Se activa un nuevo protocolo para retirar los vídeos sexuales de las víctimas en cuestión de horas

«No hay impunidad. Hay que minimizar el impacto, evitando en lo posible su viralización y realizar la apertura de diligencias para identificar a los responsables», aseguró Mar España, directora de la AEPD, en un acto que contó con la presencia de Carmen Calvo, vicepresidenta y ministra de Igualdad; Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior; Isabel Celaá, ministra de Educación; Magdalena Valerio, ministra de Trabajo, Migraciones y Formación Profersional; María José Segarra, fiscal general del Estado, y Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española.

La representación institucional ilustra la importancia de este nuevo protocolo de actuación coordinado entre estas instituciones, que incluye un «canal prioritario» para agilizar el procedimiento frente a las otras 14.000 denuncias que recibe cada año la agencia. «Hay delitos que se cometen contra elementos tan sensibles de nuestra identidad que no se pueden restituir», afirmó Calvo. «Sólo prevenir. Si ese vídeo se hubiera podido contener el daño hubiera sido menor, o ninguno». La idea es que se puedan retirar en «horas». El «canal prioritario» está disponible en la web de la AEPD, aunque también se puede hacer en persona.

Una vez que no se ha logrado la retirada del contenido sensible contactando a los proveedores de servicio, y «cuando se trate de situaciones excepcionalmente delicadas», como actos sexuales o violentos, se recurre al «canal prioritario», donde la AEPD se compromete a darle carácter de urgencia. Allí la denunciante sigue los pasos indicados, sobre la difusión del vídeo o de las fotografías. Se le pregunta si es víctima de violencia de género, o menor de edad, o de otro colectivo vulnerable. La agencia hará un análisis y tomará una decisión que le será comunicada a la denunciante. Gracias a la colaboración de empresas como Google, Twitter o Facebook, ese contenido se retirará lo más rápidamente posible. La víctima puede recurrir también al servicio de atención al público de la AEPD, en sus oficinas físicas.

En casos como la de la empleada de Iveco, que se suicidó cuando un vídeo de carácter sexual corrió por el WhatsApp de sus compañeros de la fábrica, será sancionada la empresa, si esa situación ha llegado hasta el departamento de Recursos Humanos, como fue este caso, en que no se adoptó ninguna medida.