Qué lleva a un menor a matar a sus progenitores

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los menores de 14 a 18 años perpetraron en España en 2022 (último año registrado hasta el momento) un total de 25 822 infracciones, de las cuales 91 fueron homicidios.

Es de destacar el crecimiento constante que esta cifra ha experimentado en los últimos años, llegando prácticamente a triplicarse en la última década: si bien el INE situaba en 34 los homicidios cometidos por menores en el año 2013, se produjeron 57 muertes más en 2022. La misma tendencia al alza se detecta en otras manifestaciones de violencia, como la filio-parental, difícil y desconocido problema social que solo se denuncia en los casos más graves.

Sin embargo, los 91 los fallecidos a manos de menores durante el año 2022 no generaron una repercusión mediática comparable a la alcanzada en este supuesto, lo cual parece deberse a tres motivos principales: el vínculo que unía a los menores con la víctima, la aparente frialdad con la que se cometió este asesinato y la condición de adoptados rusos de los hijos.

Para entender qué puede llevar a un menor a cometer un delito de tal envergadura se debe realizar un análisis profundo de los factores criminógenos o de riesgo que inciden en el supuesto concreto. Si bien cada caso es único y complejo, existen diversos elementos comunes que pueden influir, con diferente entidad, en el comportamiento delictivo de los jóvenes. El resultado es producto de la interrelación de varios de ellos.

En los adolescentes, que naturalmente se encuentran en un momento de transformación física y emocional, el hecho de haber sufrido experiencias traumáticas previas, tener entornos familiares disfuncionales con tensiones o conflictos (en el caso examinado, se alude a frecuentes discusiones con su madre por motivos académicos) o problemas de salud mental puede desencadenar comportamientos violentos.

Según se ha desprendido de las investigaciones del caso de Castro Urdiales hasta el momento, parece que el hermano mayor había comentado el maltrato físico y psicológico al que eran sometidos en casa por sus padres, corroborando los amigos que frecuentemente se les prohibía salir o que asistían al colegio con moratones cuya autoría adjudicaban a la madre. Aparentemente, el colegio no tomó ninguna medida al respecto más allá de comentarlo con los progenitores.

La reiterada referencia realizada por los medios de comunicación a la nacionalidad rusa de los niños y a su naturaleza de hijos adoptivos puede ser cuestionada por inoportuna o innecesaria, pero es cierto que son factores cuya incidencia en este caso es preciso valorar.

Debería examinarse si la adopción, siendo una experiencia enriquecedora para muchas familias, ha generado un impacto en el desarrollo psicosocial de estos niños, provocando desafíos importantes especialmente cuando los menores han atravesado traumas previos o han vivido en entornos familiares inestables.

En este sentido, pueden haberse sufrido experiencias traumáticas como el sentimiento de abandono o de pérdida, que pueden dejar huella emocional en la forma de percibir y resolver las dificultades familiares y que pueden manifestarse en comportamientos agresivos.

De la misma forma, el origen ruso de los niños aporta información relevante en este caso. Pese a ser discutible su empleo por los medios de comunicación que pueda dar lugar a interpretaciones indeseables, lo cierto es que existen estudios que apuntan a la posibilidad de que estos menores pueden presentar mayores dificultades neuro-psicológicas que los procedentes de otros países.

Los dos hermanos, al tener distintas edades, reciben diferentes respuestas por parte del Ordenamiento Jurídico.

El Derecho Penal español atribuye, por medio del artículo 1 de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores (LORPM), responsabilidad penal por los hechos cometidos por los niños de 14 a 18 años. A la espera de un informe psicosocial que pueda evaluar y esclarecer las circunstancias familiares, psicológicas y educativas que dieran lugar a que posteriormente fuera juzgado por estos hechos, el hermano mayor de 15 años ha sido internado cautelarmente, de acuerdo con el artículo 28, durante seis meses (prorrogables por otros tres) en un centro socioeducativo en régimen cerrado.

Llegado el momento, conforme al artículo 10.2 de la LORPM, al tratarse de un caso de especial gravedad, le podrá ser impuesta, en su caso, una medida privativa de libertad en un centro de régimen cerrado de 1 a 5 años de duración, complementada por otra medida de libertad vigilada de hasta tres años.

El menor de 13 años se considera inimputable a efectos penales, lo que no quiere decir, en contra de la extendida creencia popular, que sus hechos queden sin respuesta, sino que esta ha de ser de naturaleza civil o educativa (artículo 3 de la LORPM). En este caso, el ICASS (Instituto Cántabro de Servicios Sociales) deberá realizar un programa individualizado de intervención con el menor, con el objetivo de mejorar aspectos familiares, sociales y educativos. A la espera de ser evaluado para poder identificar las medidas más adecuadas, se encuentra ingresado en un centro de protección.

En cualquier caso, ambas actuaciones están dirigidas a la rehabilitación y reintegración social de estos menores, a la asunción de los hechos cometidos y al apoyo emocional y psicológico que faciliten su proceso de recuperación emocional y que eviten una posible reincidencia. En este sentido, toda la intervención con los menores se dirige a la superación de las causas que los han llevado a cometer este delito, así como a su reinserción.

Sin embargo, la difusión en los medios de sus nombres, fotos, barrio y numerosa información de su familia, además de ser irrelevante para la sociedad en general, dificulta sobremanera sus posibilidades de reintegración.

Este artículo ha sido publicado en «The Conversation«.