La auditoría de las agresiones sexuales en la Iglesia reconoce al menos 2.056 víctimas

Con un inicio que se remonta desde el Medioevo, la Conferencia Episcopal (CEE) se afana en sostener la tesis que desde el principio ha esgrimido en su defensa: el abuso sexual a menores es un mal estructural de toda sociedad, no solo la española, y es injusto señalar únicamente a la Iglesia.

En el documento, entregado por el despacho Cremades y Calvo Sotelo a la CEE ayer, se aumenta la cifra de casos que la Iglesia ya había reconocido. «Concluye un total de 1.383 denuncias con un número de víctimas indeterminado, siendo también indeterminado el número de personas victimarias».

No pueden calcular un máximo, pero sí una base de víctimas. Fueron «un mínimo de 2.056 víctimas, aunque es objetivamente evidente que el número es superior».

La mayor parte fueron hombres que sufrieron abusos en colegios y seminarios, y que no son capaces de «relatar lo acaecido» debido a la «gravedad de los hechos». En el informe se refieren como «abusos o tocamientos», lo que «abarca una realidad muy heterogénea».

La CEE no está de acuerdo con esta cantidad y la reduce, por un lado, a menos de mil. A las 576 víctimas de las Congregaciones Religiosas se añaden otras 43. En las Diócesis se cierra con 322; en el Opus Dei son diez y otra decena en los Legionarios de Cristo. El número total de «denuncias recibidas de las instituciones de la Iglesia (...) asciende a 961 denuncias», mantiene. A esto se agrega las de las comunicadas por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe (305), el defensor del Pueblo (118 comunicadas sólo a este organismo), y un «canal de denuncias» (10 nuevos casos). La totalidad, corrige la curia, sería de 1.302 denuncias.

De esta manera las autoridades eclesiásticas rebajan la cifra de víctimas que se les atribuye por otras investigaciones: «Al transferirse los datos recabados por los diversos informes hace que resulte muy probable la existencia de casos que se han incorporado a los mismos, dos, tres o incluso cuatro veces».

Sobre la investigación de El País, ataca: «su sistema de recogida de información no ofrece garantías suficientes para algo tan delicado como la violencia sexual contra menores, optando por recoger toda la información recibida sin cuestionar la misma. Conocer cada caso es conocer cada persona, cada historia, cada sufrimiento».

Los actos sufridos son «felaciones, violaciones, introducción de pene u objetos en órganos genitales o boca, tocamientos en genitales, tocamientos en culo, pechos, cuerpo, tocamiento libidinoso, besos no consentidos, abrazos libidinosos, lametones en cuello y cara, contacto físico no consentido, desnudos no consentidos. Así como, obligación de hacer felaciones, penetraciones».

Con el análisis de casos ocurridos desde 1995, el agresor es «mayoritariamente sacerdote/religioso/a, profesor/a responsable académico del menor, siendo el porcentaje aproximado en el 99% de los casos».

En cuanto a las consecuencias, «ni la Iglesia ni ninguna institución puede argumentar hoy en día que desconoce la magnitud de la tragedia», mantiene el despacho presidido por Javier Cremades. «Los avances de la psicología del trauma han generado la necesidad de una respuesta contundente y sin excusa ninguna porque permiten visibilizar y honrar el daño producido». Se propone la «reparación integral a las víctimas» pidiendo perdón públicamente, tomando medidas para que no se repita y brindando «recursos de calidad» a los sobrevivientes a través de una «comisión independiente».

Esta auditoría encargada por la Iglesia era el único informe del que no se había divulgado su contenido aún. Un documento de más de mil páginas en el que se comienza con un resumen sobre cómo los abusos en el seno de la iglesia comenzaron en los ochenta en Estados Unidos y otros países. Los clientes no quedan contentos con el resultado, como ya adelantó la CEE, por tratarse de una «recopilación de casos aparecidos en estudios previos, sin realizar un estudio en profundidad de los mismos y comete errores de concepto como el de considerar como denuncias distintas las realizadas en las diócesis y las del Dicasterio que tienen su origen en las anteriores».

Algunas conclusiones del documento presentado este jueves no toman específicamente el dictado de los abogados, que han investigado durante más de un año, y utiliza datos elaborados por las ONG citadas para la elaboración de perfiles de «personas victimarias» aparecidas en informes de abusos sexuales, la mayoría de ámbito doméstico.