Aprobada la ley que regula los derechos de emisión de gases de efecto invernadero

Durante la fase IV se dividirán a efectos de asignación gratuita de derechos de emisión y en relación a las instalaciones fijas en dos periodos, de 2021 a 2025 y de 2026 a 2030. Se mantiene también la subasta como método principal de asignación de derechos de emisión, continúan las asignaciones gratuitas pero con una mejora de las disposiciones sobre fugas de carbono y se crean varios fondos destinados a financiar la transición hacia una economía baja en carbono.

En este sentido, la Directiva Europea que se transpone ahora estimula la inversión en energías renovables a través de la figura del derecho de emisión: una autorización a emitir una tonelada de CO2 equivalente que puede ser objeto de compra venta. Cuanto menor sea el total de derechos de emisión expedidos anualmente, mayor será su precio en el mercado. Los gases regulados son el dióxido de carbono (CO2), el óxido nitroso (N2O), y algunos perfluorocarbonos (CF4 y C2F6).

En el caso español, según la nota de prensa del Congreso, este régimen afectará a casi 970 instalaciones y a unos 30 operadores aéreos. Además, podrán quedar excluidos del sistema aquellas instalaciones menores a 2.500 toneladas equivalentes de CO2 y los hospitales.

El texto ratifica el informe de la Ponencia puesto que las 24 enmiendas presentadas por los grupos fueron rechazadas. No en vano, Carmen Martínez Granados, del grupo parlamentario Ciudadanos, lamentó ayer la poca aceptación de enmiendas y que se hubiera dado «poco margen» a los grupos «para aportar». Pidió a los grupos parlamentarios «amplitud de miras» y «consenso» para cuando llegue a la comisión la Ley de Cambio Climático, «que no solo tiene un gran impacto en la ciudadanía y el medio ambiente, sino también en la industria». Desde el grupo EAJ-PNV, Idoia Sagastizábal, celebró que la intervención de las comunidades autónomas en la gestión de estos derechos de emisión «parece garantizada, al menos en lo que respecta al periodo 2021-2025».

A juicio de José Ángel Alonso, del grupo popular, el proyecto de ley llega «un poco tarde». «Es realmente importante ya que afecta al 45% de nuestras emisiones totales y a una gran parte de nuestra industria. Esperamos que esta transposición constituya una nueva oportunidad para contribuir al proceso de descarbonización de la economía, al mismo tiempo que se impulsa la competitividad de nuestra industria», dijo.

El diputado socialista Germán Renau explicó que el proyecto de ley permitirá consolidar el régimen de comercio de derechos de gases de efecto invernadero aumentando su ritmo, mantendrá la asignación gratuita a los sectores más expuestos y ayudará a la industria y a la energía a afrontar mecanismos de financiación.

Para el presidente de la Comisión, Juan López de Uralde, de Unidas Podemos, destacó que la aprobación de esta ley supone la «puesta al día» de la legislación española. Espera, además, que con la llegada de Biden empiece «una nueva era» en la lucha contra el cambio climático.