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j. sanz
Valladolid
Viernes, 29 de junio 2018, 15:39
La mañana discurrió con normalidad en el complejo educativo medioambiental El Trasto, que así se llama esta amplia parcela entre pinos destinada a acoger campamentos infantiles, en el municipio vallisoletano de Hornillos de Eresma, donde los menores que aún se encuentran allí realizaron sus excursiones ... y actividades programadas, mientras a treinta kilómetros, en los juzgados de Medina del Campo, comparecía uno de sus monitores, J. S., de 30 años y natural de dicha localidad, que fue detenido la mañana anterior por la Guardia Civil en calidad de investigado por un delito de abusos sexuales (tocamientos) sobre un grupo de cerca de una veintena de niños de entre 8 y 12 años que estaban a su cargo. El sospechoso, que se negó a prestar declaración tanto ante los agentes –pasó la noche en los calabozos de la Comandancia de la avenida de Soria– como después ante el juez de guardia, fue enviado a prisión, comunicada y sin fianza, a la espera de que avancen las pesquisas con la toma de declaraciones tanto de los menores como del resto de monitores y responsables del campamento.
La investigación la iniciaron «de oficio» los efectivos de la Benemérita fruto de una serie de informaciones (sin denuncias formales), que apuntaban al citado sospechoso como autor de los posibles abusos sobre algunos de los menores, todos ellos varones, pertenecientes a un grupo madrileño que estos días se encuentra en el citado campamento, gestionado por una empresa también madrileña (Campa Ocio y Tiempo Libre), cuyos responsables declinaron ayer hacer declaraciones.
Los agentes identificaron y detuvieron al único sospechoso por estos hechos el miércoles por la mañana, según avanzó Europa Press. Se trata de un joven de 30 años que ha compatibilizado durante los últimos años trabajos esporádicos como camarero y monitor de campamentos, en su mayoría en Medina del Campo, donde reside. El arrestado carecía hasta la fecha de antecedentes policiales y los vecinos le describen como un «chico amable, callado y un tanto tímido».
En la actualidad, según destaca él mismo en su perfil de una red social, trabajaba como monitor para la empresa Campa Ocio y Tiempo Libre, responsable de las amplias instalaciones de la finca La Generala, donde se desarrollan los campamentos El Trasto, que se encuentra al borde de la carretera provincial que conduce a Hornillos de Eresma desde la carretera de Madrid (N-601), a 35 kilómetros de la capital vallisoletana.
Y allí, a un recinto verjado que cuenta con videovigilancia en la entrada, llegó ayer un grupo de campistas en autobús después de realizar una excursión programa con anterioridad. De él se bajaron algunos monitores, compañeros del detenido, que se limitaron a explicar que «solo podemos decir que está a disposición judicial». Desde el interior, en este caso por vía telefónica, otra trabajadora del campamento añadió que habían «realizado gestiones internas para tranquilizar a las familias», que habrían sido informadas sobre la situación, aunque la toma de declaraciones de los menores aún no se ha llevado a cabo para proseguir una investigación que se antoja compleja dada su corta edad (de 8 a 12 años).
La fiscal solicitó la medida de prisión provisional para el acusado, con la oposición de su abogado defensor, como así acordó el juez de guardia a las 15.30 horas de ayer. Así que el sospechoso ingresó esa misma tarde en la cárcel provincial. La investigación pasará el lunes a un segundo juzgado medinense, que fue el que comenzó las indagaciones a instancias de la Guardia Civil, según confirmaron ayer fuentes jurídicas.
La alcaldesa de Hornillos, Coral López, reconoció ayer que desconocía los hechos y se mostró «horrorizada» si, al final, se demuestran.
EFE. La Audiencia de Valladolid ha condenado a dos años y medio de prisión al frutero de origen asiático que fue juzgado por abusar sexualmente de un menor de 9 años en la trastienda de su establecimiento.
El tribunal sentenciador absuelve al procesado del delito de agresión sexual del que había sido acusado por el fiscal, que le pedía 8 años de cárcel, al no considerar acreditado que introdujo un dedo en el ano del pequeño pero acuerda condenarle por abusos al entender que existe prueba de que tocó al niño en sus partes íntimas.
Así, junto a los dos años y medio de cárcel citados, la sala le impone la prohibición de de acercarse al niño a menos de 100 metros durante diez años o a comunicar con él por cualquier procedimiento durante igual periodo de tiempo.
Según el relato del menor, sobre las 13.30 horas del 16 de junio de 2016, el procesado, propietario de un comercio de fruta y chucherías sito frente a su colegio, le sometió a abusos sexuales en la trastienda del local. El investigado negó los hechos y atribuyó la denuncia a una deuda de 100 euros que mantenía con el padre del denunciante, de origen sudamericano, por distintos portes que había efectuado para él.
En contra de su alegato exculpatorio figura una prueba pericial psicológica que da verosimilitud a lo denunciado por el menor, si bien el informe forense no apreció signos en el pequeño que confirmaran que hubiera sido forzado.
Frente a la postura de la acusación pública, que mantuvo invariable su petición de condena al considerar que hubo penetración y en cualquier caso tocamientos, la defensa del procesado pedía la absolución argumentando que la primera denuncia del menor aludía a tocamientos y que sólo cuando fue llamado al juzgado de instrucción relató que el acusado le había introducido un dedo en el ano, algo que no contó ni al médico de urgencias que le atendió ni posteriormente al forense que le examinó.
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