Lo que la ciencia policial aprendió del caso Alcàsser

El rastro de Míriam, Toñi y Desirée se perdió hace tres décadas en la carretera entre Alcàsser y Picassent, de camino a la discoteca Coolor. Había fiesta de octavo de EGB aquella tarde de un viernes, 13 de noviembre de 1992, que marcó un punto de inflexión en casi todo: en la práctica del autoestop, en los temores colectivos de la juventud y los padres, en la manera de abordar los sucesos por los medios...

Y tras la estela del triple crimen también dio un vuelco la ciencia policial y forense. Nacieron protocolos y cautelas escrupulosas en las inspecciones tras hallazgos de cadáveres, se extendió el uso policial de la videovigilancia. O los sistemas para controlar movimientos de víctimas y sospechosos a través del teléfono móvil. Analizamos los fallos, mejoras y avances que dejó una tragedia imborrable que ahora cumple 30 años.

Los padres de las niñas vivieron un fin de semana angustioso. Se aferraron a la esperanza de la clásica escapada juvenil, pero sus hijas habían salido de casa con lo puesto. Sin apenas dinero. El sábado (14 de noviembre), la preocupación se extendió por Alcàsser al trascender la desaparición de las menores, y todo se agravó el lunes cuando no acudieron a clase.

Los guardias civiles centraron sus preguntas en amigos de las víctimas y clientes habituales de la discoteca. También indagaron entre reclusos puestos en libertad por aquellas fechas y delincuentes sexuales 'fichados'. Mientras, el Ayuntamiento de Alcàsser editó miles de carteles con los datos de las desaparecidas que inundaron Valencia. El paso de los días agrandó la angustia. También la confusión, pues centenares de personas aseguraban haber visto a las menores en la Comunitat y fuera de la región. Este punto tuvo su propia tragedia. Mientras guardias, policías y vecinos buscaban a las adolescentes en pozos, casas abandonadas y barrancos, un accidente se cobró la vida de Fernando Castilla, voluntario de Protección Civil de Torrent. El joven de 26 años murió al ser arrollado por un Nissan Patrol en una carretera de Picassent.

A pesar de la ausencia de medios digitales y redes sociales, el impacto del caso y el esfuerzo difusor de las familias fue de tal calibre que la búsqueda sobrepasó nuestras fronteras. Los datos de las niñas viajaron en varios idiomas por toda Europa y hasta por África. Los servicios de Interpol fueron alertados, pero los investigadores siempre consideraron muy improbable que las tres amigas hubieran salido de España.

En aquel entonces no había protocolos definidos ante las desapariciones. Se suplió con un gran esfuerzo colectivo y cívico. En este ámbito, la mejora llegó casi dos décadas después, con la instrucción 1/2009 de Interior sobre la actuación policial ante la desaparición de menores y desapariciones de alto riesgo. Marca, en primer lugar, un modelo de denuncia especial para casos de desapariciones. Nada más recibirse la denuncia pasa automáticamente a la base de datos de Personas Desaparecidas y Restos Humanos Sin Identificar (PD y RH), sistema informático único para todos los cuerpos policiales que integra toda la información disponible en este ámbito. El objetivo es facilitar un cotejo automático de datos de personas desaparecidas con los de cadáveres o restos humanos sin identificar.

Al mínimo indicio de criminalidad se transfiere el asunto a la unidad de Policía Judicial competente, sea de Policía Nacional o Guardia Civil. El equipo que recibe la denuncia realiza una primera valoración de riesgo, que en el caso de los menores se presume siempre alto. Ese nivel conlleva siempre gestiones extraordinarias como activar a las unidades de Policía Científica o Criminalística para una inspección ocular, si ésta es posible, y una consulta de datos a Interpol. Además, se activa una alerta para comunicar la desaparición a todos los cuerpos policiales y a los puestos fronterizos.

La desaparición de alto riesgo, con la que sin duda se hubiera calificado el caso Alcàsser, «autoriza a la Policía Judicial a chequear bases de datos y registros públicos para detectar movimientos de la persona desaparecida», destacan desde el Ministerio del Interior. Impone la obligación de contactar con la familia para facilitar y recibir información del caso o activar el sistema de alertas por desaparición de alto riesgo, el SADAR, que contempla la difusión de imágenes a través de medios de comunicación. Ya en 2017 nació el Centro Nacional de Desaparecidos, cuya función es elaborar informes y difundir datos de personas desaparecidas. En definitiva, coordinar toda la información y respuesta ante el problema.

Con las niñas desaparecidas, fijado el punto aproximado donde se pierde su rastro, la Guardia Civil se centró en la búsqueda de testigos. Una mujer dijo haber visto a tres chicas subirse a un coche blanco, el color del Opel Corsa que se intervino a Miguel Ricart después tras el hallazgo de los cuerpos, el vehículo que se empleó en el rapto.

