La cicatriz de una apendicitis descubrió la compraventa del bebé de Don Benito

La investigación se inició la madrugada del martes cuando una mujer de 28 años dio a luz a un varón en el hospital comarcal Don Benito-Villanueva. Los trabajadores del centro hospitalario avisaron a la Policía Nacional por las sospechas surgidas, al comprobar que los datos que aparecían en la filiación de la madre no coincidían con su aspecto físico, así como otros aspectos que los agentes continúan investigando. Según ha podido conocer este diario, uno de los detalles que despertaron sospechas es que la madre natural no estaba operada de apendicitis, tal y como aparecía reflejado en la documentación con la que se quería registrar al bebé.

La madre, que se encuentra en buen estado de salud, al igual que el recién nacido, quedó desde entonces bajo custodia policial en el hospital hasta que reciba el alta y pase a disposición judicial, previsiblemente durante este miércoles.

Los servicios sociales de la Junta de Extremadura se harán cargo de la atención del bebé.

Además, se detuvo también en el centro hospitalario a un hombre y una mujer, de 42 y 43 años respectivamente, que son pareja y residen en Don Benito desde hace varios años. Tras tomarles declaración pasaron a disposición judicial al considerar que hay indicios suficientes de la comisión de un delito. Está previsto que mañana miércoles vuelvan a prestar declaración pero con presencia de un intérprete, ya que tiene dificultades para expresare en español, principalmente uno de ellos.

Los tres detenidos son de nacionalidad rumana. Según los primeros datos de la investigación que ha trascendido, la compra-venta se pactó con la madre gestante en Rumania a cambio de la cantidad de 2.000 euros.

La maternidad subrogada aparece tipificada como delito en el artículo 221 del Código Penal y puede ser castigada con una pena de entre uno y cinco años de cárcel. Con la misma condena son castigadas las personas que reciben a este menor, así como las que actúan como intermediarios.

Según la información facilitada por la Policía Nacional, la investigación se inició cuando la mujer que acababa de ser madre quería registrar a su bebé con unos datos que no concordaban con los que aparecían en su historial clínico, además, no había aportado documentación original en el momento de su ingreso, tan solo una fotocopia de una tarjeta sanitaria a nombre de una mujer cuya historia clínica no era compatible con su exploración física, entre ellas, la cicatriz de una operación de apendicitis anterior, que en realidad la parturienta no tenía.

Con esta información, los agentes procedieron a entrevistar en el propio hospital al supuesto padre del niño y, tras numerosas incongruencias en sus declaraciones, realizaron una serie de gestiones que les permitieron concluir que la madre del bebé había sido ingresada con los datos de su esposa.

Finalmente, según las fuentes policiales, el detenido reconoció a los agentes que habían pagado la cantidad de 2.000 euros en Rumania para comprar al recién nacido, y admitió que la mujer ingresada no era su esposa. Este trato se habría cerrado tres meses antes.

La pareja fue trasladada al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Don Benito minutos después del mediodía, y tras la declaración de uno de ellos fueron trasladados de nuevo, en torno a las dos de la tarde, a dependencias policiales porque era necesaria la presencia de un intérprete. Así, la declaración judicial de los dos detenidos continuará el miércoles ya con la presencia del traductor solicitado.

La investigación de la Policía Nacional se encuentra todavía abierta y la está llevando a cabo la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (Ufam) de Don Benito, especializada en la lucha contra la violencia de género, la violencia doméstica y la violencia sexual.

El delegado del Gobierno, Francisco Mendoza, confirmó pocas horas después la detención de las tres personas acusadas de la posible comisión de un delito de alteración antinatural del régimen de filiación.

«El proceso está todavía en investigación, pero se ha detectado que es posible que se haya cometido ese delito, que una mujer parturienta pudiera haber intentado ceder su hijo en favor de la otra pareja, pero está bajo investigación», explicó el delegado del Gobierno.

Por su parte, el abogado de los tres detenidos, Ángel Luis García Sanz, sostiene que se trata de una acusación «infundada». «No hay pruebas que corroboren de lo que se les esté acusando; mañana intentaremos que se aclare todo y que ellos salgan en libertad, que es lo que procede», agregó.

García Sanz explicó que la versión de sus defendidos es que se trata de «una ayuda a unos compatriotas que van a venirse a vivir a España, nada más». También recordó que sus clientes llevan más de 20 años viviendo en Don Benito. «Nunca han tenido problemas de ningún tipo, no sabemos en qué se basa la acusación, no hay base para ello», insistió a preguntas de los medios.

Se trata del segundo caso de posible maternidad subrogada en España en apenas cuatro días. El pasado jueves 23 de marzo agentes de la Policía Nacional detuvieron en Sevilla a cuatro personas por los delitos de tráfico ilegal o venta de niño y falsedad documental después de que Asuntos Sociales del Hospital materno infantil Virgen del Rocío informara del ingreso de una parturienta que había presentado documentación que al parecer era de otra persona. La Fiscalía de Menores decretó que la recién nacida fuera entregada a la Junta de Andalucía.

Los cuatro detenidos habían planeado que una vez esta mujer diera a luz a la recién nacida, ésta sería entregada a una pareja que no podían tener hijos a cambio de una elevada contraprestación económica.