Las cárceles españolas, una «olla a presión»

Ese extraño domingo sin visitas de familiares y amigos, suspendidas desde que se decretó el estado de alarma, el altercado no llegó a niveles de violencia física contra los encargados de la seguridad de la cárcel, pero sí mostró el nivel de presión dentro de los centros penitenciarios. «Los tranquilizamos con diálogo», prosigue Juan que, como los demás funcionarios de prisiones, no porta ningún tipo de armas. «Nos conocemos desde hace mucho con los que llevan más tiempo. Hablando, intentamos relajar los ánimos».

Calmada la situación también se disolvió la pelea, pero no la tensión de base. «Va a ir a más», asegura Juan. «Ya nos lo advierten los internos veteranos». Como él, otros funcionarios temen que se produzca una revuelta en cualquiera de las prisiones del país. «Se han producido conatos de motín en Puerto II y Puerto III (Cádiz), donde se ha tenido que aislar a 23 internos», reporta Silvia Fernández, responsable de la sección de Prisiones en CC OO. «Hubo un plante de internos en La Rioja, Picassent y Fontcalent, quemaron cosas. Además hay agresiones relacionadas con las medidas preventivas en Jaén, Picassent, Alcalá y Sevilla I. Son incidentes graves».

Al día siguiente de la «protesta colectiva» en Valdemoro, se conoció que había muerto la primera interna con coronavirus en el Hospital de Arganda. Era una de las casi 4.400 mujeres que hay en las cárceles españolas, de un total de 59.000 internos. Tenía 78 años y cumplía condena en Estremera . «Ingresó en el hospital por sus patologías previas», explica una fuente de Instituciones Penitenciarias. «Se supo que tenía coronavirus cuatro días después de fallecer».

En esa misma cárcel hay otros dos internos hombres en el hospital por COVID-19, que no tenían relación con la mujer fallecida. Ahora en Estremera hay unos 200 internos «en aislamiento completo pero ninguno tiene síntomas», afirman. Hasta la fecha, entre los trabajadores de Prisiones hay 72 positivos y más de 300 en observación a la espera de los test; y entre los internos, siete contagios (uno en Álava) y 125 con sintomatología en varios centros, denuncia Fernández. «Puede ser que tengamos el bicho dentro», dice temeroso de que el contagio se extienda masivamente en las prisiones.

Los vis a vis se interrumpieron el 13 de marzo, aunque ese fin de semana continuaron las visitas en los locutorios separados por mamparas. Una semana antes, el jueves a las 10:30 de la mañana, una mujer de pelo gris y corto, aguardaba su vis a vis. Llevaba en la mano unas fotos familiares impresas y una mascarilla en una bolsa. Al enseñar sus cosas, el funcionario del control de ingresos en la cárcel de Soto del Real no le permitió pasar la mascarilla. En el reglamento se indica que sólo puede ingresar libros, prensa, ropa y zapatos. Para entonces el coronavirus ya se extendía aunque demorara en decretarse el estado de alarma.

A partir del 16 de marzo, los presos fueron aislados del exterior. Después llegó la interrupción de todas las actividades deportivas, culturales, terapéuticas o de ocio, para evitar la entrada de personal no relacionado directamente con la seguridad y la gestión de los penales. En otros países se tomaron medidas similares para frenar al virus, y en varios se han producido motines: al menos tres en Italia, con once muertos; trece en Colombia, con 25 fallecidos; dos en Argentina, con cinco muertos, entre otros. ¿Por qué no estalla la presión en las cárceles de uno de los países más afectados por el COVID-19 y que ha bloqueado el contacto con el exterior desde hace ya un par de semanas?

Más allá de las instalaciones o los recursos destinados a las prisiones, la información brindada a los presos ha ayudado a drenar la ansiedad. «Que la olla de presión no estalle depende de cómo los que trabajamos aquí les hagamos ver que nosotros estamos en las mismas condiciones de confinamiento», explica un psicólogo penitenciario, cuyo nombre se mantiene en reserva. «No creo que se produzcan motines, pero sí episodios puntuales de violencia por parte de personas que no aguanten la presión».

En centros penitenciarios como Almería, Villena (Alicante), Aranjuez o Alcalá-Meco (ambas en Madrid), los directores pasan visita, junto al personal sanitario, módulo por módulo para explicar la situación de primera mano, dice una fuente de Instituciones Penitenciarias para explicar por qué «no arden las prisiones españolas. ¿Qué hemos hecho para que no saltaran como las italianas? Hablar». Con los internos sentados, atentos, el máximo responsable de la prisión se dirige a ellos. «Son prácticamente todos los directores. Les dicen cuál es la situación en el país, qué está pasando con sus familias, y con ellos. Les informan de cuáles son los siguientes pasos en el centro. Ellos preguntan y los médicos contestan. Eso baja la tensión tremendamente».

Las primeras 40.000 mascarillas, que tienen un efecto psicológico en la población reclusa, llegaron el miércoles de esta semana. Los funcionarios que tienen contacto con los reclusos comenzarán a llevarla y esa medida podría rebajar la «situación de calma tensa», que describe Nacho Gutiérrez, portavoz del sindicato Acaip. «No sabemos lo que va a ocurrir».

Los minutos transcurren con más pesadez en las cárceles. Más ahora que no hay actividades que ocupen a los reos. «Se ha producido un gran cambio en los centros. Los familiares no pueden venir y se ha anulado todo tipo de actividades: deportivas, culturales, de ocio, formativas, educativas, terapéuticas... Hay una inactividad absoluta», confirma el psicólogo penitenciario.

Para intentar compensar la nueva situación, Instituciones Penitenciarias ha aumentado las comunicaciones por teléfono, ha creado lugares específicos de cuarentena para los que recién ingresan a cumplir una pena o los que vuelven de sus permisos, y ha extendido los «regímenes abiertos» para unos 6.000 presos (un 15% de mujeres) que ya disfrutaban del tercer grado. Esta medida no se aplica a los beneficiados con el segundo grado, como los presos del procés o Iñaki Urdangarin.

«Nosotros, como institución, no podemos ordenar un tercer grado colectivo pero cada centro sí tiene la posibilidad de abrir más los regímenes abiertos, con controles telefónicos o telemáticos», explican. No obstante, no todos los reclusos que podían beneficiarse de esta posibilidad han abandonado la prisión. Unos 1.700 reos sin domicilio fijo no han tenido a dónde ir. También siguen allí Luis Bárcenas y los implicados en la Gürtel, cuyos abogados han esgrimido la pandemia como una razón para salir en libertad, lo que se les ha denegado. Mientras la situación de contagios está peor afuera que dentro de los penales, en el módulo de respeto de Soto del Real, donde está recluido Bárcenas, se han suprimido las asambleas.