En este punto y otros, como la huida de Anglés, hubiera resultado crucial una herramienta policial hoy muy extendida, pero casi inexistente en aquellos inicios de los años 90: las grabaciones con cámaras de vídeo en entradas de pueblos y ciudades, en gasolineras o en locales públicos. Como destaca un alto mando policial, esto es hoy «de utilidad para el seguimiento del tráfico, pero ha sido empleado en infinidad de ocasiones en investigaciones criminales para intentar detectar matrículas o destapar movimientos y mentiras por parte de sospechosos». Sólo Picassent, donde estaba la discoteca a la que se dirigían las niñas, dispone hoy de 15 cámaras de videovigilancia. Según fuentes municipales, «evidentemente, en el caso que pasara lo de las niñas hubiera quedado grabado». Las hay en la entrada principal del pueblo, en la plaza del Ayuntamiento, en la carretera que cruza el municipio...

Hay ejemplos a raudales de los casos en los que una grabación de vídeo ha sido clave. José Bretón, el asesino de sus hijos en Córdoba, fue grabado por las cámaras de un parque infantil. Otra de un negocio de Torrevieja permitió este año poner nombre al asesino en serie de una funcionaria y un agricultor en Alicante. Varias personas lo reconocieron tras la difusión de las imágenes.

En la mañana del 27 de enero de 1993, un apicultor encontró una mano que sobresalía de la tierra en el paraje de La Romana, en Tous. Avisó a la Guardia Civil y llegaron los primeros agentes. Nadie sabía que había tres cuerpos en lugar de uno. La inspección tras el hallazgo de las niñas ha sido uno de los puntos más criticados con el paso de los años. Como contrapartida, los agentes encontraron ese mismo día la pieza clave: el papel sanitario troceado que permitió llegar hasta los asesinos, puesto que en él aparecía el nombre de un hermano de Antonio Anglés.

No obstante, hubo mucho que podría haber mejorado aquel día, con procedimientos hoy perfeccionados bajo el planteamiento de que la escena de un crimen es 'sagrada' y jamás debe ser contaminada. En aquel momento no se acordonó la escena del crimen, como hoy se haría desde el minuto cero y en un área de monte amplia. Por ejemplo, el trabajador de la funeraria, dos apicultores y tres periodistas de LAS PROVINCIAS estuvieron dentro del área de investigación incluso después de la llegada del juez. Según testigos, algunos agentes fumaron allí y eso bajo ningún concepto sucedería hoy. Tampoco llevaban los monos blancos de trabajo que hoy cubren por entero a los agentes del Servicio de Criminalística en las inspecciones.

Más problemas. No hubo suficientes carretes para hacer las fotos, pues inicialmente se pensó que había sólo un cadáver. No hubo registro videográfico del levantamiento de los cuerpos, como sí sucedería hoy en cualquier caso. El primer vídeo lo hizo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al día siguiente, en el terreno, pero con los cuerpos ya en depósito judicial. La Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil de Valencia no disponía en aquel entonces de cámara de vídeo y un guardia grabó la autopsia con la cámara que le prestó un familiar.

Para Vicente Garrido, profesor de Criminología en la Universitat de València, «la escena del crimen no fue preservada correctamente de posibles contaminantes», y la recogida de pruebas también tuvo sus errores, «lo que explica que, mucho tiempo después, se encuentren indicios». En la tarde del hallazgo y a la mañana siguiente, los investigadores cribaron la tierra, pero allí quedaron dos fragmentos de un dedo de una de las víctimas, dos huesos que aparecieron en 2019. «Hoy se hubiera seguido un protocolo riguroso: se hubiera acordonado la zona, limpiado el lugar de curiosos y analizado cada metro al detalle», describe Garrido.

Santiago Rincón es un veterano en el Instituto de Medicina Legal (IML) de Valencia. Destinado allí desde 1985 y con casi cuarenta años de servicio, opina que los trabajos forenses del caso Alcásser «se hicieron correctamente, pero con los medios más precarios de esa época». Se desmarca de las duras críticas a la investigación que lanzó el forense Luis Frontela y del grupo a favor de un supuesto complot de una red criminal pederasta en altas esferas.

Sí admite que fueron muchas las mejoras que llegaron después. Cita que en el hallazgo y levantamiento de cadáveres no se emplearon los conocidos monos aislantes blancos de cuerpo entero que impiden la contaminación de la escena del crimen. «Eso llegó casi dos décadas después». El sistema fotográfico era aún muy precario. «Íbamos a los levantamientos con una cámara y dos carretes. Si salía mal uno, se revelaba el otro, pero no había más opción. Hoy, con la digitalización, la imagen se revisa al momento y sobra resolución cuando antes faltaba».

Pese a ello, destaca el forense, «supimos lo esencial para la resolución del caso: causa de las muertes, dónde estaban las lesiones homicidas y que a las niñas las mataron horas después de perder su virginidad por agresiones sexuales». Los forenses emplearon un aparato de rayos X portátil prestado por el Hospital Clínico. «Hoy tenemos uno propio y más potente», detalla.

