Adrián tiene una orden de alejamiento del lugar donde mató al conductor del VTC

Según ha podido saber este diario, el presunto asesino de Ismail, el conductor de Bolt apuñalado, estaba considerado un vecino conflictivo entre la comunidad del edificio de la calle Burgos, a cuyas puertas se produjo el crimen la madrugada del pasado 22 de junio.

En un caso concreto, Adrián había ido a más y, literalmente, se «obsesionó» con una vecina en particular, que ha estado dos años en tratamiento médico con constantes ataques de ansiedad provocados por el acoso que vivía.

La mujer, que vive prácticamente pared con pared con él ahora detenido, lo denunció hasta en cuatro ocasiones y solicitó al juzgado una orden de alejamiento por el miedo que sentía a cruzarse con él. En marzo, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Fuengirola dictó la medida de protección solicitada por la chica, aunque la estableció con una distancia mínima: tan sólo 10 metros. Tanto la Fiscalía como la acusación particular, ejercida por el despacho Lucena Abogados, en representación de la joven, recurrió la decisión de la magistrada al considerar que esa distancia no garantizaba la protección de la chica.

El asunto acabó en un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, que dio la razón a la Fiscalía y a la afectada y ordenó que, «de manera urgente», se prohibiera al denunciado acercarse a la víctima y a su vivienda, según la documentación a la que ha tenido acceso SUR. A la vista de esta respuesta de la Audiencia, la jueza modificó su auto inicial y estableció una distancia mínima de 300 metros. La resolución fue dictada el 7 de junio y notificada a la representación legal de la joven al día siguiente.

La orden de alejamiento obligaba a Adrián a mudarse, ya que su domicilio está al lado del de la chica. Sin embargo, el hombre siguió viviendo en su piso ajeno a la resolución de la jueza.

Tanto fue así que los abogados de la víctima tuvieron que presentar un escrito el pasado 19 de junio -es decir, el lunes de la semana pasada- requiriendo a la magistrada a que ordenase a las Fuerzas de Seguridad del Estado la aplicación de dicha orden de alejamiento.

En ese documento, que ahora parece premonitorio, los letrados del bufete expusieron que la víctima seguía «expuesta al peligro real que la presencia del denunciado supone», ya que «no está sometido a control médico alguno».

Los abogados de la víctima precisaron que en los últimos días la policía había tenido que acudir en varias ocasiones al edificio a requerimiento de la denunciante y también de otros vecinos por los «altercados, ruidos y molestias» ocasionadas por Adrián.

En esas intervenciones, la joven recordó a los policías la existencia de dicha orden de alejamiento, pero asegura que ellos le respondieron literalmente que no podían hacer nada, siempre según el escrito.

Tres días después de que los abogados presentaran dicho documento, Adrián, que había estado consumiendo alcohol junto a su novia en la vivienda, pidió un vehículo de transporte con conductor (VTC) a través de la aplicación de su móvil.

Bolt envió un primer chófer, que advirtió el estado -al parecer, estaba en pleno brote psicótico- en que se encontraba el cliente y no llegó ni a pararse. El segundo fue Ismail, un migrante marroquí de 44 años al que Adrián mató tras asestarle más de 30 puñaladas.

Ese mismo jueves, el juzgado notificó a los abogados de la joven acosada un informe de la Policía Local en el que los agentes aseguraban haber acudido a la vivienda para notificarle a Adrián la orden de alejamiento que le hubiese impedido estar allí esa noche. No lo encontraron en casa.