La burocracia deja sin gastar el 40% del presupuesto del Ingreso Mínimo Vital

La existencia de «complejos e incomprensibles requisitos» para cobrar la renta mínima es una prueba palpable de que la «burocracia se ha vuelto contra las personas». Quien así se expresa es el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, durante la presentación del índice DEC, un informe que analiza de forma pormenorizada la calidad de esta prestación por comunidades autónomas. Del análisis se deduce que el 40% de la población vive en territorios con unos servicios sociales débiles o irrelevantes. Once administraciones autonómicas han empeorado en su cobertura de servicios, que es muy dispar entre unas comunidades y otras. Por ejemplo, el gasto público por habitante en el País Vasco es el doble que el de Murcia.

El informe destaca que en 2019 las autonomías gastaron de media el 1,98% de su PIB en servicios sociales, por debajo del umbral del 2,02% de hace nueve años. Ello quiere decir que el gasto sigue por debajo del ejecutado en 2012, cuando se realizaron drásticos recortes en nombre de la austeridad. La asociación considera urgente dedicar más recursos para cubrir las demandas de los más de ocho millones de personas que los servicios sociales atienden en España, según el estudio. «Si las autoridades no evitan la exclusión, se puede poner en riesgo la cohesión social en nuestro país», alegó Ramírez. País Vasco y Navarra son las que mejores puntuaciones obtienen, mientras que Murcia y Madrid reciben las peores.

«El éxito en el desarrollo de los servicios sociales no solo tiene que ver con el mayor o menor esfuerzo económico que realizan las administraciones públicas, sino que una de las claves que explicarla eficiencia en el gasto es el grado de descentralización de servicios en las administraciones locales», aseguró el coordinador el estudio, Gustavo García.

La asociación estimaba que con el ingreso mínimo se iban a atender a 800.000 personas, número que se va limitar a quedar 210.000. Así las cosas, «no se va a gastar ni el 40 % del presupuesto, vamos a devolver 2.000 millones por los trámites y la tozudez del ministro, que no entiende que es necesario salir de la pobreza y no caer en el precipicio de la exclusión social», sentenció Ramírez.