En los años noventa, «estábamos aún en mantillas en la extracción de muestras de ADN y cotejos». Ahora, contrapone, tenemos laboratorio propio. Aunque los cotejos se hacen en Barcelona y luego llegan los resultados hemos ganado mucho en agilidad y capacidad técnica», agrega Rincón. Como ejemplo de las nuevas capacidades surgidas en el IML después del caso Alcàsser, Rincón destaca «la completa identificación de las víctimas del accidente del metro en sólo 12 horas gracias a la comparación de huellas dactilares».

En cuanto a los intentos de captura de los asesinos, exitoso en el caso de Ricart y fallido con Anglés, Garrido ahonda en otro punto crucial. «Tras el descubrimiento de la identidad de uno de los hermanos en la escena del crimen, el operativo de captura se realizó de forma precipitada, sin asegurar el conocimiento previo de los paraderos de los hermanos». Garrido estima que hoy «esto se hubiera gestionado de modo muy diferente. Se les hubiera localizado sigilosamente y se les hubiera detenido uno a uno. Hubiera habido un operativo de los GEO preparado para 'cazarlos'».

Hay más puntos en los que el experto aprecia brechas entre lo que sucedió y lo que posiblemente, sucedería hoy. La huida de Anglés, reflexiona, «contó con el factor suerte, pero hoy en día parece algo increíble cómo pudo cruzar la península de punta a punta y escapar en un barco».

Garrido lo explica así: «Actualmente los GEO, con muchísima más experiencia en casos criminales civiles, y con la ayuda de la videovigilancia y triangulación telefónica, lo hubieran atrapado sin duda». Además, «las redes sociales y su capacidad de atrapar el instante no existían. Hoy sería mucho más difícil continuar tantos kilómetros como un fantasma».

Y llegamos así al punto final del recorrido: el tránsito de Ánglés en barco como polizón desde Portugal y el salto al mar que sella el misterio sobre su final. Así ve el experto universitario este punto: «Fue encerrado en el barco al descubrirse que era un polizón, pero actualmente hubiera sido encerrado de modo seguro. Sin duda, el barco hubiera tenido conocimiento de la fuga y la naturaleza de su crimen y se hubieran tomado más precauciones».

Igualmente, «aquellos que lo ayudaron mientras esperaba a embarcar podrían haberse enterado por los teléfonos inteligentes de quién era este sujeto y esta ayuda hubiera sido más improbable».

El caso Alcasser, concluye Garrido, «irrumpió en el inicio de la genética forense». El rastro del ADN, que tantos crímenes ha contribuido a resolver, «en aquellos años no pudo ser de mucha ayuda», razona el experto. «Hoy podría ayudar a dilucidar si hubo otros integrantes en el ataque». De hecho, con los trabajos realizados y las técnicas de entonces no se encontró ninguna prueba genética que incriminara a Anglés y Ricart. Fue la confesión de éste último, el único condenado, y la coincidencia de su relato con las lesiones de las víctimas lo que afianzó la acusación contra los dos delincuentes, además de otras pruebas.

Los avances en el ADN permiten mantener vivo el caso en los tribunales tres décadas después. Los forenses analizaron alrededor de 700 pelos hallados entre los cuerpos y los objetos que los rodeaban. Pero medio centenar fueron descartados por la imposibilidad de sacar información significativa con los medios de entonces. Ahora, una de las acusaciones populares del caso Alcàsser ha pedido una revisión de esos restos. Los biólogos que tratan de obtener ADN cotejarán los resultados con los perfiles genéticos de tres amigos y dos hermanos de Antonio Anglés, el fugitivo y autor material del triple asesinato. Los cinco nombres de los sospechosos aparecen en las diligencias que ordenó la jueza antes de que se hiciera cargo de la causa otro magistrado. También quieren compararlo con muestras del asesino huido que se conservan para afianzar su incriminación en el remoto caso de que fuera localizado y detenido.

Aunque la Guardia Civil descartó en su momento la implicación de Mauricio A. M., Roberto A. M. (falllecido este año), Luis R. G., José Miguel M. C. y Ramón Antonio L. R. en las violaciones y asesinatos de las tres niñas, sus códigos genéticos figuran en el sumario tras ser investigados e interrogados durante la instrucción del caso.

No fue hasta quince años después del crimen de Alcàsser cuando España dispuso de una base única de datos policiales de ADN. En 2007, Interior acordó unificar los ficheros existentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil con la intención de esclarecer más de 4.000 casos sin resolver, desde homicidios y agresiones sexuales a robos con fuerza o delitos de terrorismo. Su filosofía parte del almacenamiento de cualquier resto genético relevante encontrado en escenarios de delitos para poder compararlos con futuros sospechosos o vestigios coincidentes.

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