Las autonomías del PP desbaratan el acuerdo nacional para vetar los móviles ofrecido por Alegría

Las autonomías populares indicaron a Pilar Alegría que no veían necesario acuerdo nacional alguno (como el que ella postula) sobre una materia cuya regulación es de competencia exclusiva de las comunidades y que, mucho menos, estaban dispuestas a sellar pactos en una reunión «informal» como la celebrada en el ministerio, a la que la mayoría solo mandó a directores generales. Si hay que votar algún tipo de medida común sobre el tema, añadieron, deberá ser en el foro previsto para las decisiones oficiales, en una reunión de la Conferencia Sectorial de Educación.

En definitiva, según relataron entre otros los consejeros de Murcia y Andalucía, los responsables populares creen que Alegría, con la estrategia que inició antes de navidades, poniendo sobre la mesa la prohibición de móviles en colegios, solo pretende disimular que el Gobierno «llega tarde» a un asunto que muchas regiones ya tienen encarrilado, en un intento de hacer suyas «estas buenas prácticas» para «sacar rédito político», para ponerse una medalla ante los ciudadanos.

Que tras el encuentro de hoy cada vez parezca más lejana la posibilidad del acuerdo nacional sobre móviles en la escuela no quiere decir que no se vaya a producir la prohibición del uso de los teléfonos en la mayoría de colegios del país. Lo que quiere decir es que la decisión, salvo que al final se convoque una sectorial al efecto, la tomará cada comunidad en su territorio.

De hecho, más de la mitad de las consejerías ya se habían anticipado al encuentro con Alegría y habían ordenado antes de ayer el apagón de móviles en sus centros. Las dos Castillas, Galicia y Madrid son los territorios pioneros en la adopción de esta media –las dos primeras la implantaron hace ya una década o más– y, desde diciembre, cuando la ministra lanzó el debate, se han sumado a la prohibición Andalucía, Murcia, Aragón, Canarias y Cataluña. La Generalitat, eso sí, aunque ya ha trasladado su criterio a todos los colegios e institutos, también les ha comunicado que el apagón de móviles no será obligatorio hasta el curso próximo.

Otras, como Extremadura, Asturias o Baleares, aún no han formalizado su decisión, pero han avanzado que optarán por una prohibición similar en los próximos días o semanas. La única autonomía que por ahora no va a dictar directrices obligatorias en todo su territorio es el País Vasco, que apuesta por dejar libertad y que sea cada colegio quien decida cómo regular el uso de los 'smartphones' en sus instalaciones. Ni siquiera mandó representante a la reunión de este miércoles.

Pese a no haber acuerdo nacional, la mayoría de consejerías parece decantarse por un modelo semejante al propuesto por unanimidad hace una semana por el Consejo Escolar del Estado. Según su criterio, los alumnos de 6 a 11 años no podrán llevar móvil a las escuelas de Primaria y los estudiantes de 12 a 16, los que acuden a ESO, deberán tener apagado el 'smartphone', si es que lo llevan, desde antes de entrar por la puerta del centro y hasta que vuelvan a la calle al final de la jornada.

En el caso de los de secundaria, indica la propuesta, el apagado de teléfonos no solo será obligado durante las clases sino también en el patio o los recreos, en los comedores y bibliotecas, y en cualquier momento en el que estén en el interior de las instalaciones, como ocurre con las actividades complementarias o las extraescolares. Los únicos momentos en que los alumnos de ESO podrían encender los móviles es cuando así lo autoricen sus profesores, porque los consideren necesario para tareas formativas concretas, y la operación se realizará siempre bajo la supervisión de los docentes.

Las excepciones que contemplaba el consejo escolar, tanto en Primaria como en ESO, son individuales y por motivos debidamente justificados y autorizados por los responsables del centro, que harán alusión a razones de seguridad, de salud o a necesidades especiales del alumno. Su consejo para la regulación del uso de los móviles en los centros de estudios posobligatorios (Bachillerato y Formación Profesional) quedará al criterio de los propios institutos o de sus responsables educativos autonómicos.