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En el corazón del Poder Judicial existe una institución que se encarga de recabar datos y hacer análisis de cada sentencia de violencia de género para «desterrar falsos mitos», como que la mayoría de las denuncias son falsas (lo son el 0,01%), ... que los asesinos son extranjeros (más del 60% son españoles) y que los «maltratadores están locos». «Con rigurosidad visibilizamos que en las sentencias no se aplican eximentes por enfermedad mental ni por obcecación ni arrebato», señala Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial. «Los hombres comenten esos delitos con plenas facultades mentales y conscientes».
Letrada de un juzgado de violencia sobre la mujer de Sevilla, en la que tiene una década de experiencia, Carmona sostiene que «detrás están los sentimientos de pertenencia y de posesión del hombre hacia la mujer. Intentamos erradicar estos mitos para que la sociedad tenga un conocimiento real».
-¿Qué falla cuando 3,5 millones de personas votan a un partido que niega la violencia de género?
-Esa votación no equivale a que los españoles nieguen la violencia de género.
-¿En la visibilización de esta forma de desigualdad ha sido crucial separar la violencia de género de la doméstica?
-Sí, porque las raíces son diferentes. En la violencia de género están en la sociedad machista y los estereotipos que todavía perviven. Distinguir una y otra es importante, y hay que ampliar el concepto de la violencia de género más allá de la pareja. Es la que se aplica sobre toda mujer.
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-Hay avances cuantitativos, como el incremento de las órdenes de protección, y cualitativos, como la jurisprudencia de los últimos tiempos. ¿Por qué entonces este año han aumentado las víctimas mortales?
-No nos podemos permitir ningún asesinato. Pero también vemos que se incrementa el número de denuncias y que ellas confían en las instituciones. Las que han pedido ayuda salen del círculo de la violencia y salvan su vida. Nunca sabremos cuántas son, pero hay que insistir en la denuncia, que pone en marcha todos los mecanismos del Estado. Pero falta por implementar otra serie de medidas que requieren la modificación de leyes como el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Código Civil o la Ley Orgánica del Poder Judicial, entre otras.
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-¿Modificarlas para endurecer las penas?
-En algunos casos sí, y en otros hacia la ampliación del concepto de violencia de género para no dejar fuera a esas otras formas de violencia sobre la mujer, como el caso de Diana Quer. Entendemos que esos asesinatos se deben llevar en juzgados especializados.
-¿Eso ayudaría a reforzar la credibilidad de la víctima, que puede variar según las distintas jurisdicciones?
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-Defendemos la independencia jurídica y no podemos dictar instrucciones de obligado cumplimiento a los jueces, pero sí podemos hacer recomendaciones. Hemos vislumbrado que hay territorios en los que la concesión de las órdenes de protección están por debajo de la media, por lo que proponemos incluir indicadores que ayuden a los jueces a evaluar el riesgo de la víctima.
-¿Existe un maltrato soterrado, en el que hay una complicidad social por omisión, de familiares que evitan la denuncia por la relación afectiva con el maltratador?
-Hemos detectado que sólo un 3% de las denuncias proviene de los familiares y vecinos. Los compañeros de trabajo o los familiares todavía tienen la idea de que las violencias física o psicológica son cosas de pareja, que la mujer está ahí porque quiere. Pero sin suficiente apoyo de su entorno más cercano, la mujer difícilmente da ese paso. Sola no puede salir del maltrato y la implicación social es la clave para seguir adelante. No queremos que haya impunidad, que el maltratador piense que no pasa nada, porque seguirá agrediendo a esa mujer y a las demás con las que tenga contacto.
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-¿Qué es lo invisible de las estadísticas?
-Hace sólo una generación la violencia de género estaba silenciada, era tolerada. Mi madre, que estudiaba un colegio de monjas, siempre contaba la anécdota que los domingos, cuando perdía el Betis, tenían que rezar por las mujeres de los béticos. Sabían que los hombres llegaban a sus casas a pegarles por la frustración... El que cada vez haya más denuncias no quiere decir que haya más delitos, sino que la mujer se atreve a dar ese paso. También está el incremento enorme de las sentencias condenatorias. Es verdad que el delito ocurre en la intimidad familiar, sin testigos, pero la credibilidad de la víctima se incrementa. El sistema funciona en general. Estamos previniendo esos delitos. Ahora bien, sigue habiendo asesinatos y no podemos bajar la guardia.
-¿Qué hacer con los agresores?
-Porque era urgente y necesario se ha invertido mucho en la víctima y su protección. Hemos generado una red cada vez más tupida que garantiza la integridad de ellas y sus hijos. Pero hemos dejado de lado la rehabilitación del maltratador, que tiene que ser reeducado. Hasta entonces no estaremos seguros de que no volverán a maltratar a una mujer. Queremos que se implementen estos planes de reinserción social pero con seguimiento.
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-Quiere decir que si un hombre ha cumplido su condena, ¿deben imponerse medidas extras que podrían vulnerar su derechos fundamentales, en caso de que exista la duda sobre su rehabilitación?
-Cuando hay una colisión de derechos se debe primar el bien jurídico más desprotegido. En este caso, la víctima. Hemos propuesto que se adopte la libertad vigilada cuando no se haya acreditado la rehabilitación. O cuando exista riesgo para la integridad de la mujer y su vida.
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