La ONU advierte de que la red de protección social en España «está rota»

En el mismo texto, el experto reconoce que la adopción de una fórmula como la del ingreso mínimo vital a nivel nacional «podría ser de gran ayuda», pero considera que debería ser solo la primera de muchas medidas que se tomen con urgencia para paliar el descalabro social.

Cabe recordar que Alston visitó España del 27 de enero al 7 de febrero de 2020 y encontró «niveles aterradores de pobreza y exclusión, políticas gubernamentales que no llegan a las personas que necesitan apoyo y niveles escandalosamente altos de desigualdad». Incluso antes de la pandemia, apunta, el 26,1% de la población en España y el 29,5% de los niños se encontraban en riesgo de pobreza o de exclusión social, una de las tasas más altas en Europa. En este sentido, dice, «más de la mitad experimentaba dificultades para llegar a fin de mes y el 5,4%sufría carencia material severa. La tasa de paro era del 13,78%».

«La pobreza en España está anclada en un sistema de protección social que está roto e insuficientemente financiado, en el que es imposible orientarse y que no llega a las personas que más lo necesitan», afirma Alston en el comunicado que ha hecho público hoy. «La necesidad de reformas en profundidad ha quedado aún en mayor evidencia desde mi visita. El Covid-19 ha arrojado luz sobre las graves deficiencias en las políticas del gobierno central y las comunidades autónomas para combatir la pobreza, con millones de personas que no pueden trabajar sufriendo por retrasos en el pago de prestaciones, problemas técnicos y una asistencia inadecuada».

     

En opinión de Alston, «el gobierno ha reaccionado a la pandemia con una serie de iniciativas positivas para proteger a las personas en situación precaria, incluidas nuevas medidas para proteger empleos y viviendas, extender la protección al colectivo de trabajadoras domésticas y un nuevo ingreso mínimo vital a nivel nacional para apoyar a 850.000 familias vulnerables». Para el experto, estas decisiones «suponen una gran mejora con respecto a la respuesta a la última recesión, con la que se enquistó la pobreza y que llevó a una explosión de desigualdad». Además, la nota de prensa hace hincapié en que desde la visita de Alston, «el Gobierno también ha tomado medidas para investigar la situación de los trabajadores inmigrantes, revertir el fuerte descenso en los ingresos procedentes del Impuesto sobre Sociedades y publicar un índice de precios de alquiler a nivel nacional», resume.

A su juicio, «el ingreso mínimo vital a nivel nacional es un logro ambicioso e impresionante que podría ser de gran ayuda ahora y en el futuro para las personas en situación de pobreza». Y va más allá: «El gobierno debería garantizar que no se vea afectado por los mismos problemas que socavan las prestaciones de muchas comunidades autónomas, que a menudo llegan a muy pocas personas, proporcionan muy poco apoyo, tienen requisitos onerosos y limitan la elegibilidad». No en vano, el sucesor de Alston en el cargo, Olivier De Schutter, ha solicitado a España que amplíe la cobertura y la elegibilidad del nuevo ingreso mínimo vital, reduciendo los trámites burocráticos.

«Pero estas reformas a la red de protección social no lograrán mucho sin una acción significativa para defender los derechos de las personas a la vivienda, a la educación y a un nivel de vida adecuado», continúa Alston. El exrelator considera que España atraviesa «una crisis de vivienda, con costos disparados, la privatización de vivienda pública y extensos desalojos; sin embargo, la vivienda de bajo costo es casi inexistente. Una cuarta parte de los hogares con niños en riesgo de pobreza tienen grandes dificultades para cubrir los gastos de educación, y todavía hay lagunas en el acceso a la sanidad para las personas con bajos ingresos e inmigrantes recientes».

«Algunos grupos se ven particularmente afectados por la pobreza en España. Las mujeres afrontan tasas más altas de pobreza y salen peor paradas en casi todos los indicadores del mercado laboral, mientras que casi un tercio de los niños viven en riesgo de pobreza o de exclusión social. Las comunidades gitanas sufren tasas de pobreza y desigualdad chocantes, así como una grave segregación de facto en el sistema educativo».   

Alston viajó a Madrid, Galicia, el País Vasco, Extremadura, Andalucía y Cataluña, y se reunió con personas afectadas por la pobreza, funcionarios públicos de los ámbitos municipal, autonómico y central, así como con activistas, académicos y representantes de organizaciones de la sociedad civil. También visitó numerosos centros comunitarios y escuelas, oficinas de ONG, un centro para personas con discapacidad, un centro de servicios sociales, un asentamiento informal de trabajadores inmigrantes, un bloque de viviendas privatizadas, un centro para trabajadoras domésticas y varias comunidades gitanas.

«A pesar de las condiciones realmente terribles que observé durante mi visita, las acciones del gobierno en respuesta a la pandemia de coronavirus son alentadoras», explica Alston. «Espero que la coalición gobernante redoble su compromiso en este sentido y cumpla sus ambiciosas promesas, asegurando en España el respeto a los derechos sociales para todos y en todas partes», concluye.