nuevo sistema de gobierno para la ciencia “con mayor participación de la comunidad científica”. Aquí subraya la necesidad que los miembros de la Agencia Española de Investigación sean propuestos por la sociedad científica y no por el Gobierno. En este punto, el documento considera necesario crear una oficina parlamentaria de evaluación de las políticas científicas y tecnológicas, para asesorar a los diputados “que normalmente carecen de conocimientos científico/tecnológicos”.

Para avanzar en la calidad de las investigaciones, el informe cree “ineludible” eliminar la exclusividad funcionarial en los organismos públicos de investigación y las universidades, y permitir un sistema de adquisición de personal científico basado en contratos estables y niveles salariares similares a los de los funcionarios. Esta reforma incluiría un sistema de movilidad real de investigadores entre las diferentes instituciones dedicadas a la investigación que incremente la cooperación entre proyectos