Aznalcóllar, vuelta a la actividad de una mina maldita

Ahora, esta laguna roja, conocida como la corta de Aznalcóllar, sigue guardando su macabro tesoro de arsénico, mercurio, cobalto, plomo y otros metales, dentro de un barro de 110 metros de altura, ahogados por otros 40 de agua superácida, en una superficie de 30 hectáreas. A su lado está la corta de Los Frailes, algo más pequeña y azul, con la misma profundidad: 150 metros, pero sin el sedimento contaminante. Los mineros aseguran que el tono azul se debe al aluminio y el rojo, al hierro. Son dos huecos gigantescos en un terreno de 900 hectáreas de explotación minera, que colinda con el poblado de Aznalcóllar.

La inminente reapertura de la mina entusiasma a los vecinos, que temen su frágil economía basada en cultivos de secano, un polígono de empresas de reciclaje, empleos temporales de recolectores en Huelva y un limitado sector de hostelería. Pero tiemblan los ecologistas con solo oír el nombre que comparten pueblo y yacimiento.

Uno de los mineros más jóvenes de aquel tiempo de vertidos tóxicos y duelo ambiental es ahora alcalde en el Ayuntamiento de Aznalcóllar, donde viven unas 6.000 personas. Hijo de un «buscavidas con una tienda» y una «trabajadora del campo», Juan José Fernández protagonizó huelgas de hambre, cierre de las vías del AVE y encierros en catedrales y parlamentos para reabrir la mina. «Es mentira que cerrara cuando sucedió el accidente», explica Fernández, exmecánico de mantenimiento de 56 años. «Siguieron allí hasta que los precios de los minerales se vinieron al suelo. Cerró en enero de 2002».

En ese momento el filón de cobre y zinc pasó de la multinacional sueca Boliden a la Junta de Andalucía, que abrió una licitación que en 2015 ganó el Grupo México. Alrededor se escucha el ruido de juicios que exoneraron a los suecos de pagar los costes de frenar el derrame, valorados en 90 millones de euros o las protestas de un centenar de mineros que no tenían edad para prejubilarse. «Éramos 109 en edad de recolocación», rememora Fernández. «Para el pueblo, la mina es el primer motor de la economía, que por desgracia no se ha diversificado. De un minero salen cuatro puestos de trabajo. Esta vez queremos que los minerales se manufacturen aquí, para hacer materiales como hilos de cobre y cables. Nosotros somos capaces».

Uno de los capitales que tiene la nueva empresa minera es el favor de los vecinos, que «no tienen miedo». En los bares del pueblo, la reactivación de la mina es tema de conversación recurrente desde hace un par de años. «La mayoría de los jóvenes se van a trabajar fuera, menos los que tienen trabajo en el polígono. Pero allí están cerrando las empresas también», asegura Mariángeles, de 49 años y nieta de minero, en la cervecería La Esquina. «Hay una riqueza que trabajar». Su hija Rocío, de 14 años, reafirma la opinión de su madre, mientras mira un vídeo del alcalde en Instagram donde promete que ya comenzó «la cuenta atrás». «Es la cultura del pueblo», dice la niña. Sin embargo, el entusiasmo del alcalde no tiene unanimidad. «Vamos a ver si abre o no abre», exclama José, que fue minero durante 31 años. «Son muchos los problemas a los que se enfrenta. No digo que no, pero...».

Frente a la tierra horadada rodeada de montañas de escombros, vestigio de la minería anterior, se habla de una extracción tecnificada y subterránea, al menos en papel y por exigencias del gobierno local. La nueva mina explotará la 'faja pirítica ibérica', que pasa por debajo de la corta de Los Frailes.

Para extraer las reservas de 1,7 millones de toneladas de zinc, 900.000 de plomo, 120.000 de cobre y 2,5 de oro y plata se van a perforar 70 kilómetros de túneles de unos cinco metros de circunferencia hasta llegar al yacimiento. Una perforadora, llamada 'Yumbo' en el argot minero, taladra para que el artificiero detone una carga explosiva. «La mayoría se hace teledirigido, sin operador», sostiene Miguel Ángel González, director de operaciones de Minera Los Frailes. «Se coloca wifi en todo el interior para utilizar las máquinas robotizadas. En las zonas de riesgo no entra gente». Una vez en la veta se excavan cámaras para sacar los metales. Cada una de 30 metros de alto por 50 de largo y 20 de ancho.

Los mineros han planificado hacer 720 cámaras. «El ciclo es de perforación, voladura, extracción, estudio geológico, construcción del techo con hormigón», explica Enrique Olivas, geólogo de Los Frailes, que midió desde el inicio las consecuencias del vertido de Aznalcóllar, durante cinco años. Ahora dirige los estudios subterráneos de la mina. «Se avanza cuatro metros en cada ciclo y se hacen entre uno y tres al día. Al terminar, las cámaras se rellenan con lo que se ha vaciado antes».

Donde estaba la balsa que se rajó y soltó sus lodos ponzoñosos hay ahora una pradera y un huerto solar. «Heredamos los pasivos ambientales, pero hay una masa de polimetales de bastante concentración nada despreciable y de primera clase», justifica González. «Una compañía minera debe tener reservas para un largo tiempo de operaciones». El paisaje de dos kilómetros cuadrados tiene un esforzado verdor y esconde el manto impermeable que aísla la superficie de lo que quedó tras la limpieza hecha hace un cuarto de siglo. Los mineros aseguran que harán lo mismo en las escombreras.

En un escrito remitido a la delegación territorial de Economía, Industria y Minas andaluza, Greenpeace pide que se oficialice la declaración de la corta de Aznalcóllar como «instalación de recursos mineros», especificar el volumen de las balsas que deberán contener un hipotético aumento de la masa acuosa y el destino de las escombreras.

En cuanto al agua, «vaciaremos Los Frailes en año y medio, pero en Aznalcóllar sólo depuraremos las aguas para consumo interno. En ningún momento habrá vertidos tóxicos», asegura González, ya preparado para iniciar operaciones «en cuestión de días». Hace ocho años que espera por los permisos ambientales. «Pensábamos que iba a ser más rápido. El punto neurálgico es el ambiental. Es muy complicado tener los permisos en procesos tan rigurosos, pero cuando los tienes, también hay una garantía. En otros países los gobiernos dan bandazos. En Europa la minería estaba dormida, pero ahora hay una activación, porque es un gran consumidor de metales y minerales, y es mejor que se produzcan aquí». Con una inversión total estimada en 450 millones de euros, González espera poder demostrar a los accionistas que el reto valió la pena dentro de cuatro años. «Queremos que la mina rompa, y eso ocurrirá en un par de meses. Yo no me fío de nadie, pero creo que sí van a cumplir», afirma el alcalde Fernández, que quisiera volver a su oficio de minero.

Ante la inminente apertura, solo el tiempo permitirá constatar si las promesas de la empresa extractora se cumplen, o la mina será otra más que arroja sus tóxicos a las aguas. También se verá si una parte del dinero se queda en la zona, o la población volverá a arruinarse cuando termine la concesión. Para esperar a que rompa otro filón.