La apertura de los centros de crisis contra la violencia sexual se retrasa un año

La Comisión Europea, a petición del Gobierno, ha introducido una adenda a los acuerdos del Plan de Recuperación español con la que autoriza a retrasar un año la fecha tope de apertura de los centros de crisis españoles, financiados con fondos de Bruselas. Hasta diciembre del próximo ejercicio.

El Ejecutivo trasladó la petición a los responsables comunitarios porque la mayoría de autonomías, que son las competentes para ejecutar los proyectos, le comunicaron durante el verano que iban a ser incapaces de cumplir sus compromisos pese a que todas han recibido entre 2021 y 2023, en tres plazos, del Ministerio de Igualdad, la parte correspondiente de los 83 millones que la UE aportó para hacer realidad las infraestructuras.

La prórroga era algo indispensable porque el simple incumplimiento de los plazos de una región hubiese arrastrado a las demás. Obligaría a devolver los fondos del programa completo, los utilizados y los que no. Ya es el segundo incumplimiento de las autonomías para poner en funcionamiento el mínimo de 54 centros, pues la ley del 'solo sí es sí', que fue la que obligó a crear estos lugares de atención integral a las víctimas, dio de plazo máximo para su apertura marzo de 2023.

Las únicas autonomías que cumplieron el plazo legal fueron Asturias y Madrid, con sus centros de crisis funcionando desde hace meses y con otros dos más próximos a la apertura, y Cantabria, que lo inauguró en junio, se quedó cerca. Tienen previsto abrir pronto las puertas los de Navarra, Aragón y Murcia.

Estos centros de atención integral, cuando se extiendan a todas las provincias, dispondrán a toda hora de los profesionales necesarios para que la víctima reciba atención psicológica, jurídica y social ante una crisis o emergencia desatada por la violencia sexual o frente a la necesidad de ayuda por un caso anterior. Una capacidad de respuesta muy similar a la que tienen desde hace años los centros de ayuda a la víctimas de la violencia de género. Su diseño garantiza un acompañamiento de urgencia, pero también deben servir para encauzar la ayuda a la víctima a medio y largo plazo.

Este punto de referencia, de los que lo ideal es que hubiese al menos uno por cada 200.000 habitantes, estará abierto las 24 horas, los 365 días del año y dará atención presencial, telefónica y 'online' sin cita previa. Están diseñados para atender a cualquier víctima de 16 años o más. Para los casos de violencia sexual en menores se crearán centros específicos, las casas de infancia. Similares, pero adaptadas a sus peculiaridades.

Sus funciones no colisionan ni con el trabajo policial ni con el de sanitarios y forenses. Son un ente colaborador y el complemento necesario. Las denuncias se seguirán interponiendo en la comisaría o en el juzgado y la atención sanitaria a las víctimas, así como la toma y custodia de muestras y pruebas para los informes forenses, se hará en los hospitales, como hasta ahora. Pero los especialistas podrán acompañar y asistir a las víctimas a la hora de realizar estos duros trámites.

Las mujeres que contacten con los centros de crisis no necesitan haber puesto denuncia. Es lo deseable, pero tendrán idéntico trato con denuncia o sin ella porque la ayuda la necesitarán por igual y la ley así se la garantiza. La segunda razón de no exigir denuncia es que, de hecho, más del 80% de las españolas que han sufrido violencia sexual alguna vez en la vida nunca lo comunicaron a las autoridades.

Los centros deberán tener como mínimo un coordinador, un psicólogo o psiquiatra, un abogado, un trabajador o educador social, un administrativo y un mediador social o traductor. Todos especializados en violencia contra las mujeres y atención de crisis. El protocolo aconseja que sean mujeres (porque las víctimas lo suelen preferir así) y exige que la atención sea a corto, medio y largo plazo y que se adapte a la demanda, tiempos y necesidades de las víctimas.

Les informarán –cómo actuar, a dónde dirigirse, los derechos que les asisten–, intervendrán ante las crisis –trasladando a la víctima al centro o desplazándose a donde esté–, darán ayuda psicológica, asesorarán a la víctima y la acompañarán en su recuperación integral, con ayuda residencial, laboral y económica si lo precisa. También liderarán campañas para sensibilizar contra la violencia sexual y tendrán una web para informar a víctimas y profesionales.