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Los presidentes y presidentas de las audiencias provinciales de toda España, reunidos este viernes en Valencia, han difundido un documento con las conclusiones del encuentro que se ha centrado sobre todo en examinar qué mejoras se pueden implementar en la lucha contra la violencia machista. ... Una lacra social que ha dejado en lo que va de año diez mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas y siete menores víctimas de la violencia vicaria, el peor dato temporal desde que existen registros.
Las comisiones territoriales encargadas de estos asuntos admiten en sus conclusiones que la colocación de los dispositivos telemáticos para el control de los medidas cautelares contra el hombre, y/o la ejecución de la pena de prohibición de aproximación a la mujer, «debe realizarse sin incidencias, con la asistencia adecuada por el Centro Cometa (encargado de supervisar el funcionamiento de las pulseras o tobilleras), que deberá instalarlos sin demora desde que se acuerda por el órgano judicial, evitando en todo caso una indebida dilación en la puesta en libertad del sujeto».
Del mismo modo, se considera «recomendable» que cada vez que se instale o desinstale una pulsera se anote en los sistemas informáticos Siraj (Sistema de Registros Administrativos de apoyo a la Administración de Justicia) o Viogen (Ministerio del Interior), para conseguir una mayor eficacia entre las unidades actuantes. Asimismo, ven «imprescindible» la asistencia psicológica para la víctima desde el inicio de las actuaciones en sede policial, así como el incremento del turno de letrados de oficio para prestar la debida asistencia legal.
Los presidentes de las audiencias provinciales valoran «positivamente» la comarcalización de los juzgados de violencia de género, pero estos órganos, admiten, no serán del todo eficientes sino se dotan de medios personales y materiales necesarios atendiendo a la carga de trabajo y a su ubicación.
En este sentido, la vocal del CGPJ Carmen Llombart, presente en las jornadas, avanzó que el aumento de la litigiosidad en España, sobre todo en materia de violencia de género, ha provocado un «déficit estructural muy grande de jueces» que se solucionaría con la creación de 290 plazas anuales, según un estudio del Consejo para los próximos diez años. «El mayor reto ahora es el aumento de las denuncias. No es que haya más violencia, sino que las víctimas confían más en la justicia y, entonces, ponen más denuncias, por lo que necesitamos jueces», justificó Llombart.
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