La 'ley de ciencia' quiere acabar con el sistema funcionarial para impulsar la investigación

El «acceso del personal científico» depende actualmente de una «escala» que cierra los espacios a los que no han recorrido los pasillos de las instituciones y que desemboca, con suerte y después de varias becas o contratos temporales, en una plaza de «científico titular» con los privilegios del funcionario. Un sistema condenado a la «extinción», en palabras de los sindicatos, debido a que la posible nueva legislación creará una «ruta a la permanencia», mejor conocida como 'tenure track', utilizada en los centros de investigación más competitivos de Estados Unidos o Inglaterra.

«Al declararse a extinguir la escala de científico titular se elimina la única vía de promoción interna para el personal de la escala técnica superior especializada con título de doctor», asegura Elisa Fernández Núñez, técnico superior especializado del CSIC y representante de CC OO. «El personal funcionario no perderá su empleo, pero hace muy difícil su promoción, y quedan estancados sin posibilidades reales de acceder a una carrera profesional como la actual, mientras que el personal temporal precario puede perder su puesto de trabajo».

Aunque el ministerio señala que no hay «nada» que impida que los investigadores locales se beneficien del 'tenure track' y depende sólo de la excelencia de sus resultados, los representantes de los trabajadores sacan cuentas de los que se podrían quedar en la calle. En el centro de referencia español, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), «tenemos más de 6.000 contratos laborales de los cuales solo 739 son fijos», dice Fernández Núñez. «En el sistema sanitario podría llegar hasta el 80% del personal», unos 82.000, según la Federación de Sanidad.

El asunto de fondo es espinoso y ninguno de los actores que apoyan el 'tenure track' lo menciona directamente. ¿Es el sistema funcionarial un lastre a la competitividad? «Sí, es un lastre», responde Vicente Larraga, analista de la Fundación Alternativas y científico del CSIC, que estudia el fenómeno de la fuga de cerebros desde hace más de dos décadas. «La competitividad es feroz y da lugar a alteraciones indeseables, como la influencia de los grupos de presión».

Otra distorsión en la contratación de investigadores es la «endogamia», uno de los factores que «expulsa más talento», señala otra fuente. En España, para cubrir una plaza de científico titular existe la convención de concederla al candidato cercano a las figuras influyentes de cada institución, que ha encadenado contratos precarios hasta una edad media de 43 años. En la variante de captación de talentos propuesta por el ministerio, se apuntaría directamente al científico que desarrolla una línea de investigación en cualquier parte del mundo.

Apoyada por entidades como la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), que aboga por eliminar «trabas administrativas» y «negociar salarios competitivos», la 'tenure track' ofrecería, además del sueldo, una permanencia sujeta a sus propios objetivos. «Queremos que el próximo gran relevo generacional de científicos, que está cerca, se haga con una ley que garantice que aquellos que crean grupos de investigación sean los mejores», dice una fuente del ministerio. Aunque asegura que no existen «líneas rojas» en la negociación con otros actores, «la ley no tiene sentido si la figura de contratación no nos permite atraer al mejor talento».

La figura de un contrato de permanencia para investigadores elegidos ('tenure track') y el sistema funcionarial están llamadas a coexistir, algo factible con el aumento del presupuesto. «Pueden convivir, no hay ningún problema», sostiene Larraga. «Facilitaría mucho el desarrollo de la ciencia si hay un cupo nuevo de científicos por el 'tenure-track', que no tendrían la seguridad del funcionario, a la vez que se mantiene a los contratados como están. Pero si queremos tener un sistema de ciencia y tecnología como base de una economía de la innovación hay que aumentar mucho y despacio el presupuesto, invirtiéndolo en las contrataciones de científicos y financiando sus equipos de investigación».

En esta cohabitación de modelos, el COSCE promueve que «el déficit de rendimiento debe tener consecuencias: no estabilización, no promoción, no subida salarial, afectar al presupuesto de la institución», según un documento enviado al ministro Duque. Por su parte, los sindicatos van en sentido contrario: ofrecer contratos fijos automáticos al personal «precario» para acabar la «temporalidad» y remediar el «envejecimiento de las plantillas».

Además, critican que «el borrador apuesta por la desfuncionarización» de la carrera científica, según el sindicato CSIF. La resistencia a una nueva forma de captación de recursos humanos se plasma en protestas en todo el país convocadas por la Marea Roja, una marca de varias entidades relacionadas con las ciencias, quue reivindican también la creación de una indemnización para los que están en «formación» al terminar sus contratos, o al pago de «trienios».