Cae en Alicante una banda que se apropió de las herencias de 22 ancianos fallecidos en la pandemia

Todo comenzó en mayo de 2021, cuando agentes de la Guardia Civil acudieron al domicilio de un extranjero que murió en la localidad alicantina de Benissa y, ante la imposibilidad de localizar a familiares, precintaron la vivienda. Al cabo de unos meses, regresaron al inmueble y no sólo se encontraron con que alguien había retirado el sello judicial de la puerta, sino que ya estaban haciendo reformas y que habían sido sustraídos diferentes objetos, entre ellos una moto de alta gama.

Al buscar esa propiedad en Internet, descubrieron que, para colmo, la casa estaba anunciada en un portal y se encontraba disponible para ser alquilada. Tenían un hilo del que tirar. En esa primera fase, agentes de la Guardia Civil de Alicante identificaron a dos supuestos miembros del grupo criminal que trabajaban en un tanatorio ubicado en la comarca de la Marina Alta. Además de sustraer las joyas a los difuntos no reclamados por los familiares, habrían pasado información para robar en las viviendas de los fallecidos y obtener sus claves bancarias, según la Benemérita.

Sin embargo, sólo estaban ante la punta del iceberg. Porque, cuando la organización se aseguraba de que ningún familiar reclamaba el cadáver del fallecido, entraban en acción los supuestos cabecillas de la banda, dos hermanos residentes en Bilbao. Ella, de 63 años, tiene estudios en Derecho y él, de 54 años, es mediador de seguros. La mujer era gerente de 12 empresas, entre ellas dos inmobiliarias y cuatro gestorías, y el hombre era propietario de una correduría de seguros. Al parecer, cuando se vio cercada por la investigación, habría empezado a planear cómo marcharse del país, pero la Guardia Civil se lo impidió.

Las inmobiliarias de las que es titular, ubicadas en Denia y País Vasco, eran utilizadas para alquilar y vender las propiedades de los fallecidos. A través de las gestorías, que estaban en Bilbao y Cantabria, convertían mediante falsos contratos mercantiles a los difuntos en avalistas de sus empresas. De esta manera conseguían que los finados tuvieran una responsabilidad patrimonial y así, se quedaban con sus bienes de forma muy económica, aclara el Instituto Armado.

Para evadir impuestos, los hermanos supuestamente utilizaban una empresa de construcción y reformas, una oficina de trámites de seguros, un taller de mecánica en Bilbao, dos hoteles en las provincias de Murcia y Valencia, un restaurante en Denia y dos sociedades 'offshore' en Irlanda y Malta. Incluso, se hicieron con el control de una asociación cultural en Bilbao para simular donaciones e impagos en vida de los fallecidos.

Entre los miembros de la banda, también destaca un antiguo trabajador de un ayuntamiento de la comarca de la Marina Alta, quien «asesoraba y realizaba modificaciones catastrales» para inscribir de forma irregular las fincas en el Registro de la Propiedad. Otro detenido es un trabajador de un geriátrico de la misma comarca, quien obtenía la documentación y claves bancarias de sus víctimas. Así, habrían llegado a transferir más de 112.000 euros de dos residentes nonagenarias de nacionalidades alemana y suiza a las cuentas bancarias del grupo criminal.

La Guardia Civil destaca que la banda incrementó su actividad delictiva debido al aumento del número de ancianos fallecidos por la pandemia, que además añadía una dificultad extra para las familias a la hora de hacerse cargo de sus cuerpos, así como a la falta de herederos conocidos en otros casos. Además la organización criminal, de forma fraudulenta, había iniciado el procedimiento de usucapión -figura jurídica que permite ser propietario de un determinado derecho real si se ha poseído durante un periodo de tiempo establecido legalmente- para adquirir algunas propiedades con su uso prolongado en el plazo legalmente estipulado. Para lograrlo, realizaban el pago de impuestos y suministros básicos y, para compensar estas pérdidas, las arrendaban como alquileres vacacionales.

Ante el riesgo de fuga de uno de los supuestos cabecillas, el pasado mes de octubre se realizaron siete registros en diferentes localidades de las provincias de Alicante, Valencia y Vizcaya. En estos registros se detuvo a siete hombres y una mujer y se investigó a otras tres personas por los delitos de organización criminal, robo, estafa, falsedad documental, apropiación indebida, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil y tenencia ilícita de armas en las provincias de Alicante, Valencia y Vizcaya. Según fuentes próximas a la investigación, algunos de ellos habrían seguido actuando incluso después de ser arrestados.

En total, los investigadores han identificado a 22 ancianos fallecidos que han sido víctimas de este grupo criminal. Dos de ellos son de nacionalidad española, cinco francesa, uno belga, cuatro suiza, uno británica, ocho alemana, y uno finlandesa, careciendo gran parte de ellos de herederos conocidos. No se descarta que aumente el número de víctimas a medida que avance la instrucción del caso.

Los investigadores han acreditado la supuesta participación de este grupo en la apropiación ilícita de 20 inmuebles con un valor superior a los tres millones de euros. La mayoría están en España, aunque cuatro de ellos se encuentran ubicados en la ciudad francesa de París.

En la operación policial, desarrollada por la Policía Judicial de Calpe y el Equipo de Delincuencia Económica de Alicante, se han intervenido cinco armas de fuego, casi 100 piezas de joyería, 11.000 euros en efectivo, diversos dispositivos informáticos y de telefonía móvil, ocho vehículos a motor, una billetera de criptomonedas, 20 inmuebles y 71 cuentas bancarias que están siendo analizadas.