El Gobierno se dispone a poner coto al sacrificio, el abandono y el maltrato de animales, aspectos en los que España, donde alguien se deshace de un animal de compañía cada dos minutos, lidera los ranking europeos.
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El ministerio de Derechos Sociales mandará al Congreso ... la primera ley nacional de protección animal, que prohibirá el sacrificio de mascotas sanas, su cría por particulares, obligará a realizar un curso formativo para tener perro y proscribirá prácticas violentas como el tiro al pichón o las peleas de perros y gallos.
El Ejecutivo dio hoy a conocer el primer borrador del anteproyecto de la ley, que espera enviar al Congreso a primeros de 2022, tras modificarlo y mejorarlo con alegaciones de organizaciones sociales, particulares, ministerios y órganos consultivos. El cumplimiento de estos plazos cumpliría el deseo gubernamental de tener la ley en vigor para el 1 de enero de 2023.
La nueva regulación busca lograr el sacrificio cero, por lo que prohíbe matar a animales de compañía abandonados o sanos y solo autorizará un procedimiento eutanásico para ejemplares con enfermedades o padecimientos mortales, invalidantes o graves, al tiempo que apoyará la creación de centros de protección y santuarios de animales.
Para conseguirlo precisa alcanzar el objetivo del abandono cero en un país con más de 13 millones de mascotas registradas y otras tantas fuera de control que al menos cohabitan con un tercio de las familias españolas. Como primera medida, se ordena la identificación obligatoria de cualquier animal de compañía y de sus propietarios con la creación de un registro nacional en coordinación con todas las autonomías. Con igual fin añade otra medida fundamental: la prohibición de la cría por particulares, medida que disminuirá los abandonos y dificultará en extremo las ventas piratas.
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La crianza solo podrá ser una tarea de profesionales, que tendrán que estar registrados, por lo que se les exigirá una cualificación y una condiciones concretas para la actividad. Para evitar accidentes, el borrador impone la obligación de que sean esterilizados todo los ejemplares de la misma especie y distinto sexo que conviven de manera habitual y prohibe los animales silvestres en los hogares. La regulación declara prohibida, incluso a profesionales o zoológicos, la cría y comercialización de especies salvajes extranjeras.
Para minimizar los casos de abandono por compra compulsiva la norma limita las especies que podrá comprar cada ciudadano. No se podrán comercializar ni adquirir mascotas domésticas que supongan un peligro para la salud pública, para la seguridad propia y de otros o que pertenezcan a especies exóticas invasoras. Para proteger a los animales y desincentivar compras poco reflexivas se impide la presencia y exhibición física de animales en comercios con la excepción de los peces.
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La tercera pata de la norma es la protección a los animales contra los malos tratos y la crueldad humana. Entre las medidas para evitar estos comportamientos, el borrador recoge la prohibición del tiro al pichón y de las demás modalidades de tiro al blanco con animales, como el tiro a tubo de codornices (lanzadas vivas con una especie de cañón). También se proscriben las peleas de animales, especialmente las de perros y gallos, y la presencia de animales salvajes en los circos. Se crea un registro de ciudadanos inhabilitados para la tenencia de animales, para impedir que continúen con sus malos tratos, y se prohíbe el uso de pinchos, collares y enseres similares que ahorquen a las mascotas o de aparatos eléctricos que les causen daños y sufrimientos.
La norma también dedica varios artículos a regular y poner límites del uso de ejemplares en romerías, procesiones, fiestas y cabalgatas, que tienen en cuenta el tipo de uso, la edad o la temperatura exterior, para evitar sufrimientos innecesarios. Los zoológicos y delfinarios tienen los días contados pues el anteproyecto les impide comprar nuevos animales salvo para la reintroducción de especies autóctonas. Para garantizar los derechos y el bienestar de las mascotas en ámbitos no domésticos se crean también los registros nacionales de profesionales del comportamiento animal -con un perfil de competencias tasado- y el de entidades de protección animal.
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El anteproyecto, al menos por ahora, no entra a realizar prohibiciones ni a limitar los espectáculos taurinos, pero lo que si ordena es el diseño de protocolos específicos para la atención y rescate de los animales en situaciones de emergencia, como las catástrofes, inundaciones, incendios o accidentes de tráfico, que hoy en día no existen.
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