Ciberángeles de la guarda contra depredadores de niños

Hasta el momento ha sido, sin duda, su golpe más sonado. La 'operación Renascere', en la que ha sido detenido en Madrid un padre por violar a su hija de solo unos meses y luego ofrecer al bebé en las redes sociales a otros pederastas, sigue manteniendo a todo el país en estado de shock. También ellos continúan muy impactados con las vejaciones de Santiago a su hija, a pesar de estar curtidos en escenarios casi tan crudos como el de este caso. Ellos son los especialistas de los grupos de Protección al Menor de la Brigada Central de Investigación Tecnológica de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional. Y a pesar de la larguísima denominación, en la actualidad, en su sede central, que «es la que reparte juego a toda España», trabajan solo 20 personas (14 hombres y seis mujeres).

El monstruo de Lucero (como se conoce ya al pederasta que, además de abusar de su bebé, distribuía de forma masiva pornografía infantil de otros niños con la supuesta connivencia de su pareja y madre de la pequeña) solo es uno de entre los 200 y 300 «objetivos en cartera» que están siendo actualmente seguidos por los tres grupos de esta unidad. En total, a día de hoy, solo en el primer grupo, que fue el que cazó a Santiago, se trabaja en otras 40 operaciones simultáneas.

No todas esas investigaciones –explican desde la Unidad Central– acaban en detenciones, pero aun así cada año la información que parte desde la sede de este organismo en el Complejo Policial de Canillas, en Madrid, sirvió para detener a 400 personas en toda España por delitos contra menores en la red. La inmensa mayoría de los arrestados lo fueron por la difusión de pornografía infantil, a la que los funcionarios dan prioridad frente a la «simple posesión», («que igualmente es un delito gravísimo», remarcan) pero a la que a veces se ven obligados a orillar por la falta de efectivos suficientes.

Según admiten algunos responsables, lo ideal sería contar con, al menos, 15 funcionarios por grupo en la sede central para poder abordar el ingente trabajo de controlar las redes. Eso sí, al menos, estos Grupos de Protección de Menores tiene la ayuda esporádica de unos dos centenares más de agentes de la Policía Nacional de las unidades periféricas de las 17 comunidades y las dos ciudades autónomas que «ocasionalmente» y «no de forma exclusiva» son destinados a investigaciones locales sobre abusos a menores en la red.

La captura del depredador de Aluche ha puesto en primer plano a estas unidades, cuyo trabajo y forma de funcionamiento están entre las más desconocidas de las fuerzas de seguridad. «No, no nos dedicamos todo el día a navegar por internet y la deepweb (la red a la que no se accede por los navegadores convencionales) en busca de contenido pedófilo», aclara uno de los mandos de la operación que acabó con el monstruo de Madrid entre rejas.

Según los cálculos de este oficial, aproximadamente el 60% de las investigaciones contra pedófilos en la red que se desatan en España tienen su origen en la ONG estadounidense National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), una plataforma sin ánimo de lucro que se ha convertido en la brújula de todas la policías del mundo y que, dada su importancia en la lucha contra la pedofilia, recibe financiación del Gobierno de Washington.

«Cada año nos llegan cerca de 20.000 avisos de la NCMEC a través de la Homeland Security Investigations (HSI), el departamento del Gobierno de Estados Unidos que nos avisó también de que la persona detenida en Madrid (el monstruo de Lucero) seguía distribuyendo pornografía infantil», revelan desde Ciberdelincuencia.

La enorme base de la NCMEC «se nutre en un 99% de denuncias automáticas de la industria». Esto es, empresas como Facebook, X, Instagram, Google o Microsoft tienen «potentísimas herramientas y programas» para detectar cualquier contenido que pueda ser pedófilo y avisan a la NCMEC. «Y ahí entramos nosotros. Es una riada de datos sin depurar. Muchas veces son informaciones no trabajables porque simplemente es un dibujo animado de un niño desnudo sin ningún tipo de contenido pornográfico o un vídeo de broma o familiar en el que sale desnudo un pequeño. Todo eso hay que trabajarlo. Ver si son vídeos nuevos, si hay elementos que nos confirmen que se han grabado en España o para identificar a los autores…».

El otro 20% de las investigaciones –estiman los mandos de la Brigada Central– vienen del «trabajo minucioso y a veces muy tedioso» de revisar los principales sitios de descargas, principalmente E-mule, Torrens o Katcr, con herramientas propias en busca de contenido ilegal difundido a o desde España.

El 20% restante de operaciones tiene una génesis más dispersa: la colaboración ciudadana (la Policía insiste en denunciar siempre que se reciba un archivo sospechoso o un enlace pero no buscar para encontrar aunque sea para ayudar, porque eso también es delito); el trabajo de los agentes encubiertos que, ahora sí, haciéndose pasar por menores o pederastas rastrean con potentes programas en busca de pederastas residentes en España plataformas de acceso a la deepweb tales como TOR, ZeroNet, Freenet o I2P; o la plataforma de identificación de víctimas de Interpol, un enorme banco de imágenes y vídeos que la policía internacional pone a disposición de los estados miembros para que sus policías determinen si tienen indicios de que esos contenidos provienen de sus respectivos países.

«Todo cada vez más se basa en potentes bases de datos, en modernas herramientas, en grandes buscadores y en complejos sistemas informáticos, pero al final todo eso se aprende; lo que realmente marca la diferencia es el trabajo y el olfato policial, porque solo con las máquinas no hay resultados», dice con rotundidad uno de los mandos que quitó de la circulación al padre que violó a su bebé e intentó que otros pederastas abusaran también de la pequeña y que ahora, en la cárcel de Valdemoro, se le ha aplicado el protocolo antiagresiones. La ley de la cárcel no perdona este tipo de conductas.

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