«Un accidente como el de Cerredo sería imposible en la minería moderna»

La controversia, lejos de decaer, sigue viva. Sin ir más lejos, esta semana el grupo parlamentario VOX ha registrado una serie de preguntas para llevar el accidente de Cerredo al Congreso de los Diputados. También el pasado martes, la consejera de Transición Ecológica asturiana presentó su dimisión tras el accidente mortal. La duda sobrevuela: ¿Volverán los accidentes de mineros a sucederse si España se entrega a la extracción de minerales críticos tal y como señala Bruselas?

Desde el punto de vista técnico, la mina que se ha cobrado la vida de cinco trabajadores no tiene nada que ver con la actividad industrial que se desarrolla actualmente en España. En primer lugar, explica Ángel Cámara, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas y miembro de la junta directiva del Instituto de la Ingeniería de España (IIE), la explosión en Asturias se debió al grisú, un gas que se forma naturalmente en las minas de carbón. Y la extracción de este mineral es prácticamente inexistente en nuestro país.

De hecho, los mineros fallecidos estaban realizando –oficialmente– una prospección para ver si el terreno tenía algún depósito de grafito. En cualquier caso, recuerda Cámara, el reglamento de seguridad laboral de la minería, con sus varios miles de páginas, es muy estricto e impone instrucciones específicas para cada paso concreto de la actividad. Sobre el grisú, insiste en que existen sistemas de detección y que «todos los mineros tienen que llevarlos, junto a equipos de autorrescate».

De cualquier modo, la minería que se lleva a cabo en España, y que quiere impulsar ahora Europa, es «minería metálica, como la del wolframio, el litio, las tierras raras, etc. En estas no habría explosiones por grisú». Por esto, y por motivos técnicos, «un accidente como el de Cerredo sería imposible en la minería moderna».

En la actualidad, solo hay una docena de grandes minas de estas características en España. Las alrededor de 3.000 explotaciones registradas por el Ministerio de Industria se corresponden, en su mayoría, a canteras de áridos y a varias de extracción de tamaño mediano.

En las grandes, «los procesos están totalmente automatizados», afirma Cámara. Pone como ejemplo la mina de Matsa en Huelva. «Todo el interior de la mina tiene red wifi y la máquina de perforación –a 800 y 1.000 metros en el subsuelo–, es manejada por un operador en superficie, desde una cabina con un ordenador».

«La imagen del pico y la pala – valora el portavoz de los ingenieros– es una imagen del pasado» que ya no se da en España. Ni siquiera se patea el campo para hacer las primeras investigaciones geofísicas. «Se hace con drones», afirma Cámara.

La realidad es que los accidentes laborales en esta actividad existen, como en otras actividades. La Construcción es el sector que lidera esta realidad, con diferencia. «Pero en minería son más mediáticos», lamenta el portavoz del IIE.

Además del humano, el otro impacto que preocupa de la minería moderna es el ecológico. En este sentido, desde el sector se insiste en que «se debe y se puede exigir responsabilidad a las empresas tanto en seguridad como en cuidado medioambiental», así como que las leyes son muy estrictas.

También, recuerdan, obligan a restaurar los espacios explotados. «En Galicia, en Puentes de García, el espacio de una antigua mina de carbón es hoy el lago artificial más grande de Europa. Y en Puerto Llano, también una antigua mina de carbón, es hoy una finca de olivos con una producción de aceite magnífica», destaca Cámara.

Sobre el rechazo social, como otros colegas y los empresarios, que rechazar la extracción de minerales estratégicos es incompatible con el deseo de tener coches, televisores y móviles. «Hay que ser coherentes», concluye.

Pero los distintos sectores implicados, sin olvidarnos de la población, encuentran argumentos a favor y en contra de la expansión de la minería moderna en nuestro país. Los empresarios del sector y los grupos ecologistas se encuentran en posiciones encontradas, en el blanco los primeros y en el negro los segundos, de cara a explotar los grandes recursos geológicos que tiene la Península Ibérica. En medio, los académicos resaltan los grises de un debate que merece ser tratado, dicen, con cautela.

El pasado 25 de marzo la UE anunció una simplificación de la regulación y 22.5 mil millones de euros para 47 proyectos estratégicos de extracción de minerales críticos dentro de la nueva Ley de Materias Primas Críticas. Con seis proyectos mineros seleccionados, España es uno de los países donde más presión se está viviendo.

Preocupa que la selección de proyectos se está realizando a nivel europeo, a puerta cerrada, y con falta de claridad sobre los criterios, ya que muchos de los proyectos seleccionados tienen un largo historial de irregularidades ambientales como el de la mina de cobre de las Cruces en Sevilla, o elevada oposición social como la mina de litio de Cáceres.

Proyectos mineros como estos pueden llevar a deforestación, pérdida de biodiversidad, y contaminación de la tierra y el agua. Esto causa un gran impacto en los modos de vida de poblaciones locales que dependen de la tierra, y en todas aquellas actividades cotidianas que dependen del agua.

La minería también suele generar desigualdades en el reparto de beneficios, generando conflictos dentro de las mismas comunidades. El influjo de empleados externos genera una doble economía que causa la subida de precios de la tierra, falta de acceso a vivienda asequible, dificultad de encontrar mano de obra para otras actividades y una masculinización del entorno. A la pérdida de modo de vida locales se une la pérdida del conocimiento tradicional de estas comunidades, ligado al cambio de la economía y el paisaje.

Los impactos de la minería y sus planes de expansión desmesurados llevan los grupos ecologistas a cuestionar si es necesaria la extracción de tantos materiales para el despliegue de renovables, o todos estos impactos serán sacrificios al servicio de la industria del coche eléctrico y la industria armamentística. Al sentirse sacrificadas, muchas veces las poblaciones locales se organizan para entender y difundir cuál sería el impacto del proyecto minero, y defender su autonomía para decidir a nivel local el futuro de su territorio.

La nueva minería que la Unión Europea quiere impulsar para nutrir a la industria y a la sociedad de minerales y metales «raros», requiere un amplio debate a nivel no solo político, pero sobre todo a nivel social.

Primero, estas nuevas minas deben contar con estudios que cuantifiquen qué cantidad de minerales se pueden sacar.

Suponiendo que haya suficientes reservas para que merezca la pena su extracción, hay que considerar los impactos ambientales. El impacto cero no existe. Cualquier extracción conlleva un coste ambiental. Lo importante es exigir planes que contemplen el impacto a largo plazo. No solo sobre el territorio sino también sobre las personas que lo habitan.

Toda nueva explotación supone la creación de nuevos puestos de trabajo, atrae inversiones y moviliza la economía de una zona. Para que esto se mantenga en el largo plazo son indispensables planes que consideren qué pasa una vez se termina la explotación.

Tenemos en España y en el mundo demasiado ejemplos de zonas mineras que se han visto abocadas al abandono una vez terminada la extracción. Esto no puede volver a suceder.

Por eso son imprescindibles estrategias para la mitigación de los impactos. Hoy día existen suficiente ejemplos y literatura para minimizar los efectos de los diversos tipos de explotaciones mineras, reducir los residuos y para potenciar el uso de tecnologías sostenibles.

Tenemos que asumir que, si la necesidad de algo es apremiante, como en este caso, se va a explotar antes o después.

Las comarcas afectadas deben ser conscientes del correcto balance entre inconvenientes y beneficios. No es un debate baladí ni una decisión sencilla ya que compromete el futuro de varias generaciones.